La información transmitida a la población por la ministra Mónica García sobre la reforma del Estatuto Marco pone el énfasis en la compatibilidad del ejercicio de la medicina en los ámbitos público y privado. Así, la ministra acusa a los profesionales de obtener “beneficios obscenos” en la sanidad privada, valiéndose del prestigio que proporciona ser jefe de servicio en la sanidad pública; y propone exigir la exclusividad en el sector público a directivos, gerentes y jefes de servicios médicos. 

Pero el Ministerio también plantea extender esta exigencia a los médicos/as que acaban de terminar la especialidad, que estarían obligados a trabajar en régimen de exclusividad para la sanidad pública en sus primeros cinco años de vinculación con el Sistema Nacional de Salud (SNS), y a los médicos/as que soliciten reducciones de jornada para cuidado de hijos o de mayores. A estos profesionales, mujeres en su mayoría, se les exigirá que renuncien a su actividad privada para ejercer su derecho a la conciliación de la vida personal y profesional. Y luego hablan de igualdad y de derechos laborales.

El énfasis que la ministra pone en el ejercicio mixto, público y privado de la medicina responde a un prejuicio de carácter ideológico y distorsiona la realidad, quizás con la intención de desacreditar las demandas de un colectivo médico obsesionado por obtener “beneficios obscenos”. Porque lo cierto es que la inmensa mayoría de los médicos españoles ejercen en exclusiva en la sanidad pública. Los médicos con exclusividad pública representan prácticamente el 100% de las plantillas en la mayor parte de España y son excepcionales aquellas provincias en las que este porcentaje baja del 70%. 

Por otra parte, los que compatibilizan la actividad pública con la privada están sometidos exactamente a las mismas condiciones y exigencias que los que tienen exclusividad. El prestigio de cada uno de ellos se debe exclusivamente a sus méritos, pues, por desgracia, la época en que ejercer en la sanidad pública confería un plus de reputación profesional ha pasado a la historia, fenómeno al que no son ajenos responsables políticos del perfil de nuestra actual ministra.

Sugerir que la sanidad pública no funciona porque los médicos trabajan en la privada sólo busca culpar a los médicos de una crisis cuyos únicos responsables son los pésimos gestores que nuestro SNS lleva décadas padeciendo. Incapaces de abordar una reforma de la sanidad pública que incentive y atraiga a los médicos, optan por coaccionarlos y restringir sus derechos. Pero impedir que los médicos busquen en el sector privado paliar los sueldos escuetos o la falta de desarrollo profesional que encuentran en el público no solucionará ningún problema. De hecho, lo más probable es que aliente la fuga de médicos del SNS.

En cualquier caso, las razones por las que el colectivo médico se siente atacado por la reforma del Estatuto Marco que propone la ministra van más allá de este asunto en el que ella, de forma aparentemente interesada, ha puesto el énfasis.

La ministra anunció su intención de acabar con las guardias médicas de 24 horas. Sin embargo, su propuesta de hecho no toca la duración ni el horario de las guardias, que siguen siendo de 17 horas (desde las 15:00 a las 8:00 del día siguiente). La propuesta del Ministerio se limita a suprimir la jornada ordinaria de la mañana de la guardia, pero obligando al profesional a devolver esas horas otro día, probablemente en horario de tarde doblando turno. Por si esto fuera poco, la reforma propuesta elimina el cómputo del saliente de guardia como tiempo trabajado, lo que no sólo cercena un derecho de los facultativos reconocido en todo el SNS y avalado por sentencias judiciales, sino que se traducirá en un notable incremento de los turnos extra con cargo a la jornada ordinaria. Es decir, el tan cacareado anuncio del fin de las guardias de 24 horas ha quedado reducido a un retoque puramente cosmético que no alivia la presión de las guardias y que, sin embargo, conlleva de hecho un sustancial incremento de la jornada ordinaria.

Esta reforma del Estatuto Marco contiene asimismo una equiparación de todos los graduados sanitarios. El nuevo texto elimina la antigua distinción entre licenciados y graduados sanitarios y nos clasifica en un solo grupo con distintos niveles basados en el denominado “Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente” (MECU). Sorprendentemente, también se elimina cualquier referencia a las funciones propias de cada profesión, en un intento manifiesto de borrar del Estatuto Marco cualquier referencia a las particulares funciones de liderazgo, coordinación y gestión que el colectivo médico está llamado a desempeñar en el SNS. El siguiente paso, sin duda, será colocarnos bajo la dirección de otros profesionales, un proyecto que lleva años fraguándose en ciertos ámbitos ideológicos de la gestión sanitaria.

El borrador del Estatuto Marco solo contiene referencias específicas al colectivo médico. Por desgracia, lejos de otorgarnos un trato de favor, las excepciones de las que somos objeto solo buscan aplicarnos restricciones específicas y limitar nuestros derechos. Así, por ejemplo, el Estatuto Marco contempla la posibilidad de realizar horas extraordinarias, pero enfatiza que “la jornada de guardia no tendrá en ningún caso la condición ni el tratamiento establecido para las horas extraordinarias”. Y no es menos llamativo que la obligación de trabajar en exclusiva para la sanidad pública tras terminar la especialidad solo se aplique al colectivo médico, y no al resto de los especialistas sanitarios.

Una relación de todos los elementos de este borrador que representan un ataque a la profesión médica sería interminable. No obstante, los que aquí hemos destacado ilustran el papel que este Ministerio reserva para los médicos en el futuro de la sanidad pública. 

A la vista de este ataque injustificado hacemos un triple llamamiento: al Ministerio, para que retire este borrador de forma inmediata; al colectivo médico, para que se movilice con la firmeza que exige un ataque tan injustificado y frontal a nuestra profesión; y a la población, para que no consienta que los prejuicios y el sectarismo sigan destruyendo nuestra sanidad pública.