El propio consejero, Aquilino Alonso, tuvo que defender el pasado jueves en el Parlamento, a pregunta oral del PP-A, la legitimidad del proceso iniciado, ante las sospechas generadas por la realización en el mes de julio (antes de anunciarse la convocatoria) de un curso específico de atención temprana a 22 profesionales en Granada y que precisamente es uno de los requisitos exigidos para que sea admitida la solicitud y poder participar en la realización de una prueba escrita sobre la materia en próximas fechas. Examen al que ahora se sabe que optarán 70 psicólogos, de 135 que presentaron la solicitud, y diez pediatras, de 13 que pretendían acceder a los puestos ofertados para las 11 unidades iniciales que se crearán en toda la comunidad. Se da la circunstancia de que la Junta excluye a pediatras –se deduce sin la formación necesaria– pese a que no se cubre la demanda de puestos, 11 en total.

El presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Antonio Gutiérrez, confirmó a LA RAZÓN que la impugnación del procedimiento sigue su curso «después de que fuese aprobada por la asamblea general» y al entender que el SAS no ha respetado los principios básicos de todo procedimiento de esta índole. De hecho, el SMA ya advertía a comienzos de septiembre al conocer los hechos denunciados por la Plataforma de Atención Temprana, que «el uso de los perfiles como una forma de selección que permite sacar las convocatorias adoptadas a los candidatos para revestir de objetividad lo que no es más que un claro nombramiento a dedo» es algo que se viene repitiendo en el modus operandi del SAS.

La relevancia de la selección de estos puestos radica en que serán los profesionales encargados de gestionar la entrada en el sistema de los niños de cero a seis años con trastornos o riesgos de padecerlos. La existencia de una lista de espera de más de 2.000 menores provoca en las familias cierto temor por el compromiso de la presidenta de la Junta de Andalucía. Una forma de reducir esta cifra es limitar el acceso y la formación específica impartida por la Junta de Andalucía, en el curso denunciado, alimenta los miedos, sobre todo cuando ya se están produciendo numerosas altas con el acceso del menor al colegio, aunque en muchos casos las prestaciones que ofrecen los centros no se ajustan a las demandas de los menores.

La implantación del nuevo marco de la atención temprana estaba prevista para el mes de septiembre, pero no ha sido así en su integridad. Éste ha sido el principal motivo que ha llevado a la oposición parlamentaria en bloque a apoyar un proyecto de ley que abandera la plataforma de las familias y que pretende incorporar además de la dotación presupuestaria idónea (81 millones de euros), los medios necesarios para ofrecer un servicio acorde a las necesidades reales y no provoque casos sangrantes en los que los niños ven gravemente perjudicada sus condiciones de presente y de futuro. No en vano se trata de atención temprana.