El pasado 4 de julio, Redacción Médica llamaba la atención sobre una delirante propuesta contenida en el programa de Izquierda Unida para las próximas elecciones generales. La idea consiste en que “la formación de medicina y enfermería lleve asociada una una dedicación profesional pública exclusiva y obligatoria en el territorio nacional durante los 15 años siguientes de la finalización del MIR/EIR”. A cambio, se dotaría a quienes realizasen estos estudios de “una beca pública suficiente para sufragar la matrícula, el transporte y la vivienda de las estudiantes durante el proceso de formación”.

Cuesta superar el estupor que produce la propuesta. No es fácil decidir si resulta más impactante por la ignorancia o por el despotismo que a través de ella exhiben sus creadores.

En efecto, una idea tan descabellada revela un profundo desconocimiento del sistema sanitario público. Gestores y políticos recurren obsesivamente al argumento de la “escasez de profesionales” para ocultar su incompetencia. No es más que una excusa. Los problemas de la sanidad pública se concentran en determinados sectores y profesiones. Actualmente, por ejemplo, no escasea la enfermería. Al contrario, en Andalucía las plantillas de estos profesionales son hoy tan amplias que con frecuencia sus jefes no tienen tareas que asignarles. En cuanto a los médicos, la “escasez” se concentra en determinadas especialidades y sectores, particularmente en medicina de familia y pediatría de Atención Primaria. Si faltan médicos, ¿cómo es que el problema afecta a un ámbito tan específico? ¿No será simplemente que los médicos, como cualquier hijo de vecino, rechazan los trabajos precarios?

El mantra de la “escasez de profesionales” es la estrategia a la que recurren gestores y políticos para no hacer frente a los graves problemas estructurales de la sanidad pública que tienen el deber de solucionar. Sin duda añoran los tiempos en que una plétora de médicos en paro les garantizaba que siempre habría un facultativo dispuesto a aceptar las pésimas condiciones de trabajo que le ofrecían.

He aquí el núcleo de la cuestión: para mantener en vigor el viejo modelo de gestión, que permite sostener un sistema low cost a costa de los profesionales, en ausencia de una bolsa de médicos en paro, nada mejor que obligar a estos a trabajar para el sistema. Para que luego digan que nuestros políticos no son brillantes. Aunque, pensándolo bien, la idea podría tener puntos débiles.

Porque ¿a qué médicos retendrían contra su voluntad en elsistema público? ¿a todos los que terminasen, de todas las especialidades, o solo a quienes eligieran las especialidades en apuros? Puede que entonces ningún médico quisiera elegir una especialidad que implica una condena a la precariedad. En tal caso, se podría hacer obligatorio cursar la especialidad en cuestión. Quizás, con el tiempo, habría que obligar a ciertos estudiantes a hacer el grado de Medicina. No hay problema irresoluble para un político con verdadero espíritu de servicio público. Quedarían algunas cuestiones por resolver, como encontrar un sistema de incentivos adecuado para alguien a quien se ofrece un contrato obligatorio a 15 años vista, o cómo evitar la feroz conflictividad laboral que semejante imposición desencadenaría, pero nada arredra a un dirigente movido por el interés general.

La ironía nos permite responder con educación a una propuesta que es un insulto. El despotismo como forma de gestión, del que tantos médicos de la sanidad pública hemos sido víctimas, no es la solución, sino el problema. Necesitamos gestores de calidad, no aficionados que intentan disimular su ignorancia con ocurrencias disparatadas. El actual modelo de gestión de la sanidad pública es incapaz de hacer frente al principal problema que esta afronta, que no es otro que su incapacidad para atraer e incentivar a sus facultativos. Necesitamos cambiarlo, no intentar perpetuarlo por medio de la coacción.

Propuestas grotescas como esta que acabamos de comentar, de dudosísima legalidad e imposible de implantar en la práctica, y a la que nuestra organización se opondría con todos los medios a su alcance, son la mejor prueba de que, en manos de los políticos, la sanidad pública avanza imparable hacia el abismo. 

Comité Ejecutivo SMA-F