No ha pasado ni un mes desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciara sobre el encadenamiento de contratos temporales, pero el Congreso de los Diputados ya se ha puesto en marcha para abordar este asunto en el ámbito sanitario. Así, la Comisión de Empleo celebrada este miércoles ha aprobado con el apoyo de Ciudadanos, PSOE, Unidos Podemos, PNV y Grupo Mixto una enmienda transaccional cuya mayor novedad reside en el objetivo de reducir por debajo del 10 por ciento la tasa de temporalidad en el sector antes de que finalice la legislatura.

El acuerdo alcanzado llega a consecuencia de la proposición no de ley presentada por Ciudadanos, que solicita al Gobierno la modificación “en el más breve plazo posible” de la normativa sobre contratación de eventuales en el sistema sanitaria a fin de “prevenir el abuso y la precarización de las condiciones de trabajo” de los sanitarios público, ha explicado el portavoz de la formación naranja en la comisión, Sergio del Campo.

El acuerdo, al que no se ha sumado el Partido Popular, establece además que la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) deberá presentar en un plazo máximo de seis meses un plan de actuación acordado con las comunidades autónomas y en el que participen los sindicatos que contendrá las medidas necesarias para alcanzar el objetivo fijado.

Con Hacienda en contra

Dentro de la estrategia a emprender para acabar con la temporalidad, uno de los tres puntos que la estructura destaca por encima del resto. Se trata, concretamente, del que establece “el reconocimiento de todas aquellas plazas con contratos concatenados de más de dos años como contratos de carácter estructural”. Esta medida choca diametralmente con la postura gubernamental, que a petición del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid en relación a la “conversión automática a interinos de los funcionarios públicos del Servicio Madrileño de Salud con contratos eventuales sucesivos”.

A esta petición hay que sumar, además, dos medidas más. Una de ellas es la modificación de las restricciones a las comunidades autónomas “mediante las limitaciones de las tasas de reposición de plazas en el SNS cuando puedan afectar a puestos de trabajo de carácter estable”. La otra se centra en las ofertas de empleo público, y más concretamente en la fijación de un calendario “acorde a la situación de cada región” a fin de garantizar los objetivos marcados.

La postura de los partidos

El portavoz sanitario del PSOE en el Congreso, Jesús María Fernández, ha incidido durante su intervención en la necesidad de “devolver las razones de causalidad que permitan que los contratos temporales en sanidad sean solo para cubrir plazas o necesidades de trabajo de carácter extraordinario”. “Estamos ante un problema estructural del Sistema Nacional de Salud”, ha manifestado antes de denunciar la “discriminación en la regulación laboral de los trabajadores respecto al resto de la ordenación laboral”.

Mensaje paralelo al de Fernández, aunque con un fondo totalmente diferente, ha expresado el máximo responsable en materia sanitaria del Partido Popular. José Ignacio Echániz ha reconocido la existencia de un problema, si bien ha asegurado que éste no tiene tanto que ver con la propia legislación como con“el incumplimiento de algunas administraciones”.

La representante de Unidos Podemos, Isabel Salud, ha calificado de “enormes” las tasas de temporalidad en la sanidad española a la vez que ha realizado una batería de propuestas entra las que ha destacado la imposibilidad de que los contratos temporales tengan una duración superior a seis meses. En el Grupo Mixto, por su parte, Carles Campuzano ha pedido la comparecencia del Gobierno en la comisión “para explicar cuál es su posición y generar una mínima idea de cómo piensa afrontar la situación”.

Fuente: Redacción Médica