Es lamentable que quienes tienen un derecho reconocido por las más altas instancias judiciales tengan que seguir recurriendo a la demanda en la vía contencioso administrativa para poder iniciar la carrera profesional remunerada. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones nuestra comunidad tienen un modelo de carrera que es muy restrictivo y discriminatorio y una de las diferencias más significativas es el hecho de que solo el personal estatutario fijo tenga acceso a la carrera.

Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) venimos exigiendo al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que modifique la normativa y reconozca este derecho para evitar que sigamos sobrecargando los juzgados con demandas innecesarias, pero la postura de la Administración es inamovible y se limita a ofrecer una comisión de trabajo que a partir de final de año comience a reunirse para valorar esta posibilidad.

Ya sabemos, por experiencia, que la creación de una comisión para que se inicie el estudio y valoración de un problema concreto equivale en la práctica a obviar el problema y ésta parece ser la única intención del SAS: postergar lo más posible la negociación y por tanto el pago de las retribuciones asociadas a los distintos niveles de carrera en el personal interino.

Hace años, con el anterior gobierno, ya alertamos de los peligros de judicializar la gestión sanitaria y la gestión de personal, pero parece que nadie aprende de los errores ajenos y el camino que el SAS ha decidido emprender en este caso recuerda al de algunos errores de épocas anteriores.

Saturar los juzgados, movilizar letrados, afrontar gastos jurídicos y costas no parece ser la solución más eficiente, pero si esta es la única alternativa que nos ofrecen no dudaremos en redoblar nuestros esfuerzos en este terreno. Seguiremos animando a nuestros afiliados interinos para que soliciten la carrera a través del registro general y a que acudan al contencioso en caso de respuesta negativa.

Gestionar al margen o en contra de sentencias firmes no debiera ser una práctica aceptable en un estado de derecho, pero desgraciadamente cada vez tenemos más ejemplos de “malgestionar” lo público.

Fdo: Comité Ejecutivo del SMA-F