La Fiscalía ha emprendido sendas investigaciones en Huelva y Málaga sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios y sus consecuencias en plena polémica por las críticas de profesionales y pacientes sobre los recortes encubiertos de la sanidad andaluza.

En Huelva, la Fiscalía investiga si la dirección del Hospital Juan Ramón Jiménez —ahora Complejo Hospitalario de Huelva— ha dado órdenes para maquillar las listas de espera y diferir citas al reconocer que no se están cumpliendo los tiempos fijados por decreto en casi todas las especialidades. En Málaga, el Ministerio Público ha hecho lo propio tras una denuncia del Defensor del Paciente que alertaba de presuntos retrasos en los tratamientos de quimioterapia para enfermos de cáncer. En ambos casos la Consejería de Salud negó los hechos denunciados.

Según ha podido confirmar ABC de fuentes de la Fiscalía onubense, el Ministerio Público ya ha abierto una investigación después de que el sindicato de Enfermería Satse diera a conocer las órdenes internas en el Complejo Hospitalario de Huelva (CHUH) para acallar supuestamente los plazos de sus listas de espera. Las primeras diligencias podrían estar en curso, con peticiones de informes al centro hospitalario. Según la denuncia de Satse, el Complejo Hospitalario podría estar incurriendo en presunta prevaricación al considerar que «está incumpliendo a sabiendas» el Decreto de Garantía de plazo de respuesta a procesos asistenciales, por el que se gestionan las listas de espera.

La denuncia parte de un documento que estuvo circulado en la intranet del complejo a finales de junio, que daba instrucciones al personal del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) sobre cómo atender a los usuarios que acudan para preguntar sobre la situación de espera de su consulta para un especialista. En el documento, que fue retirado de la red informática del centro, se recoge cómo actuar en función de las especialidades y se desvela que no se cumple el plazo de garantía en casi ninguna especialidad de las 27 que se prestan en los hospitales onubenses.

Las acusaciones de recortes en el sistema sanitario también han desembocado en la Fiscalía de Málaga después de que haya decidido abrir diligencias tras la denuncia del Defensor del Paciente por presuntos retrasos en los tratamientos de quimioterapia para los enfermos de cáncer. Una acusación negada con rotundidad por las direcciones de los hospitales Regional Clínico Universitario.

Esta investigación se une a la solicitada semanas atrás tras la muerte en Estepona de un hombre infartado que esperó casi 50 minutos la llegada de una ambulancia y de que el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, recordase que este municipio de 40.000 habitantes cuenta con un solo vehículo de emergencia.

En un escrito fechado el pasado 17 de agosto, el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, acuerda la «incoación de diligencias de investigación penal de referencia para la averiguación de los hechos y personas responsables».

Es la respuesta a una denuncia firmada por la presidente del defensor del Paciente, Carmen Flores, sobre las informaciones que apuntaban a retrasos en los tratamientos de quimioterapia por el cierre de camas y a que las operaciones de transplante de médula se posponían por falta de espacio.

La Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Hematología y de la dirección de ambos centros sanitarios malagueños aseguró tras conocer la investigación judicial que todos los pacientes que requieren quimioterapia se están atendiendo «dentro de los plazos habituales».

La citada fuente precisó que la decisión del tratamiento y los tiempos para recibir el mismo se hacen con criterios «exclusivamente clínicos», por lo que consideraron «irresponsable relacionar intencionadamente» la indicación clínica con criterios de gestión o económicos, «máxime en la patología oncológica, donde la administración sanitaria autonómica prioriza todas sus actuaciones».

«Es igualmente falso, que se estén produciendo problemas de gestión», se quejó, tras lo que la Delegación Provincial de Salud trasladó «un mensaje de tranquilidad a la población», ya que «la asistencia sanitaria está totalmente garantizada durante los meses de verano».

Fuente: ABC