Un día después de que la Sanidad pública andaluza, la “joya de la corona” como la llama Susana Díaz, se anotara “un nuevo hito” y diera a conocer un innovador implante de piel generada a partir de las propias células del quemado, una denuncia en la Fiscalía de Huelva muestra la otra cara del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El espectacular avance médico firmado por dos hospitales públicos, el complejo hospitalario de Granada y el Virgen del Rocío (Sevilla), en colaboración con la universidad granadina, esconde el éxito de profesionales brillantes destinados a la investigación financiada por fondos públicos durante más de 10 años. 

El Sindicato de Enfermería SATSE,  va a acudir a la justicia por vía penal al tener conocimiento de un informe interno colgado en la Intranet del Complejo Hospitalario de Huelva (CHUH) donde se dan instrucciones directas al personal administrativo destinado a atender a los pacientes.

Bajo el título “Servicio de Atención a la Ciudadanía” se marcan las pautas a seguir para combatir reclamaciones por las largas demoras en pruebas y consultas de especialistas que desesperan al enfermo. Cualquiera que haya pisado un hospital público sabe que la burocracia es larga y tediosa, en ocasiones exasperante. Detrás, hay falta de recursos y personal, según queda claramente plasmado en este documento interno.

Este protocolo para atender al usuario descubre que los tiempos máximos de espera, dos decretos pioneros aprobados desde 2001 por el Gobierno andaluz y que garantizan atención del especialista o quirúrgica en 120 o 140 días según las especialidades, se incumplen sistemáticamente. El SAS no admite esos incumplimientos y la Sanidad andaluza defiende que suele derivar a la privada, mediante conciertos, en el momento en el que está a punto de vulnerarse el derecho del paciente. Pero en este documento, los administrativos que deben atender las reclamaciones reciben instrucciones claras.

“El decreto de garantía no se está cumpliendo en ninguna especialidad. Las demoras se han disparado (traumatología, ocho meses; digestivo, siete meses; dermatología, seis meses…) y todos los usuarios tienen sus citas diferidas”, recoge esta guía en quinta página. La orden es clara: “Dadas las demoras actuales, no podemos agilizar las citas de forma indiscriminada”. Para alarma de los sindicatos, el informe además deja en manos del administrativo que valore si el caso es muy grave. “Si a juicio del que está atendiendo se considera que la cita debe ser agilizada, tomar nota, apuntar teléfono y comentar luego”.

El documento interno no es reconocido como oficial por la dirección del hospital onubense, pero estuvo colgada en la intranet del hospital, donde el acceso es restringido con claves, y fue elaborado supuestamente por varios responsables por orden del gerente, según figura en la denuncia presentada ante el fiscal. “Se trata de una guía subida a la intranet del hospital por personal técnico sin conocerse previamente su contenido, por lo que la dirección no puede asumirlo como información oficial. Asimismo, y lo más importante, para nada refleja la situación real de las listas de espera del centro”, alegan fuentes de la Delegación de Salud de Huelva.

“La ciudadanía onubense y del resto de Andalucía se beneficia de decretos que garantizan tiempos máximos de espera para la primera consulta de especialista, fijado en 60 días; intervenciones quirúrgicas (120 días para las operaciones más frecuentes y 180 días para un conjunto más amplio de 700 procedimientos) y pruebas diagnósticas (30 días)”, insisten desde la Consejería de Salud, que invitan a consultar en la web del SAS todos los datos. Desde el sindicato intuyen que estas demoras, que implican que la Consejería está “maquillando las listas de espera”, se extiende a todas las provincias andaluzas. “No podemos demostrarlo todavía ante un juez. Hay documentos similares en otros hospitales pero se marcan en cada página con nombres y apellidos del destinatario para que no pueda darse una filtración anónima”, explican responsables del sindicato. Aseguran que están recabando pruebas.

Pese a esta información oficial, el documento interno señala que si bien con todas las especialidades se está incumpliendo el decreto, las más reclamadas son “trauma, digestivo y neurología”. Se les indica a los administrativos que en caso de que el usuario conozca su derecho y sepa del decreto de tiempos máximos de espera, hay que darle cita y “ponerlo como observación en el ordenador”. ¿Y si no lo conoce y no reclama? Entonces, tendrá peor suerte.

La guía da cuenta de seis meses de espera para hacerse una gastroscopia o una colonoscopia, y subraya que hay pruebas específicas, como Fibroscam, para las que ni siquiera hay registro de espera porque “hay un solo aparato rotando por los hospitales”. Las cirugías vasculares de varices se han suspendido y no se están realizando porque “no hay médico”. “La doctora está de baja maternal y se ha cerrado la consulta”, recoge el informe. Para patologías arteriales, informa de “una demora de unos 18 meses”.

Otro de los asuntos más llamativos se refiere a los pacientes de cardiología en Huelva que han salido del sistema. Utilizan la palabra ‘amnistía’. Al aprobarse la fusión de los hospitales públicos onubenses, ordenada por la dirección del SAS para ahorrar recursos y duramente contestada por los profesionales, hay pacientes que se han ‘borrado’ del sistema informático. Ahora hay un servicio de cardiología único para todo el complejo hospitalario. “A los pacientes que tenían fecha de revisión superior a los seis meses se les ha hecho una amnistía, por lo que no se van a citar a no ser que no reclamen. Si tenían pruebas de cardiología pendientes, estas también se han dado de baja”.

A los pacientes que ya han sido vistos una vez y reclaman una cita de maxilofacial, “hay que informarlos de que la demora es de 18 meses”. Para ecografías, seis meses de demora. Para un TAC, lo mismo, salvo en los casos de oncología. El paciente que se vaya de urgencias con el ‘optimista’ mensaje de que “en pocos días” los llamarán de la consulta para darle cita y atender su problema, “se les explica que el tiempo para ser citados oscila entre dos semanas y dos meses”. 

El derecho a una segunda opinión médica se restringe a enfermedades muy graves y nunca ve al enfermo un segundo especialista, si no que solo se valora su historia clínica. “En nuestro hospital no hay libre elección de especialista, es decir los usuarios no pueden elegir quien los va a tratar”, recoge también el documento.

El sindicato de enfermería, admite que no es habitual acudir por la vía penal a los tribunales contra el SAS pero considera que el documento evidencia “un delito de prevaricación” del que señalan directamente como responsable al director gerente del Complejo Hospitalario de Huelva, Rafael Vargas y confían en que en este caso no se busque “una cabeza de turco para eludir las responsabilidades”.

Fuente: El Confidencial.com