El Gobierno de Mariano Rajoy cuenta con cinco días hábiles para decidir si levanta o no la suspensión cautelar sobre el decreto de la jornada laboral de 35 horas de los empleados públicos andaluces después de que el Tribunal Constitucional (TC) recibiese ayer las alegaciones de la Junta de Andalucía. El Alto Tribunal remitió ayer al gabinete jurídico del Ejecutivo autonómico, según adelantó la Cadena SER, la comunicación de que ha dado traslado al Gobierno central de la decisión. «Es la hora de la verdad. Tiene cinco días para ponerse de lado de los empleados públicos o seguir negando la recuperación de derechos por la situación de crisis y que la recuperación económica llegue a los empleados públicos», apuntó ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.

El TC admitió a finales del pasado mes de junio el recurso del Gobierno contra el decreto andaluz que devolvía la jornada laboral de 35 horas semanales (frente a las 37,5 horas anteriores) a los más de 270.000 trabajadores públicos de la administración autonómica, en vigor desde el pasado mes de enero, y decretó la suspensión cautelar de esta medida. El recurso iba acompañado de otro contra la Ley de Presupuestos que habilitaba a la contratación de personal para paliar la rebaja de la jornada. Unos 7.000 puestos de trabajo se han creado desde que entró en vigor la medida en enero.

El Gobierno andaluz reclamó ayer mismo al Ejecutivo central, antes de que se conociera el plazo planteado por el TC, abandonar la «inacción» en la que está instalado y arreglar ya el «desaguisado» que ha montado en este asunto. A pesar del recurso y la suspensión cautelar, la Junta de Andalucía ha seguido adelante con la jornada de las 35 horas, sin aclarar aún si desobedecería las medidas impuestas por el Constitucional.

Sin ir más lejos, la Consejería de Hacienda y Administración elabora los Presupuestos de Andalucía para 2018 contando con el coste de la aplicación de la jornada de 35 horas en los funcionarios andaluces. La consejera aseguró, rotunda, el día del anunció del acuerdo con Ciudadanos para la aprobación de las cuentas andaluzas que no se produciría despido alguno de las 7.000 personas contratadas a raíz del decreto, «no vamos a dar ni un paso atrás», avisó. El portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, reiteró ayer que el Presupuesto para 2018 contempla «las partidas necesarias, como en este año también, para que la plantilla de funcionarios siga organizándose en función de las 35 horas».

Desde el minuto siguiente a que se confirmara la suspensión cautelar del decreto, la Junta de Andalucía presionó al PP-A para que exigiera al Gobierno de Rajoy la retirada de la suspensión cautelar. «Yo, presidente del PP de Andalucía soy partidario de que no se suspenda de manera inmediata las 35 horas», dijo el líder de los populares Juan Manuel Moreno Bonilla, que reconoció que era partidario de aplicar las 35 horas en algunos sectores. La consejera de Hacienda recordó ayer a Moreno Bonilla «su compromiso» ante los sindicatos y la opinión pública a que cuando la Junta presentara las alegaciones, el Gobierno iba a levantar la suspensión cautelar; «ahora veremos cual es su capacidad de influencia».

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también se mostró dispuesto a estudiar la implantación de la jornada de 35 horas en el sector público en 2018 en algunos sectores. La posibilidad de que los presupuestos se prorroguen ante la situación en Cataluña deja en suspenso esta iniciativa.