La Junta de Andalucía ha aplicado recortes selectivos a su personal. Mientras los funcionarios, laborales e interinos de las consejerías y agencias administrativas vieron suprimida la paga extra de Navidad en 2012, más de 1.250 empleados pertenecientes a fundaciones autonómicas no notaron los recortes en sus nóminas en pleno azote de la crisis. La Cámara de Cuentas de Andalucía ha puesto de manifiesto este agravio comparativo en su análisis de la cuenta general de la Administración a 31 de diciembre de 2014, que ha sido el último ejercicio auditado. 

El órgano de fiscalización externa dependiente del Parlamento andaluz concluyó que cuatro fundaciones sin ánimo de lucro adscritas a la Consejería de Salud se saltaron el llamado «decretazo» de los recortes impulsado por el Gobierno. Los incumplimentos han salido a la luz en un «plan de control especial» realizado por los auditores al objeto de «comprobar la correcta aplicación de las medidas de ajuste en materia de gasto de personal».

En el informe de fiscalización de la cuenta general, la Cámara de Cuentas detecta hasta cuatro «incidencias» que afectan a los empleados y directivos de las cuatro fundaciones públicas. Se desconoce si en otros organismos de la administración paralela se reprodujeron estos desajustes, toda vez que la mayoría quedaron fuera del trabajo de campo de los auditores.

Así, el órgano fiscalizador revela, en primer lugar, que no se eliminó la paga extra de diciembre de 2012 «ni se realiza la reducción de retribuciones» en la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi), la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Fimabis) y la Fundación Pública Andaluza para la investigación Biosanitaria Andalucía Oriental (Fibao). En segundo lugar, el personal perteneciente a la Fundación Progreso y Salud, Fisevi y Fibao no vio reducidas en todos los casos en un 10% la jornada laboral y las retribuciones, como sí les ocurrió al resto de interinos y temporales de la Junta que aún pugnan por recuperar los derechos perdidos al mismo ritmo que los funcionarios de la Administración central.

Pero hay más. En la fundación Fibao, que tiene en nómina a 136 personas dedicadas a promover la investigación en Andalucía oriental, «no consta» que se recortara en otro 10% la cuantía asignada a conceptos retributivos variables por la consecución de objetivos, incentivos al rendimiento y complementos de productividad.

Los directivos de las fundaciones también escaparon a la poda presupuestaria. El tercer y cuarto incumplimientos se refieren a este personal «VIP». En Fisevi (356 empleados) y Fibao no están siquiera definidos los empleados con funciones de alta dirección.

Respecto a la Fundación Progreso y Salud, que en abril recibió 16,48 millones de euros a través de subvenciones del Gobierno andaluz, la Cámara de Cuentas avisa de que «no consta documentalmente si sus contratos han sido modificados para adecuarlos a sus retribuciones para 2013». En algunos casos, explica el informe, «las retribuciones percibidas superan a las fijadas» para la presidenta andaluza, Susana Díaz, cuyas retribuciones brutas ascienden a 64.446,36 euros durante el presente ejercicio.

La Fundación Progreso y Salud gastó 845.554 euros en sueldos, dietas y otras remuneraciones de directivos durante 2014, según la memoria de la entidad durante dicho ejercicio. Entre sus objetivos, están la financiación de programas de investigación y la formación de profesionales del sistema sanitario público.

Las retribuciones de los 352 empleados de Progreso y Salud cuestan a la Junta de Andalucía 13,72 millones de euros, el 47% del presupuesto manejado por la entidad, que asciende a 29,15 millones.

Los funcionarios de la Administración central del Estado recibieron en la nómina de mayo el 50% de la extra de Navidad pendiente desde 2012. Quedó suspendida dentro de una batería de ajustes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy que incluían la eliminación de algunos días libres para los funcionarios.

Los empleados públicos de la Junta tendrán que esperar hasta 2018 para que la Junta les devuelva íntegra la extra. La Consejería de Hacienda y Administración Pública se comprometió con los sindicatos a abonar, de manera progresiva y a partir de septiembre, el 75% de la paga abolida. 

Fuente: ABC