En 2016 se ha producido un triste récord: el año pasado, los colegios contabilizaron 495 agresiones a facultativos. Según datos del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), es la cifra más alta de agresiones contabilizadas hasta la fecha, superando incluso a 2011, cuando se notificaron 493 ataques. Además, supone un incremento de un 37,12 por ciento respecto a 2015, cuando 361 agresiones.

El incremento ha sido tal que incluso se ve reflejado en la incidencia de los ataques entre el total de colegiados, que ha crecido de un 1,5 de médicos agredidos por cada 1.000 colegiados a 2,02. Este año, además, hay una diferencia notable entre hombre y mujeres: ellas han sido las víctimas en el 58,38 por ciento de los casos, frente a un 41,62 por ciento donde los ataques han sido a hombres.

Los representantes de la OMC han recalcado que probablemente el repunte se debe a que hay una mayor concienciación social de denunciar estos sucesos, que, según ha recordado su presidente, Serafín Romero, sobre todo suponen una alteración «de la relación médico-paciente, basada en la confianza». 

Además, estos casos serían sólo la punta del iceberg, puesto que «a los colegios llegan las agresiones de alta intensidad», según el secretario general, Juan Manuel Garrote, que ha añadido que un 68 por ciento de los agredidos interpuso denuncia judicial.

Según el tipo de agresión, el 45,7 por ciento fueron insultos; el 40,9 por ciento, amenazas, y un 13,4 por ciento de las agresiones comportaron lesiones físicas (41,2 por ciento) o psíquicas (58,8 por ciento). En un 42,8 por ciento de los casos, el ataque se produjo por discrepancias con la atención médica; en un 15 por ciento de los casos por el tiempo de espera en ser atendidos y en un 11,1 por ciento, por no recetar lo propuesto por el paciente.

José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio, ha recordado además que un 13 por ciento de las agresiones se han producido en el ámbito privado, «datos que la Administración no contabiliza», y ha vuelto a recordar que, para la OMC, supone un agravio comparativo que el Código Penal, reformado en 2015, sólo contemple como autoridad pública al médico del SNS.

Más incidencia en Urgencias

Más de la mitad de las agresiones, el 55,2 por ciento, han sido en los centros de salud, en atención primaria. No obstante, Garrote ha recalcado que, teniendo en cuenta el número de consultas (241 millones, según datos del Ministerio de Sanidad), la incidencia sería de 0,98 agresiones por millón de consulta. En cambio, en Urgencias de atención primaria, donde se han dado el 18,6 por ciento de los ataques, donde se dieron 26,5 millones de consultas, este índice sube a 2,79 casos por consulta.

Romero ha relacionado estos datos con la presión asistencial y además con la precariedad laboral, que según la OMC perjudica a la continuidad de la atención: «Tenemos que concienciar a la población y evitar que Urgencias sea la puerta de entrada del sistema. La puerta debe ser atención primaria».

En la rueda de prensa han estado presentes dos médicos agredidos. Francisco Dévesa, residente del Hospital General de Valencia, recibió una paliza fuera del centro por parte de un paciente al que había atendido en Urgencias días antes.

En su testimonio, explicó que se sintió desamparado cuando dio parte a su servicio y sus superiores le dijeron que este incidente «debía hacerme reflexionar sobre mi inteligencia emocional y cómo podría haber evitado la agresión». En ese sentido, aunque cada vez el apoyo de los centros a los agredidos va en aumento, aún en el 55 por ciento de los casos los agredidos señalan que no se les ha ayudado.

Otro facultativo que fue víctima de una agresión, Abel Saldarreaga, médico rural en Cádiz, relató cómo en Urgencias un paciente joven le propinó varios golpes y patadas, un ataque que le hizo replantearse dejar la Medicina. No obstante, poco antes del juicio, llegó a un acuerdo con el agresor, que tenía antecedentes penales, para que éste no fuera a la cárcel, por lo que el suceso se saldó con una multa y una orden de alejamiento. 

Durante 2016, un 5 por ciento de las 74 sentencias recopiladas por los colegios sobre estos casos se cerraron con un acuerdo; la mayoría (el 74 por ciento) se saldaron con la condena del agresor. Casi en un 45 por ciento de los casos la pena fue una multa y en un 25,2 por ciento, la privación de derechos e inhabilitación.

José Javier Castrodeza, secretario general del Ministerio de Sanidad, ha recordado que desde 2007 las comunidades autónomas contemplan diferentes medidas en sus planes de prevención y se ha comprometido públicamente a que en próximas convocatorias de la Comisión de Recursos Humanos del SNS se revisarán las conclusiones del grupo de trabajo de este tema que se creó en 2012, «para ver en qué situación estamos, lo que hemos hecho y lo que tenemos pendiente». 

Por otra parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido se ha comprometido hoy con la OMC a presentar un protocolo de actuación común para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con medidas específicas, ante las agresiones a los profesionales sanitarios. 

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Fuente: Diario Médico