El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos por los que se solicita al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad contra sendas normas de la Junta de Andalucía, una de las cuales afecta a la regulación de las 35 horas semanales para los empleados públicos de la comunidad autónoma, entre ellos los sanitarios.

Se trata, pues, de un recurso contra el Decreto Ley del Gobierno de esta comunidad autónoma que regula el trabajo de sus empleados públicos en 35 horas semanales, y otro, contra la Ley del Presupuesto autonómico para 2017 que habilita, en aplicación de la medida, la contratación de personal para reforzar la plantilla cuando sea necesario.

Respecto a las 35 horas, aunque el Ejecutivo regional defiende su competencia para regular la jornada de su personal, la Administración central estima que el Decreto Ley 5/2016 de la Junta contraviene la disposición adicional septuagésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que estableció la jornada del personal al servicio de las Administraciones Públicas en 37,5 horas, y el artículo 3 del Real Decreto Ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

El Gobierno nacional considera, asimismo, que el Decreto Ley no es el instrumento adecuado para adoptar la regulación propuesta al existir una legislación estatal en la materia. Además, los cambios, sin que exista extraordinaria y urgente necesidad para introducirlos, solo podrían producirse con una modificación de la normativa estatal, cuya constitucionalidad ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional. El recurso, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, se produce al no alcanzarse un acuerdo en las negociaciones llevadas a cabo con la Junta de Andalucía.

El segundo recurso se presenta contra la parte de los artículos 13 y 36 de la Ley 10/2016 del Presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para 2017, que habilita la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y funcionario interino, cuando sea necesario, para reforzar la plantilla por la aplicación de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales.

El Gobierno estatal añade que, si considera inconstitucional la medida para implantar la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, también estima inconstitucional la habilitación presupuestaria para hacerla efectiva en la Ley de Presupuestos de Andalucía, vulnerando las competencias estatales, como afirma el Consejo de Estado en su dictamen favorable al recurso.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la jornada de 35 horas en el sector público, al calificarla como “un hachazo” contra los derechos laborales y contra la creación de empleo. Díaz se pronunció así después de conocer que el Ejecutivo central recurrirá ante el Constitucional esta decisión del Gobierno andaluz.

Fuente: Acta Sanitaria