Las controvertidas listas de espera de los hospitales públicos mantienen una relación indisoluble con el número de profesionales que trabajan para el sistema. Tanto es así que crecen o menguan casi en la misma proporción que lo hace la plantilla. Desde 2011, el año previo a los recortes, el volumen de pacientes que están pendientes de una operación ha crecido un 18,5% en la provincia de Cádiz. Y a pesar de la espectacular subida, hay motivo para ser optimista, pues se sitúa por debajo de la media andaluza.

Los centros gaditanos mantenían en junio de 2016 a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente a un total de 9.589 personas, son 1.782 más que hace cinco años, como muestra el balance que anualmente –con mayor o menor demora– publica el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en su página web. Justo ese mismo periodo la plantilla contaba con 12.806 profesionales sanitarios, 739 menos que en 2011.

Ese es el resultado de un lustro de sustituciones congeladas, jornadas laborales al 75% y una contención del déficit impuesta por el Gobierno central que ha sido asumida por las comunidades autónomas. No ha sido hasta este año cuando se han podido reponer las vacantes por jubilación o incapacidades permanentes y los profesionales han vuelto a sus contratos a jornada completa. Pero ni mucho menos al nivel de aquel 2011.

Esas pequeñas mejoras han tenido un impacto inmediato en la lista de espera, que ha descendido este año en un millar de pacientes, como recoge la estadística del SAS. Si bien se trata sólo de aquellos cuyas operaciones -las más habituales- están reguladas por un decreto de garantías para que sean realizadas antes de cuatro o seis meses. Forman el colectivo más numeroso y hay un especial afán por no excederse de ese tiempo máximo, pues la norma permite al enfermo recurrir a la sanidad privada con cargo al SAS si no se cumple.

Son pocos los que han sido ‘indemnizados’ de esa manera, al menos en estos últimos cinco años, y, sin embargo, parece que han sido superados ampliamente por los despistados a juzgar por el número de personas que han perdido esa garantía, es decir, la posibilidad de exigir el plazo que recoge la norma ni reclamar ser atendidos en un centro privado.

También lo incluye el balance que el servicio público ha dado a conocer en su web. Estos últimos figuran bajo el epígrafe ‘transitoriamente no programables’ y son un total de 852 en la provincia de Cádiz. La cifra es muy superior a la de hace cinco años cuando apenas alcanzaban los 476.

Todos ellos han sido excluidos del sistema de garantías y no cuentan en esa lista de espera que con la que se calcula el plazo medio de espera. El motivo de su salida ha sido rechazar la fecha o el centro designado para la intervención, no presentarse a la cita que debe haberles sido notificada en su domicilio o una reevaluación clínica del caso.

Y por último, estarían aquellos que esperan una intervención para la que no hay plazo legal. Si bien son los menos habituales, también engrosan esta numerosa lista y ven dilatarse el tiempo antes de recibir la llamada. Se trata de las intervenciones de carácter urgente, las de extracción o trasplante de órganos o las programadas durante un periodo de hospitalización con condicionantes y, en último lugar, los procesos obstétricos.

Fuente: La Voz de Cádiz