En el primer semestre de 2023 se han producido 863 agresiones a trabajadores del SAS. Si extrapolamos esta cifra al conjunto del año, este acabará con más de 1700 agresiones, un 13% más que en 2022.

En 2019 se produjeron 1507 agresiones a trabajadores del SAS. La cifra descendió en 2020 (1042) y 2021 (1208) como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, 2022 volvió a registrar una cifra similar a 2019 (1494) y, si la tendencia actual se mantiene, 2023 acabará con más de 1700. En torno al 18-20% de estas agresiones son físicas.

Las agresiones se producen con más frecuencia en Atención Primaria, y afectan principalmente a mujeres y personal sanitario, en especial médicos/as y enfermeros/as. Sus principales causas son los desacuerdos con las normas de funcionamiento del centro o con las decisiones de los profesionales. En muchos casos se deben a la demora en la obtención de citas o en recibir asistencia. La falta de recursos constituye un caldo de cultivo propicio para esta conducta inaceptable.

Entre las causas de este problema se encuentra el uso propagandístico de la sanidad pública, que se supone preparada para cubrir todas las expectativas de la población sin restricciones. La falta de correspondencia entre este retrato idílico y la realidad provoca la frustración de los usuarios, con la que deben lidiar unos profesionales agotados y mal retribuidos. 

Los profesionales sanitarios llevamos tiempo siendo tratados como meros instrumentos al servicio de los intereses electorales de nuestros políticos. ¿Imagina alguien una agresión a un juez por el aplazamiento de un juicio? ¿Alguien puede concebir que se agreda a un funcionario de Hacienda por desacuerdos con su respuesta a una consulta? Por supuesto que no. Pero entonces ¿por qué se ha normalizado que cada año 250 médicos/as o enfermeros/as sean agredidos físicamente? ¿Acaso merecemos menos respeto que otros empleados públicos?

El Plan contra las agresiones que el SAS puso en marcha en 2020 no está funcionando. Ante su fracaso, la Junta ha constituido el denominado Observatorio de Agresiones a profesionales del SSPA, una medida puramente cosmética que solo busca ocultar la inacción del SAS ante este grave problema.

Faltan medidas efectivas de protección del profesional. No hay controles adecuados en el acceso a los centros. Falta personal de seguridad y vías de huida en caso de agresión. Existen casos de pacientes o familiares que han accedido a los centros portando armas blancas. No hay mecanismos adecuados de protección tras la agresión, hasta el punto de que en muchos casos el mismo médico/a debe seguir atendiendo a su agresor. Faltan sanciones administrativas y judiciales disuasorias. Sorprende la debilidad del reproche penal que merece golpear o amenazar a un médico. Las sentencias condenatorias con frecuencia no se producen o imponen sanciones irrisorias, lo que desincentiva las denuncias por parte de los agredidos.

El Sindicato Médico Andaluz no cejará en su compromiso de conseguir las reformas organizativas, administrativas y jurídicas necesarias para acabar con esta vergüenza, a la que por desgracias nuestros gestores resultan insensibles.

Comité Ejecutivo del SMA