Con motivo del “día contra las agresiones a sanitarios” se han publicado bastantes artículos de opinión y se han convocado ruedas de prensa y leído manifiestos. Pero según nuestra opinión y a pesar de todo lo escrito, existe una forma de enfocar este tema que hasta ahora no ha sido planteada con la suficiente claridad y contundencia y que es así de simple: “La administración es la principal responsable de que estos hechos sigan ocurriendo”.  

Y basaremos nuestra tesis en varias cuestiones que pasamos a detallar. 

Consideramos que para luchar contra las agresiones es importante actuar de la misma forma que cuando se lucha contra otras lacras sociales, es decir con campañas educativas e informativas, con medidas de prevención útiles, con protocolos de actuación eficaces, con medios disuasorios y coercitivos (órdenes de alejamiento), con ayudas a los que son víctimas de estas situaciones, condenando públicamente a los culpables y limitándoles su capacidad de actuación o uso de los servicios públicos y principalmente luchando contra las situaciones que crean el malestar y son un buen caldo de cultivo para el hecho que queramos erradicar.

Todo lo descrito en el párrafo anterior puede comprobarse con cualquier circunstancia negativa contra la cual la administración pretende luchar, ya sean accidentes de tráfico, accidentes laborales, violencia de género, tabaquismo, etc.

Pues bien veamos ahora cuál es la actitud de la administración en el tema de las agresiones al Facultativo:

No existe ningún tipo de campaña educativa sobre este tema y es la administración en sentido amplio la responsable de la educación de la población. No hay un solo póster en ningún centro, ningún banner en la web, ningún acto institucional mediático que conciencie y sensibilice a la población. Y ya sabemos que “quién calla, otorga”.

Tampoco la legislación está a la altura de las circunstancias y hemos de recordar que las formaciones políticas que ocupan las consejerías de Salud suelen ser las mismas que legislan en los parlamentos. La ley en Andalucía es timorata y contraproducente en muchos casos, está por detrás de lo legislado en otras comunidades y deja fuera de protección a los profesionales de la medicina privada.

Este año ya se ha fallado sentencia sobre agresiones en base a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no del Código Penal, responsabilizando a la Administración sanitaria pública de la falta de medidas de prevención. La propia judicatura reconoce la inactividad de la administración en estos casos.

Aunque existen protocolos de actuación para los casos de agresión, no suelen ser conocidos por quiénes han de aplicarlos. El médico agredido es con frecuencia ninguneado e incluso disuadido para que no ponga en marcha una serie de actuaciones molestas. Los directivos sanitarios están muy preocupados en hacer cumplir a los facultativos los objetivos de la administración, pero entre ellos no está la erradicación de las agresiones a sanitarios. 

Cuando la administración tiene verdadero interés en evitar agresiones, no tiene ninguna duda de lo que hay que hacer, basta con acudir a sus centros oficiales y comprobar como existe seguridad, detectores de metales, etc. Parece que la autoprotección es prioritaria pero no tiene mucha importancia para ellos la protección de sus profesionales. Ni seguridad privada, ni medios rápidos de aviso a policía, ni arquitectura pensada para evitar situaciones conflictivas. Ninguna medida disuasoria, absolutamente nada, en ningún centro por muy “de riesgo” que sea la zona.

La administración tampoco presta una ayuda adecuada tras la agresión como ocurre en otros casos. No ofrece asesoramiento jurídico ni se persona de oficio en estos casos. El recorrido que debe hacer el agredido es penoso y en solitario. No se le facilitan horas para los trámites de denuncia, ni se le ofrece asesoramiento personal o la posibilidad de un descanso laboral. Muy al contrario son penalizados aún más recortándoles parte del sueldo durante la IT y no  reconociendo la agresión como accidente laboral con derecho al 100% de las retribuciones tanto fijas como variables.  Ver noticia

Pero es que además de no ayudar al agredido tampoco condena al agresor. No suele haber habitualmente ninguna manifestación pública ni privada en este sentido y jamás se ha tomado una medida administrativa contra ningún agresor. Las respuestas a los agresores o no existen o son contemporizadoras, en muchas ocasiones la administración se apresura incluso a acelerar las actuaciones para atender las demandas de los agresores y así “evitar el problema”. Es decir, los agredidos son penalizados y los agresores premiados.

Y por último y quizás lo más importante: es la administración quien, con su política, MOTIVA LAS AGRESIONES a los facultativos. 

El paciente tiene unas expectativas sobre el SSPA (motivadas por la publicidad engañosa institucional) que no ve cumplidas y culpa al médico de que las cosas no funcionen como la administración dice.