La crisis que sufre la medicina de Atención Primaria en nuestra comunidad no ha dejado de crecer en los últimos años. Somos conscientes de que la solución del problema no es fácil, pero esperamos de los gestores sanitarios que, al menos, no contribuyan a agravarlo.

Actualmente, el diálogo entre la consejería de Salud y el colectivo médico no existe. Esta es la funesta consecuencia de pretender cerrar a toda prisa y a cualquier precio un Pacto para la mejora de la Atención Primaria que no pasa de declaración de intenciones con tintes electoralistas. La consejera y el gerente saben que un Pacto sobre la Atención Primaria que no cuenta con el respaldo de los facultativos carece de valor, pero la soberbia ha prevalecido sobre la voluntad de diálogo.

Este pacto fallido solo es la culminación de una abultada sucesión de desaguisados llevados a cabo por la consejera y el director gerente. Recordamos a continuación algunos de los más llamativos.

A principios de 2022, el SAS comenzó a aplicar el Acuerdo alcanzado con el Sindicato Médico Andaluz para la implantación de la continuidad asistencial en Atención Primaria. Las dificultades fueron enormes. Como sucedería más tarde con el Acuerdo para la limitación de las agendas, el SAS se mostró más inclinado a bloquearlo que a aplicarlo. Durante meses, las continuidades no eran autorizadas por los Servicios Centrales o, tras ser realizadas, no eran abonadas a los facultativos. Curiosamente, la misma institución que se mostraba reacia a pagar las continuidades que ella misma había instaurado, publicaba poco después una Orden que incluía, por primera vez en Andalucía, la posibilidad de concertar con la privada las consultas de Atención Primaria a 65 euros cada una, un coste muy superior al de las continuidades que se resistía a autorizar. 

Sorprendentemente, poco después se comprometía a retirar la propuesta ante los mismos sindicatos que callaban cuando los conciertos proliferaban bajo la Administración socialista. Actualmente, ante la falta de rigor y de coherencia exhibida por los responsables de la consejería, nadie conoce las verdaderas intenciones de la Junta con respecto a esta cuestión.

Por lo que respecta a las oposiciones y los traslados, el cúmulo de despropósitos no es menor. En la OPE 18-21, el SAS ha indignado a cientos de opositores al ofrecer únicamente destinos en puestos alejados de la capital, incumpliendo el compromiso que había adquirido en 2018 en la mesa sectorial. 

En algunos casos, el SAS llegó a corregir sin justificación alguna la lista de destinos ofrecidos en primera instancia. También en este caso la soberbia impidió a los responsables del SAS aceptar nuestra oferta de pactar una solución al desastre. 

Todavía en el terreno de las oposiciones, el SAS ha “podado” injustificadamente los baremos de las OPE y traslados de los años 23 y 24, con el pretexto inaceptable de que de este modo tardará menos en baremar. Los derechos de los opositores quedan así supeditados a la gestión chapucera y a la carencia de recursos. 

Por si esto fuera poco, los compañeros desplazados por las tomas de posesión no podrán recibir ofertas de trabajo porque no han podido inscribirse en Bolsa. El SAS ha desactivado el aplicativo de Bolsa antes de que la VEC, que deberá sustituirla, esté plenamente funcionante. A todo ello se suma el caos que ocasionarán las múltiples tomas de posesión en plenas vacaciones.

En cuanto a la carrera profesional, el SAS la modificó a toda prisa pocos días antes de las pasadas elecciones autonómicas. La urgencia, derivada también en aquella ocasión de intereses electoralistas, provocó que el nuevo modelo contuviera errores y causara agravios que el SAS se comprometió a subsanar mediante un proceso de “recalificación” que sigue sin poner en marcha. Ahora, después de ignorar nuestras reiteradas peticiones de modificar el modelo de carrera y suprimir el papel que juega en él la ACSA, vuelve a recurrir a la carrea profesional como chantaje para forzar la firma del Pacto para la mejora de la Atención Primaria, privándonos una vez más de la posibilidad de una negociación serena y haciéndonos dudar, también ahora, de cuáles son sus verdaderas intenciones.

En cuanto al acuerdo para la limitación de las agendas, la actuación de los responsables del SAS ha sido errática y desleal. Tras comprometerse públicamente a limitar el número de pacientes por consulta en Atención Primaria, demoró con argucias diversas la firma del Acuerdo y después su aprobación en mesa sectorial. 

Con ello retrasaba a su vez el abordaje de cuestiones inaplazables como la subida del FRP de los médicos de Atención Primaria. La tozuda resistencia a implantar esta mejora salarial ineludible es ridícula e irracional. Las artimañas para incumplir el acuerdo de limitación de las agendas, que incluyeron la coacción a los médicos para que renunciaran por escrito a su aplicación, así como la negativa a abordar la subida del FRP, nos forzaron a convocar una huelga que hubiera sido evitada con un diálogo serio y leal.

Los actuales gestores de la sanidad pública esgrimen los avances de los primeros años de su mandato, como la subida del precio de la guardia o el fin de la exclusividad, como argumentos para eludir otras demandas de nuestro colectivo, como si la reparación de la injusticia heredada de la anterior Administración los eximiera del deber de seguir avanzando en las necesarias mejoras de las condiciones laborales y retributivas de los médicos. Mientras cada vez más compañeros optan por la actividad privada o por marcharse a otras comunidades o al extranjero, la consejera y su equipo no consideran oportuno tener un diálogo fluido con el Sindicato Médico. No cabe mayor irresponsabilidad.

El actual equipo de la consejería de Salud y del SAS ha demostrado ser incompetente para la realización de las tareas que tiene encomendadas. Ha llevado a cabo actuaciones arbitrarias que han perjudicado los intereses legítimos de los facultativos. Ha incumplido reiteradamente los compromisos adquiridos con nuestra organización y ha demostrado que menosprecia las necesidades de los médicos, a los que parece empeñado en sustituir por personal de enfermería.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, no puede seguir siendo cómplice de esta gestión irresponsable. Los médicos necesitamos un interlocutor leal y fiable, que conozca los problemas de nuestro colectivo y se muestre dispuesto a abordarlos y solucionarlos en plazos razonables. Hoy este interlocutor no existe. Si no actúa, el presidente será responsable de caos al que nos conducirán los actuales gestores del SAS. Por eso le solicitamos que, de no producirse la dimisión de la actual consejera de Salud, Catalina García, y el actual gerente del SAS, Diego Vargas, proceda a su inmediato cese.

Sindicato Médico Andaluz – Federación