Las organizaciones profesionales son conscientes de que el salario médico (una media de 56.000 euros al año, según CESM) sobrepasa lo que luego se cobra en la pensión (casi 36.000 euros). El problema, según el sindicato y la Organización Médica Colegial (OMC), son los topes que se ponen tanto a la prestación que recibe el profesional retirado como al salario por el que se puede cotizar.

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la subida de la pensión máxima de 2.560 euros a 2.567 para 2016. La base reguladora para calcular la pensión está limitada a los 3.606 euros al mes; por encima de esa cantidad no se cotiza para la prestación.

Según Ángel Oso, vocal de Médicos Jubilados de la OMC, «en justicia cada uno debe cobrar de acuerdo a lo cotizado«, y añade que la organización siempre ha defendido la supresión del tope máximo de las pensiones. Hoy, por la crisis, la OMC apoya que al menos «quien haya cotizado 35 o más años tenga derecho a cobrar todo el haber regulador [los 3.606 euros]», que debería ser la pensión máxima. Según Oso, ya esa cantidad supone una pérdida de unos 500 euros al mes respecto al salario.
Para evitar problemas, Oso aconseja a los facultativos «que hagan un seguimiento riguroso de las aportaciones a la Seguridad Social por parte de sus empleadores y, si trabajan en la sanidad privada, que se den de alta como autónomos».

La supresión del tope máximo de las pensiones y aumentar las bases de cotización son también peticiones de CESM, que remitió tanto al Ministerio de Sanidad como al de Empleo una serie de propuestas (ver abajo) para adecuar las circunstancias del trabajo médico a la jubilación. El sindicato llevará este tema a los grupos de trabajo de Sanidad y las centrales.

Pilar Bartolomé, secretaria de Salud Laboral de CESM, explica que el sindicato ha propuesto dos opciones para aprovechar el salario que está por encima del máximo cotizable: un régimen de pensiones privado y voluntario, pero regulado y garantizado por el Estado, o un fondo público de prestaciones complementarias para los médicos, «dado que somos de los que más contribuyen con su sueldo al Estado de Bienestar». Este fondo público serviría para «generar riqueza y contribuir a la estabilidad económica».

Además, Bartolomé recuerda que «por 30 años trabajados, en horas el médico ha trabajado 45 años» por la obligación de hacer guardias, «y esto debería tenerse en cuenta, sea en la pensión o en el tiempo que hay que cotizar».

Esto beneficiaría también a los que durante muchos años sólo hayan trabajado con contratos a tiempo parcial, por ejemplo para cubrir guardias (una de 24 horas cotiza igual que una jornada de 7 horas). Hay que recordar que, con la reforma del sistema de pensiones en 2011, que elevó la edad de jubilación a los 67 años, a partir de 2027 se exigirá haber cotizado 38 años y seis meses para acceder a la jubilación a los 65 años.

Riesgos
La secretaria de Salud Laboral de CESM defiende también que la Administración estudie «los riesgos vinculados a las distintas categorías o especialidades; por ejemplo, las exigencias que supone la actividad quirúrgica y en Emergencias o los peligros de toxicidad de Radiología u otras especialidades de laboratorio». De no poder modificar las condiciones de los profesionales, CESM aboga por aplicar coeficientes reductores al tiempo de trabajo efectivo exigido para el retiro, como ya se hace con colectivos como los mineros o los artistas.

Esta propuesta de CESM de estudiar los riesgos del trabajo médico para introducir coeficientes reductores de la edad de jubilación no es mal valorada por los sindicatos de clase que no ven con malos ojos hacer este análisis, aunque no se pronuncian abiertamente a favor de aplicar estos coeficientes fuera de algunas categorías.

Fuente: Diario Médico