La vida nos ha cambiado a todos con la pandemia, ¿podemos seguir con unos Presupuestos del año 2018 [prorrogados ya en 2019 y 2020] en los que España nada tenía que ver con la España actual? Evidentemente, no». La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, resumía con estas palabras el viernes tras las Conferencia de Presidentes autonómicos la necesidad de sacar adelante el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que ha empezado ya a negociar el Gobierno.

Tradicionalmente, los Presupuestos Generales del Estado tienen, más allá de lo que significan para el conjunto de la economía del país, relativa importancia para el sector sanitario, ya que las partidas de gasto estatal para sanidad representan una muy pequeña parte del gasto sanitario público total, que recae fundamentalmente sobre las autonomías. Pero también porque los compromisos generales de fondos para las autonomías que implican los presupuestos estatales dan tan sólo una idea muy aproximada de lo que luego decidirán hacer las autonomías con la sanidad en sus respectivos presupuestos. No en vano, la financiación de la sanidad no es finalista.

La epidemia ha puesto sin embargo todos los ojos en las cuentas para el próximo año en las que el sector sanitario reclama no sólo una partida específica para afrontar las consecuencias del coronavirus, una partida destinada al rescate, sino un incremento de los fondos para afrontar también las reformas más estructurales que venían aplazándose en el sistema sanitario. 

El presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, explica que desde el punto de vista de la sanidad, las prioridades en los Presupuestos Generales del Estado que han comenzado a negociarse son dos: “por un lado el porcentaje del PIB destinado a sanidad nos gustaría que el dinero que destinásemos a sanidad fuese el equivalente más cercano en este primer año al 6,5% del PIB (actualmente ronda el 6%) para poder encaminarnos al 7%, que es la perspectiva que nosotros propusimos dentro de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social”.

Y en segundo lugar, teniendo en cuenta la inyección de fondos europeos para afrontar la crisis generada por la covid-19, Romero afirma  “creo que ha llegado la hora de que en los Presupuestos Generales del Estado de este año haya una partida especial para nuestro sistema sanitario que podría rondar los 25.000 millones de euros y que en ella debería priorizarse un porcentaje importante para atención primaria, para desarrollo de salud pública y cambios estructurales de reforma del sistema nacional de salud”.

Gabriel del Pozo, secretario general del sindicato médico CESM, baja al barro sobre qué hacer con esos incrementos que reclama el sector para la sanidad: “Nosotros seguimos reivindicando una subida salarial -y esperamos verlo en los próximos presupuestos-, una partida necesaria para que desde el Ministerio de Sanidad se cumpla con las deudas que tiene contraídas con los médicos, a quienes se redujo de forma brusca su salario, se les redujeron las pagas extra desde la época de Rodríguez Zapatero y esto no se ha recuperado, puesto que los intentos [de recuperación] han sido lineales, es decir, igual para todos, cuando no todos colaboramos de la misma forma”, explica. 

Además, el sindicato médico aspira también a que en las cuentas para 2021 se introduzcan “unos presupuestos finalistas en sanidad, pero finalistas además con una financiación específica para atención primaria, para atención hospitalaria y para las dotaciones correspondientes. Es una realidad que hay que aumentar el presupuesto de sanidad, se tiene que igualar a los de los países de nuestro entorno. Y por supuesto, en una época donde hemos sufrido la covid, este presupuesto tiene que ser mucho más alto para recuperar todo lo que se ha invertido y lo que sea necesario invertir de cara a afrontar esta epidemia”.

En este sentido, Del Pozo afirma no se trata sólo de la cantidad de dinero que se ponga en los presupuestos “sino que se produzca un acuerdo entre Ministerio y autonomías para hacer viables y uniformes las medidas para afrontar la covid y, sobre todo, el futuro de nuestro sistema sanitario, único estatal aunque tengamos 18 modelos distintos por autonomías”. 

Según el secretario de CESM “si queremos mantener un sistema sanitario fuerte, sólido y que sea atractivo para los profesionales tenemos que dotarlo de recursos, y estos recursos tienen que servir para dar una mejor atención, para que el ejercicio de la profesión se realice en las mejores condiciones y también para una retribución mejor de los profesionales, sin olvidar la contratación de todos los profesionales que sean necesarios en el sistema, y no que se nos sigan poniendo parches y medidas inmediatas. Ponemos tapones cuando se nos ha desbordado el río”, concluye. 

La cuestión de dónde irán a parar los fondos extra para sanidad dentro del propio sistema sanitario no es baladí si se tiene en cuenta por ejemplo gastos que deberán afrontarse como los de las vacunas. La economista Beatriz Gozález López Valcárcel advertía, por ejemplo, en la Comisión para la Reconstrucción sobre esta cuestión que vacunar a la población de riesgo, a unos 20 millones de españoles con una vacuna podría suponer unos 6.000 millones de euros, alrededor del 8% del gasto sanitario total, para dar idea de la magnitud de las cifras que van a hacer falta para afrontar los gasto inminentes que está provocando la epidemia y que pueden volver a retrasar  los problemas de fondo y carencias presupuestarias que arrastraba ya la sanidad antes de la epidemia.

Fuente: Diario Médico