Las cuentas de la sanidad pública española encadenan cuatro años de estrecheces presupuestarias. Andalucía no ha sido una excepción en esta marea de recortes. El Gobierno regional presume de haber «blindado» su política sanitaria frente a la espartana agenda de ajustes impuestos desde La Moncloa y aplicados en otras comunidades autónomas con gobiernos de distinto signo político. Un informe de la Consejería de Salud de la Junta sobre la evolución del personal que ha trabajado en los hospitales y centros sanitarios durante los años más duros de la crisis dice lo contrario. Los contratos temporales y a tiempo parcial se ha disparado un 34,2 por ciento desde 2012 hasta agosto de 2015, en paralelo con el desplome récord que ha experimentado el número de funcionarios, sobre todo enfermeros y médicos, en la sanidad pública andaluza.

En la actualidad, la plantilla de los centros sanitarios gestionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está conformada por 56.476 profesionales de la función pública. Cuatro años de recortes han provocado que haya 5.971 empleados menos (una caída del 9,6 por ciento) con el horizonte laboral resuelto, tras ganar su plaza en unas oposiciones. Buena parte del ahorro presupuestario ha salido del personal. Los datos aportados por el consejero de Salud, Aquilino Alonso, como respuesta a una pregunta del PP, son ilustrativos de cómo la precariedad laboral ha ido comiéndole terreno al empleo más estable en los centros sanitarios.

El SAS cuenta en la actualidad con la plantilla de funcionarios más exigua del último lustro. En el año 2012 había 62.447 funcionarios, que representaban más de dos tercios del personal sanitario. En agosto de 2015, la proporción de funcionarios ha descendido hasta el 63 por ciento, de acuerdo con los datos publicados el pasado miércoles por el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. En esa fecha, los trabajadores dedicados a atender a los enfermos alcanzaban los 88.708 empleados en total, frente a los 90.924 que registraba el SAS hace cuatro años. Las jubilaciones de profesionales durante estos años no se han cubierto y tampoco la mayoría de las bajas.

Interinos y temporales

Los 32.232 empleados restantes se distribuyen entre interinos (13.044) y temporales (19.188), merced a la distinción que hace la Consejería de Salud. En lo que respecta a los segundos, el eslabón más débil de la cadena laboral, se han incrementado en más de un tercio. Los ocho primeros meses de 2015 se saldaron con 4.894 eventuales más trabajando en los hospitales y centros de salud. Los temporales que en 2012 representaban apenas el 15,7 por ciento, suman ahora el 21,6 por ciento del personal.

El descenso en el número de empleados públicos coincide con la entrada en vigor del real decreto ley que el 30 de diciembre de 2011, que se tradujo en la congelación de las ofertas de empleo público, a excepción de servicios básicos como la educación o la sanidad, en los que se permitía que se repusiera un empleado por cada 10 que se jubilaban, fallecían o se daban de baja para siempre.

Mantener una elevada bolsa de trabajadores temporales constituye, visto con criterios puramente economicistas, un ahorro importante para las arcas públicas en el pago de trienios y cotizaciones. 

Además, facilita los despidos o la movilidad de los trabajadores de una unidad a otra. En el caso de los médicos, ha propiciado, gracias a los contratos al 50 y 75 por ciento del salario y jornada, que ésta se alargue hasta ocho horas: tres computan como su jornada habitual y las cinco restantes se pagan como guardia, a 15 euros brutos la hora, con tarifas homologables a las de un empleado de limpieza, según han denunciado los propios trabajadores. 

Ninguna provincia andaluza se ha librado de los efectos de la tijera. Sevilla, la que aglutina la mayor población de sanitarios, ha pasado de contar con 14.958 funcionarios a 13.125 en los últimos cuatro años. Málaga ha perdido 862: ha pasado de 10.469 a 9.607 entre 2012 y 2015. Los centros granadinos registran 967 funcionarios menos. 

Queja de los profesionales

El Gobierno andaluz argumenta que las contrataciones al 75% de jornada y retribuciones son fruto de los recortes impuestos desde el Estado y que se hicieron con la teoría del «mal menor». Los profesionales lo ven de otra forma. El comité ejecutivo del Sindicato Médico Andaluz (SMA), mayoritario entre este colectivo, asegura que los sanitarios andaluces han padecido «recortes similares o más lesivos» que en otras comunidades: «por un lado, los eventuales han sufrido una reducción de jornada y de sueldos, y por otro, se ha reducido el empleo porque el SAS no ha evitado los despidos». Desde el SMA advierten de que la tasa de reposición del 10 por ciento estipulada a nivel del Estado «le ha venido muy bien a la Junta de Andalucía para justificar una política que ya venía realizando antes». De hecho, recuerdan desde el sindicato, en 2009 y 2010, antes de que se llegaran las restricciones por decreto, «ya había tasas de temporalidad enormes y la Junta se negaba a sacar ofertas de empleo público».

Fuente: ABC