El Servicio Andaluz de Salud (SAS) está haciendo oídos sordos a la Justicia al mantener durante todo el verano la bolsa de empleo de los inspectores sanitarios a sabiendas de que ya no cuenta con soporte legal alguno para hacerlo, dado que la resolución que regulaba dicha bolsa fue anulada en firme en junio por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ratificó la sentencia dictada hace once meses por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 12 de Sevilla.

Se suponía que ambos fallos habrían dejado sin efecto la resolución dictada el 30 de octubre de 2013 por la Dirección General de Profesionales del SAS, de convocatoria de un proceso de selección de personal temporal para el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta —especialidades Farmacia y Veterinaria— pero donde se plasmaba también un polémico acuerdo de la mesa sectorial de Sanidad (bendecido unánimemente por los sindicatos) para regular la bolsa de empleo de los funcionarios.

Al ser desestimados sus recursos de reposición, tanto opositores individuales como una asociación profesional se vieron abocados a la vía judicial, logrando una primera sentencia a favor el 29 de septiembre de 2015, cuando la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso 12 María Fernanda Mirman Castillo indicó que, «entre los diferentes motivos de nulidad alegados», destacaba el de que la resolución venía dictada por órgano «manifiestamente incompetente», siendo una causa de nulidad de tal calibre que «obvia entrar en los demás».

La Dirección General de Profesionales del SAS carece de potestad reglamentaria. Sólo puede gestionar, tramitar y resolver los programas de selección y provisión de puestos de trabajos en la sanidad pública andaluza, pero en ningún caso tiene capacidad para «establecer y regular» normativa alguna irrogándose competencias exclusivas del Consejo de Gobierno que preside Susana Díaz.

«Apartándose de las normas generales [la Dirección General] “inventa” cinco áreas en las que, probablemente con infracción de la ley de ordenación de profesionales sanitarios, dejan de estar atribuidos a los farmacéuticos aspectos como procesos analíticos de agua de consumo, abriendo la posibilidad de que esa función se desarrolle por veterinarios», llega a apuntar el fallo, que anuló la resolución y condenó en costas al SAS.

La Junta recurrió en apelación al TSJA alegando que realmente lo regulado por la Dirección General de Profesionales del SAS no tenía naturaleza reglamentaria. Sin embargo, la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal andaluz ratificó el 15 de junio que «la resolución impugnada contiene una auténtica regulación con carácter general de este proceso selectivo y, aun bajo una justificación asistencial, innova la categorización de las diferentes áreas específicas que determinarán la cobertura de las plazas», por lo que anuló definitivamente la normativa y volvió a condenar en costas a la Consejería de Salud que dirige el socialista Aquilino Alonso.

¿Qué ha hecho la Junta a continuación? Pues incumplir esta resolución judicial en firme. «Habida cuenta de que la anterior bolsa es de principios de la pasada década, volver a utilizar aquella habría supuesto excluir a la práctica totalidad de los actuales demandantes de empleo para estas categorías, y teniendo en cuenta que estaba iniciado el proceso de sustitución para el periodo vacacional, se decidió mantener su funcionamiento», justifican desde la Consejería, en claro perjuicio de los opositores y de los integrantes de la bolsa anterior, que aguardaban desde hace años el dictamen judicial y ven perplejos cómo ahora se dan a toda prisa vacantes en virtud de una bolsa anulada.

Además, la Junta anuncia que «el Servicio Andaluz de Salud ha iniciado los trámites para solicitar la convalidación de la citada resolución por parte del Consejo de Gobierno». O sea, el fallo judicial no se cumple y se aceleran en paralelo los trámites para legalizar la resolución anulada, con lo que sólo se estaría incurriendo en unos meses de desobediencia a los tribunales pero por razones operativas y justificadas por la coincidencia con el período estival, siempre según la versión del Gobierno andaluz.

«La sentencia se dicta por entender que no es el órgano competente, pero no entra en la regulación que se establece del proceso de selección de personal temporal al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades Farmacia y Veterinaria», añade en su descargo la Consejería, soslayando que los jueces «obviaron» entrar en el resto de motivos que provocaron el recurso judicial al ser flagrante la causa de nulidad de la falta de competencia de la Dirección General de Profesionales del SAS. Aun así, la magistrada de lo Contencioso 12 dejó negro sobre blanco sus sospechas de que la Junta puede estar violando la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

Fuente: ABC