La sanidad andaluza se compone de casi 100.000 personas. Según la relación oficial de puestos de trabajo de las cinco agencias que conforman la sanidad paralela de la Junta de Andalucía, en este momento hay 5.053 empleados, desde directivos a celadores, que se suman a los 92.862 trabajadores públicos incluidos en la plantilla del SAS.

Las manifestaciones celebradas en las calles de varias provincias andaluzas, espoleadas por el efecto Spiriman, hacen evidente que existe una crisis en la sanidad, ahora agravada por la publicación de estas cifras de trabajadores que están engrosando esa parte de la administración paralela gestionada por la Junta de Andalucía para eludir los controles habituales.

La «sanidad paralela», cuantificada en un informe de El Demócrata Liberal, está compuesta por cinco agencias públicas empresariales cuyo personal no pertenece al Servicio Andaluz de Salud ni se rige por sus normas de Derecho público sino por el Derecho privado. De hecho, cuentan con convenios colectivos propios al margen de la regulación que afecta al personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Desde hace años, la Junta ha puesto en marcha un nuevo modelo de sanidad para Andalucía que se fundamenta en una red de agencias públicas empresariales y empresas públicas para gestionar determinados servicios sanitarios, incluyendo a algunos hospitales.

Fueron creadas entre los años 1993 y 2006. La primera de ellas, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) fue creada para prestar asistencia a las emergencias sanitarias en toda la Comunidad Autónoma; las otras cuatro asumen la gestión de 17 hospitales públicos y prestan servicios de atención especializada a una población de 1.287.938 habitantes, casi un 20 por ciento de la población andaluza. Son hospitales de especialidades (1), comarcales (3) y de alta resolución (13).

El modelo de las «agencias públicas empresariales sanitarias» acentúan la presencia de la Junta en su capital o fondo social pero el ordenamiento jurídico al que se someten le permite a aquélla una gestión más «libre» sin la asfixia de los controles públicos. De hecho, tienen capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales. Tienen personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propia, así como autonomía de gestión.

La Junta asume la financiación de las Agencias Sanitarias a las que encarga la función de proveedores públicos de servicios sanitarios, señalando en el Contrato Programa qué servicios han de prestar, a quien, cuando y en qué condiciones, realizando estas actividades en régimen de descentralización funcional.

Manuel Chaves, en su investidura presidencial del año 2000, prometía en el Parlamento de Andalucía habitaciones individuales a los andaluces, unas habitaciones que aún se esperan. En noviembre de ese año, el Parlamento de Andalucía aprobaba el compromiso de que ningún andaluz estaría a menos de media hora de un hospital. Se daba paso así a los Hospitales de Alta Resolución incluidos en el Libro Blanco de Atención Especializada, (2004) elaborado por la Consejería de Salud por mandato del Parlamento andaluz.

Se trataba de una reordenación de la atención prestada en los hospitales clásicos. La Junta llegó a prometer la construcción de 26 centros de esta índole. En junio de 2005 fue inaugurado el primero. Ahora funcionan 13 de ellos. El Toyo en Almería; Puente Genil y Valle del Guadiato en Córdoba; Alcaudete, Sierra del Segura y Alcalá la Real en Jaén; Utrera, Sierra Norte, Écija y Morón en Sevilla; Guadix y Loja en Granada; y por último Benalmádena en Málaga. El de Lebrija y el del Valle del Guadalhorce están abriendo escalonadamente, y aún están pendientes los CHARE de La Janda en Cádiz, Lepe y Cazorla.

La Junta de Andalucía terminó en diciembre de 2015 las obras del Centro Hospitalario de Alta Resolución en Lepe (Huelva) con una inversión de 21 millones de euros, una inversión que no incluye el agua, la luz y los accesos, porque la urbanización de la zona ni siquiera ha comenzado. Algo parecido viene ocurriendo con el de La Janda, situado en Vejer que llevó a que su alcalde, del PP, se encerrara en 2014 en el hospital reclamando su apertura.

Los ocho CHARES restantes que estaban planificados no existen. Son el caso de La Carolina (Jaén), Mijas y Estepona (Málaga), Órgiva (Granada), Palma del Río (Córdoba), Bollullos Par del Condado y Aracena (Huelva), donde sí se comenzaron las obras, y Roquetas de Mar (Almería) donde el Consistorio se ofreció a construir e incluso asignó el suelo con el objetivo de tener un centro de referencia que prestara servicios a 100.000 habitantes de Roquetas de Mar, Vícar, La Mojonera, Énix y Félix. Tampoco se ha abordado la ampliación del Hospital de La Inmaculada en Huércal-Overa para el que se anunciara una inversión de 5,2 millones de euros.

Consulte los catálogos de los puestos de trabajo de la «sanidad paralela»

Agencia Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

Fuente: Libertad Digital