Sin embargo, las mismas, como se apuntaba ya en ese artículo previo, sólo han sido posibles en un contexto en el que los servicios sanitarios, confiados a su gestión por la Junta de Andalucía desde 1984, constituyen una de las principales fuentes de ingresos y gastos de esa Comunidad Autónoma, y por serlo, han convertido a aquéllos en un instrumento no independiente al servicio de otras políticas, cuyo desarrollo preferente puede en ocasiones entrar en contradicción con la mejora y la eficiencia en la prestación del servicio público.

La ausencia o escasez de otros desarrollos industriales potenciales, y el hecho de que el Servicio Andaluz de Salud sea en la realidad el mayor empleador de aquel territorio, sin competencia posible desde el ámbito privado, han servido de base para que los desarrollos en este sector ocupasen un lugar preferente, orientándose en una doble dirección.

La innovación sanitaria y la construcción de la “marca Andalucía”

Colocar a Andalucía en un lugar destacado en el desarrollo de cualquier innovación que pueda suponer mejorar la organización, el funcionamiento y la cobertura de la sanidad española parece haber sido la prioridad de algunas decisiones del gobierno andaluz. Se trata de desarrollar medidas o normas propias cuando éstas no se hayan desarrollado a nivel estatal, sin instar ni esperar a que lo haga el Gobierno central, a la vez que se atienden a modas, o a los intereses de determinados grupos con capacidad de presencia pública y presión en los medios de comunicación.

Estas políticas se han aplicado a terrenos tan diferentes como:

• La creación de empresas públicas para la constitución de nuevos centros (el Hospital de la Costa del Sol) y servicios (la Empresa de Emergencias Sanitarias de Andalucía) que, a la vez que evitaban la privatización de la gestión que caracterizaba otras iniciativas autonómicas, constituía un modelo de imposible generalización a los centros del SAS, dificultando la homogeneidad de su gestión y su control;

• La ampliación del catálogo de prestaciones (con la inclusión, entre otras, de la cirugía de cambio de sexo, o la realización con fondos públicos de determinadas actuaciones en el campo de la reproducción asistida);

• La modificación de los mecanismos de compra (mediante subastas) de los medicamentos de uso ambulatorio, a la vez que la comunidad autónoma se marginaba de las iniciativas para la creación de una central de compras del conjunto del SNS;

• Determinadas políticas de personal (como la generalización de los nombramientos mediante libre designación para cualquier cargo médico de responsabilidad, o la regulación de la prescripción enfermera).

Los resultados de estas políticas han ofrecido resultados contradictorios en muchos casos y, con frecuencia, un aumento y un peor control del gasto sanitario de una región que se mantiene desde hace años en los niveles de deuda más elevados.

El desarrollo de proyectos empresariales innovadores

Las posibilidades de desarrollo de terapias basadas en el uso de células madre dio lugar hace más de diez años a la creación en Sevilla con financiación pública del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), hacia el que se ha tratado de atraer a investigadores con actividad en ese campo, incluido el exministro Bernat Soria, cuyos resultados anunciados en el tratamiento de la diabetes con células madre pancreáticas están aún por conocer.

La iniciativa más importante desde el punto de vista económico ha sido, sin embargo, la constitución del Parque Tecnológico de la Salud en Granada (un concepto de contenidos poco precisos y sin comparación en ningún otro lugar del mundo), como “espacio de excelencia docente, asistencial, investigadora y empresarial, especializado sectorialmente en Ciencias de la Vida y la Salud”.

Su desarrollo ha supuesto hasta ahora:

• La instalación allí de la sede de un laboratorio farmacéutico español de segundo nivel (ROVI) que, además, ha incumplido los compromisos adquiridos para instalarse, consistentes en la creación de un centro de producción de vacunas, a cuyo desarrollo renunció en 2013 de manera expresa;

• La instalación, discutible en la oportunidad de su emplazamiento allí, de uno de los trece robots quirúrgicos DaVinci instalados inicialmente en España en 2010, en un Centro Multifuncional Avanzado;

• Sobre todo, la construcción de un centro calificado como Distrito Sanitario de Atención Primaria de Granada, y la de un hospital de 700 camas, al que debían trasladarse precisamente algunas de las unidades derivad4as del proceso de fusión de hospitales ahora frustrado.

La ausencia de políticas sanitarias definidas desde los partidos nacionales, así como las dificultades aparentes para, pese a todo, generar alternativas políticas creíbles para el gobierno andaluz, permiten pensar que los problemas estructurales y de enfoque que arrastra la sanidad andaluza son graves y con pocas perspectivas de solución desde la propia autonomía.

Y que las medidas adoptadas para dar una solución inmediata al conflicto en Granada sólo constituyen un cortocircuito para evitar el daño a Susana Díaz, que aspira a alcanzar la Secretaría General del PSOE, un producto típico del aparato del partido andaluz. Lo que, por otra parte, sólo añade inquietud sobre los efectos, incluidos los costes añadidos, que puedan tener los acuerdos y medidas supuestamente correctoras que se adopten ahora.