Una vez que la pandemia por el SARS-CoV-2 parece controlada, debemos evitar caer en un exceso de confianza. En los próximos meses el sistema sanitario, y el colectivo de los facultativos en especial, habrá de hacer frente a diversos problemas y amenazas, para los que debemos empezar a prepararnos cuanto antes.

Ante todo, debemos estar preparados para un posible repunte de la pandemia. La Administración sanitaria debe evitar los errores del primer brote, haciendo acopio de test y equipos de protección suficientes. Este es el momento de acometer los cambios estructurales y organizativos que, por comprensibles razones de urgencia, solo pudieron ser improvisados durante la crisis. Debemos analizar con detenimiento, ahora que hay tiempo y contamos con la experiencia de estos dos meses, el importante papel que la teleasistencia puede ocupar en la atención sanitaria a la población; también resolver los problemas de abastecimiento y lavado de pijamas, batas y uniformes de trabajo, o los relacionados con la comida del personal de guardia. Ante una nueva crisis debemos estar en condiciones de garantizar unas condiciones dignas de trabajo; no podemos volver a caer en la improvisación.

La amenaza de posibles rebrotes de la infección pone en primer plano el problema del déficit de financiación de nuestro sistema sanitario, especialmente acusado en Atención Primaria. La tasa de médicos por 100.000 habitantes en Andalucía es muy inferior a la de otras comunidades autónomas. Esta escasez, dramática en el caso de los médicos de familia, está en gran medida relacionada con los bajos salarios y malas condiciones de trabajo que se ofrecen en nuestra comunidad. La crisis del coronavirus ha interrumpido las negociaciones de la mesa sectorial dirigidas a mejorar las condiciones laborales y retributivas de los médicos, pero ni nuestro sistema sanitario público ni nuestro colectivo puede esperar indefinidamente la solución a estos problemas, sobre todo porque sin una financiación suficiente resultará imposible afrontar en condiciones adecuadas las consecuencias de la pandemia y los probables rebrotes.

La Atención Primaria debe ocupar un lugar principal en ambos casos, pero para ello necesitamos, ante todo, médicos suficientes. Nunca dispondremos de ellos si no acabamos de una vez con la discriminación salarial crónica (al no incluir el concepto de continuidad asistencial en las guardias) que sufren en Andalucía los facultativos de Atención Primaria con respecto a los de hospital. También se necesitan recursos para acabar con la burocratización del sistema, la sobrecarga de las consultas y el control economicista de la atención clínica, problemas que han lastrado este sector sanitario los últimos años.

También en el ámbito de la Medicina de Familia, los Servicios de Urgencias hospitalarios padecen un déficit estructural que este verano adquirirá proporciones críticas, agravado por el retraso en la incorporación de la próxima promoción de residentes. Este año resulta más necesario que nunca un plan de vacaciones realista, elaborado con tiempo suficiente y adecuadamente financiado. La Dirección General de Personal debe implicarse en la resolución del problema que puede crear en nuestros centros la ausencia, durante meses, de toda una promoción de residentes. Los centros deben recibir instrucciones claras y todos los colectivos afectados deben participar en una negociación dirigida a evitar la desasistencia de la población, pero también el surgimiento de conflictos laborales potencialmente muy graves.

En el ámbito quirúrgico, el descenso de la actividad programada como consecuencia de la pandemia ha agravado el problema de las listas de espera hasta límites difíciles de gestionar. El Sindicato Médico Andaluz lleva años denunciando las carencias estructurales que explican la demora quirúrgica. Los planes de choque o la derivación a centros privados no son la solución a un problema que pone de manifiesto, como los anteriores, la infrafinanciación de nuestro sistema sanitario. Es preciso ajustar las carteras de servicio a la financiación del sistema, renunciar a maquillar u ocultar las listas de espera y retribuir adecuadamente el trabajo necesario fuera de la jornada ordinaria. Esta situación es similar a la que existe en servicios como Radiología, al que podemos aplicar idénticos argumentos. En todos ellos, la Administración debe renunciar definitivamente a la tentación de compensar la infrafinanciación del sistema con medidas que empeoren las condiciones laborales y retributivas de los profesionales.

En un reciente informe, la Unión Europea ha manifestado que «la pandemia ha revelado problemas estructurales existentes [en el sistema sanitario español], algunos de ellos derivados de la falta de inversión en infraestructuras físicas y defectos en la contratación y condiciones laborales de los trabajadores sanitarios». El Sindicato Médico Andaluz lleva años denunciando esto mismo, casi con las mismas palabras. La pandemia ha puesto de manifiesto hasta qué punto el peso de la asistencia sanitaria en nuestro país, y más aún en Andalucía, recae sobre los hombros de profesionales maltratados e insuficientemente retribuidos. Esta crisis, que ha costado la vida a muchos de ellos y cuyas secuelas físicas y psíquicas están por evaluar, ha sido la gota que colma el vaso. 

Los partidos políticos deben excluir el sistema sanitario de la lucha partidista y del terreno de la demagogia; deben afrontar las reformas estructurales imprescindibles y renunciar a “financiar” el sistema a costa de los bajos sueldos de sus profesionales. Deben contarle la verdad a la población. A corto plazo, es necesario afrontar las amenazas inminentes con realismo y firmeza. Estamos en el mes de mayo, todavía a tiempo de adoptar medidas que eviten el colapso de la Atención Primaria y de las Urgencias hospitalarias este verano. Se precisa un diálogo honesto con los trabajadores y sus representantes, así como coordinación desde la Gerencia del SAS que evite que los centros funcionen como reinos de taifas. 

Este documento aspira a ser, más que un análisis frío de la situación que padecemos, un último aviso a la Administración. Nos ofrecemos una vez más a participar en una negociación que afronte los problemas estructurales de nuestro sistema y que vaya dirigida a acabar de una vez con la precariedad de los facultativos andaluces. 

Si la Administración se niega una vez más a entablar este diálogo, las movilizaciones resultarán inevitables y ella será, con su ceguera, la única responsable.

Comité Ejecutivo SMA