Los sindicatos andaluces están a la espera de una reunión con el Gobierno autonómico para saber a qué atenerse después de que el Consejo de Ministros acordara presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma de la jornada de 35 horas semanales y contra una disposición de los presupuestos de Andalucía que permitía nuevas contrataciones como refuerzo.

Andalucía reimplantó a mediados de enero la jornada laboral de 35 horas de sus empleados públicos, alegando que estaba entre sus competencias reconocidas en su Estatuto de Autonomía. No obstante, la semana pasada el Gobierno anunció que esta norma contravenía la de los Presupuestos Generales del Estado de 2013, que estipulaba que la jornada de todos los trabajadores del sector público se ampliaba a las 37 horas y media como medida de contención del gasto.

Esta disposición, hasta la fecha de hoy, sigue vigente y es de obligado cumplimiento, según dictó el Tribunal Constitucional al suspender la normativa de Castilla-La Mancha que recuperó la antigua jornada laboral.

Para las centrales del sector sanitario la medida supone una decepción, pero no se sabe con exactitud las consecuencias que tendría para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ni para las empresas sanitarias públicas.

Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), apunta que «sí se habían hecho algunas contrataciones, pero creo que nuestro colectivo era el menos afectado. Hay que tener en cuenta que muchos de los eventuales eran contratados al 75 por ciento, y que recientemente pasaron al cien por cien, por lo que las cifras de médicos no han variado mucho en nuestra comunidad«.

Carrasco apunta que la medida sí puede tener consecuencias más patentes en lo retributivo, puesto que «con la aplicación de las 37 horas y media, sobre todo lo que pasaba es que se descontaban horas de guardia«. De ahí que este sindicato, insista en que el mal menor sería alargar la jornada ordinaria media hora más al día, si bien en su momento la Junta se negó a aplicarlo de este modo».

El Gobierno central ya habla abiertamente de implantar la jornada de 35 horas semanalespara los trabajadores públicos, si bien es una medida que estudiará «sector a sector«, según ha explicado Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, tras la reunión del comité de seguimiento de la Conferencia de Presidentes. 

El anuncio se ha hecho días después de que el Consejo de Ministros acordara recurrir ante el Tribunal Constitucional de la norma que recuperó la jornada de 35 horas en Andalucía, lo que implicará pronto su suspensión cautelar hasta que se resuelva el caso.

La propuesta del Gobierno es medida demandada desde hace años por los sindicatos que se va a negociar de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018. De esta forma, revertiría la implantación de la jornada de 37 horas y media que se impuso en los PGE de 2012 y frente a la que varias comunidades, como Castilla-La Mancha, País Vasco, Extremadura y Andalucía, se han manifestado en contra.

Todas las citadas, excepto Extremadura, han aprobado sendas normas para volver a las 35 horas, alegando que la regulación de sus propios trabajadores público está dentro de sus competencias.

Esto les ha valido un contencioso con el Estado, dado que al ser una medida incluida en los PGE, se trata de obligado cumplimiento en todas las autonomías, según el Gobierno central. Y, hasta la fecha, los tribunales siempre han dado la razón al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy.

Fuente: Diario Médico