A partir del día 1 de marzo los pediatras y todo el profesional sanitario fijo o temporal que tenga un contacto habitual con menores deberán certificar que son inocentes, es decir, que no han sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual (agresión, abuso o acoso sexual; corrupción de menores; exhibicionismo; prostitución y explotación sexual).

La medida es de suma importancia porque se trata de un requisito para el ejercicio y acceso a la profesión sanitaria y que afecta tanto al médico del Sistema Nacional de Salud como al de una clínica privada. Para facilitar tal medida este martes entra en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales que gestiona el Ministerio de Justicia y cuya principal función es emitir un certificado «negativo» del solicitante.

La medida, de entrada, provoca algunos interrogantes: ¿Por qué a los pediatras y no a otras especialidades como los ginecólogos o geriatras? ¿Era necesaria? ¿Está justificada? ¿Existen suficientes condenas por este tipo de delitos para que sea necesaria una labor preventiva? ¿Cómo se va a gestionar e implantar por los servicios de salud? Las respuestas no serán fáciles.

Su origen legal está en el Convenio del Consejo de Europa relativo a la Protección de los Niños contra la explotación y abuso sexual de 25 de octubre de 2007, conocido como el Convenio de Lanzarote, y que fue ratificado por España en 2010. Su finalidad principal es prevenir el abuso sexual de los niños. Cinco años después, en 2015, la Ley de 28 de julio de Protección a la Infancia y a la Adolescencia modifica la Ley del Menor al exigir a «todas aquellas profesiones, sanitarias o no, que impliquen un contacto habitual con menores el requisito de no haber sido condenado por alguno de los delitos sexuales reseñados anteriormente».

El Ministerio de Justicia puso a disposición de los profesionales y de las entidades un amplio abanico de opciones para facilitar el cumplimiento de esta obligación legal, ya que se puede solicitar por medios telemáticos, por correo o de forma presencial.

La aplicación de esta medida legislativa ha originado cierta alarma entre los profesionales sanitarios al imponer a los pediatras y a otros profesionales la obligación de demostrar que no han sido condenados por delitos sexuales. Y ello en un plazo de tiempo corto, según se desprende de las instrucciones dictadas por la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana y el Instituto Catalán de la Salud (ICS).

Conflictos

Los expertos consultados por DM coinciden en que se trata de una medida «excesivamente defensiva» y «desproporcionada» e incluso que pueden «tensionar» derechos constitucionales de diferente signo como, por ejemplo, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del médico frente al derecho de protección de los menores de edad.

Lo primero de todo es ¿cómo se gestiona y aplica esta reforma legal? El ICS publicó el pasado 18 de febrero una instrucción para incorporar a sus centros sanitarios dicha exigencia normativa. La instrucción contempla de modo detallado todos los requisitos y ámbito de aplicación, así como qué sucedería si el médico no acredita el certificado negativo. En este caso la norma contempla desde la remoción geográfica o funcional hasta el despido o resolución del contrato. La Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, el 10 de febrero tambien dictó una instrucción similar. Desde la Consejería de Sanidad de Madrid se apunta que «está en fase de estudio» la elaboración de instrucciones similares a las de otras comunidades autónomas.

Sara Manjón, directora de Recursos Humanos del ICS, valora positivamente la reforma porque «se trata de prevenir consecuencias negativas con menores» a la vez que «queremos cumplir con la ley estatal y proteger a nuestros profesionales». Manjón define el contacto habitual con menores como «aquella persona que de alguna manera su misión o finalidad es el trabajo con menores». Por ejemplo, en el Hospital Materno Infantil del Valle de Hebrón (Barcelona) la obligación de exigir el certificado negativo de delitos sexuales se pedirá a todos los profesionales (médicos, enfermeros, administrativos, celadores, etcétera).

La directora de Personal no oculta que existen algunos puntos complejos y en fase de estudio, sobre todo el referido a las posibles sanciones disciplinarias por no aportar el preceptivo certificado.

Fernando Abellán, director de Derecho Sanitario Asesores, discrepa de la instrucción del ICS porque la considera «desproporcionada» en cuanto al régimen disciplinario, porque «una resolución de este tipo no tiene el rango normativo para incorporar dichas sanciones». También considera que la reforma introducida puede originar un conflicto de derechos entre la protección del menor y la salvaguarda de la intimidad y honor del médico.

Filiberto Chulía, jefe de servicio de la Asesoría Jurídica del Hospital Universitario La Paz, de Madrid, apunta que el legislador ha hecho una «interpretación extensiva» del Convenio de Lanzarote que «escapa a su espíritu» y puede producir el efecto contrario. «Los controles y garantías nominales son inútiles y ofrecen una falsa apariencia de seguridad».

José Manuel Moreno, pediatra y miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital12 de Octubre, de Madrid, añade que la medida legal es «innecesaria» y crea una «alarma injustificada de desconfianza hacia los profesionales que atienden a los niños».

Fuente: Diario Médico