Las agresiones a personal sanitario en Andalucía aumentan, según la tendencia que reflejan las cifras oficiales de los últimos cinco años, y lo hacen especialmente las físicas, que crecieron un 38,35% en 2017, por lo que sindicatos y colegios profesionales piden más y mejores medidas a la Junta de Andalucía para prevenir y afrontar esta situación.

Mientras que en 2016 se registraron 206 ataques físicos, al cierre del año pasado esta cifra subió a 285, lo que sitúa a Andalucía a la cabeza de las comunidades autónomas.

«En los últimos años somos la comunidad que más agresiones a profesional sanitario ha registrado, tanto físicas como verbales», aseguró a EL MUNDO Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), quien aclara que la mayoría las sufren los médicos y personal de enfermería.

De hecho, el Observatorio de Agresiones de 2017 de la Organización Médica Colegial de España refleja que el año pasado se registraron 122 casos de violencia física o verbal contra médicos, lo que supone un incremento del 19,6% respecto a 2016, y que con esos datos Andalucía es la comunidad autónoma que registra un mayor número de agresiones denunciadas en los colegios, seguida de Cataluña con 98 y Madrid con 84, mientras que a nivel nacional se contabilizaron 515 casos de violencia.

Los sindicatos profesionales no disponen aún de datos fidedignos sobre la evolución de las cifras de violencia a personal sanitario en lo que va de año, pero sus responsables sostienen que la tendencia al alza se mantiene.

En el SMA recopilan datos por provincias «y a pie de campo, ya que este verano hemos notado un incremento de la agresividad y conflictividad en centros de salud, hospitales y dispositivos móviles sanitarios», informó Carrasco, quien asegura que no se denuncian «ni la mitad de las agresiones».

El Sindicato de Enfermería (SATSE) alerta de que en una década, entre 2007 y 2017, existe constancia en el registro de agresiones del SAS de un total de 10.022 agresiones verbales o físicas a profesionales de la sanidad andaluza en el ejercicio de sus funciones, de todas las categorías.

Y en los últimos años se está produciendo un incremento de los actos violentos, pasando de los 935 casos registrados en 2015 a los 1.115 entre agresiones físicas y verbales contabilizados en 2017, un 19,25% más. Es de «especial gravedad que el mayor incremento se registre en las agresiones físicas», que en este periodo han crecido en cerca de un 40%, pasando de las 204 víctimas en 2015 a las 285 en 2017, informaron desde la central sindical.

Los datos de la Junta

Sin embargo, en lo que va de año las agresiones, al menos las de tipología física, se han estabilizado y experimentan un leve descenso en Andalucía, según los datos facilitados a este periódico por la Consejería de Salud, ya que de enero a junio se han registrado 124 ataques, dos casos menos que en el mismo periodo año anterior.

Andalucía, pionera en la puesta en marcha de un Plan de Prevención y Atención de Agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde 2005, cuenta con un registro oficial en el que se notifican, desde las unidades de Prevención de Riesgos Laborales existentes, todos los casos relacionados con las posibles agresiones, y que está permitiendo ya, mediante la «elaboración de un mapa de riesgo sobre centros, servicios y horarios», conocer los perfiles de los implicados.

La prevención de situaciones de conflictividad que puedan derivar en una agresión «es uno de los ejes fundamentales de ese Plan», por lo que «uno de los pilares es la formación de los profesionales en el manejo de situaciones de riesgo», explicaron desde la Consejería de Salud.

Así, durante los 13 años de vida del Plan un total de 54.056 profesionales se han formado para saber reaccionar ante una posible agresión o acto violento, tanto en talleres presenciales como en cursos on line, para lo que se ha habilitado una plataforma de teleformación que facilita el acceso a los diferentes contenidos a todos los profesionales.

Más prevención y apoyo para los sanitarios 

No obstante, los sindicatos reclaman «desarrollar protocolos de actuación ante agresiones que no se queden en el papel» y continuar con la «implantación de actuaciones disuasorias, como la instalación de timbres en las plantas», según el SATSE, que también considera necesario «aumentar la formación de los profesionales».

También es esencial que, si se produce una agresión, las víctimas sean «atendidas y apoyadas a nivel profesional y personal en todo momento», en primer lugar por el propio SAS.

Para el presidente del Sindicato Médico (SMA), las causas de las agresiones se hallan en la «insatisfacción del paciente y en todo influye el recorte importante que ha sufrido la sanidad, las listas de espera disparadas, la demora, la falta de personal y de seguridad en los centros y lo barato que suele salir a agredir a un médico o enfermero».

En su opinión, «el SAS genera falsas expectativas, porque la gente acude al médico esperando que le diga lo que quiere oír, elegir especialista sin problemas, ser atendido con rapidez, recibir una atención cercana, etcétera, y la realidad no es así».

Desde el Sindicato Médico Andaluz sostienen que el denominado «botón del pánico, o no existe en los centros o no funciona, y en cualquier caso es un sistema de aviso interno que descarga toda la responsabilidad de ayudar a un profesional en los demás compañeros», según Carrasco, quien afirmó además «que apenas hay cámaras de seguridad ni vigilantes».

Para estos colectivos las primeras medidas que deben tomarse por parte de la Junta de Andalucía para reducir las agresiones serían aumentar las plantillas y el tiempo de atención, así como reducir las esperas. Junto a ello, «facilitar el cambio de centro del agredido o del agresor», añadió.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Carrasco, también se quejó a El Mundo de la falta de apoyo de la administración ante las agresiones físicas o verbales y aseguró: «Estamos solos a la hora de denunciar, no hay facilidades por parte del SAS, no sólo a la hora de rellenar formularios y papeleo, sino a la hora de ir a presentar la denuncia o tramitar una baja, conseguir el pago íntegro de las retribuciones por accidente laboral o cualquier tipo de reclamación por parte del agredido; no son nada proactivos».

En la actualidad, según explica el Sindicato de Enfermería (SATSE) cada comunidad autónoma prevé de manera independiente diferentes estrategias, acciones o protocolos contra las agresiones, y aunque Andalucía fue pionera con la puesta en marcha del Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, «se deben poner en marcha por parte de las administraciones públicas y empresas sanitarias privadas todas las medidas preventivas necesarias para evitar en todo lo posible las agresiones a las enfermeras y enfermeros».

Además, no existe una Ley que regule a nivel estatal las actuaciones necesarias de prevención, sensibilización, información o apoyo para proteger a todos los profesionales.

La unificación de criterios y la creación de un censo o registro de riesgos según los centros y especialidades es algo en lo que coinciden los sindicatos profesionales mayoritarios y también los colegios profesionales de médicos.

En este sentido, se cuenta con un nuevo marco legislativo desde que entrara en vigor, el 1 de julio de 2015, la reforma del Código Penal que considera las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como «delito de atentado contra la autoridad», pero según advierten desde la Organización Médica Colegial, es preciso que las agresiones «sean penadas con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas».

El hecho de que ya se hayan fallado sentencias sobre agresiones en base a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no del Código Penal, responsabilizando a la Administración sanitaria pública de la falta de medidas de prevención, «es otro paso importante para luchar contra la violencia en el ámbito sanitario», señalaron desde este órgano colegial.

En este sentido, el presidente del Sindicato Médico Andaluz recordó que algunos jueces «son reacios a aplicar este criterio y condenar como delito de atentado contra la autoridad, por lo que a veces lo dejan en falta, la mayoría de las veces sin secuelas graves y, por tanto, generando cierta impunidad».

Fuente: El Mundo