La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y por tanto el Sindicato Médico Andaluz como miembro de CESM, se suman hoy a la celebración del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario haciendo una llamada a profesionales, pacientes y autoridades políticas y judiciales para luchar juntos contra esta lacra, de la que tiene constancia que va a más, particularmente en el caso de las manifestaciones de violencia que no son de naturaleza física.

Según estimaciones solventes, hasta el 85% de los médicos han experimentado alguna vez episodios de violencia física, verbal o gestual por parte de pacientes o familiares, y el perfil mayoritario de la víctima es el de una mujer médico que trabaja en el ámbito extrahospitalario.

CESM valora como se merece lo avanzado hasta la fecha en aspectos como: considerar al médico autoridad pública (de modo que la agresión denunciada sea susceptible de ser considerada delito en vez de falta), la puesta en práctica en la mayoría de CCAA de protocolos de actuación, la creación en 2017 del Interlocutor Policial Sanitario, o que ya haya sentencias  en base a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no del Código Penal (responsabilizando así a la Administración sanitaria pública de la falta de medidas de prevención).

Pero, a pesar de todos estos logros, lo cierto es que las agresiones al personal sanitario es un fenómeno que lamentablemente va a más, por lo que seguramente el flanco a reforzar es el de evitar que se materialicen.

Medidas preventivas

La prevención de las agresiones debe estar orientada a implementar todo tipo de recursos para garantizar la integridad física de los facultativos en todos los centros y, de modo especial, en aquellos más conflictivos, que por regla general son de Atención Primaria, ya que suelen ser también los más desprotegidos.

Las actuaciones en este sentido son muchas y todas ellas complementarias:

• Más y mejores dispositivos de seguridad en los centros (vigilantes de seguridad que protejan a los profesionales, al menos en los centros más conflictivos, cámaras, interfonos y timbres de alarma, softwares específicos en ordenadores y teléfonos móviles, etc.).

• Realización de las visitas domiciliarias por parejas y con dispositivos de seguridad personales que permitan su localización.

• Establecer programas de capacitación a los profesionales para afrontar situaciones difíciles

Actuar sobre aquellos factores que disparan la agresividad de ciertos pacientes y familiares, y que también está en manos de la Administración sanitaria corregir. Entre ellos hay que destacar la masificación de la asistencia provocada por el recorte en recursos humanos y técnicos. En este sentido, ampliar plantillas e invertir en sanidad es fundamental, porque la falta de recursos y excesivas expectativas crea frustraciones en los pacientes que sirven de caldo de cultivo para las agresiones, aunque, obviamente, en ningún caso las justifican.

Otras actuaciones

Junto a ello, otras vías de actuación son:

• Los casos notificados se encuentran por debajo de la realidad. El médico debe concienciarse de seguir los protocolos de prevención y denunciar todo tipo de agresiones, ya sea físicas, gestuales o de tipo verbal (injurias, calumnias, amenazas, coacciones o vejaciones).

• Sigue pendiente la elaboración de planes y protocolos integrales de prevención que sean uniformes en todas las CCAA y tengan como objetivo dotar a los profesionales de la sanidad de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo, así como crear u sistema de atención inmediata al profesional agredido que suponga su relevo del trabajo y la asistencia médica necesaria hasta su completa recuperación.

• Extender con carácter general la asistencia sanitaria y psicológica a los facultativos víctimas de cualquier tipo de violencia general, así como el asesoramiento legal y la defensa jurídica por expertos penalistas, ya que ha de ser la Administración quien persiga de oficio a los agresores de sus trabajadores.

• Unificar la tipificación judicial para que las agresiones sean penadas con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas y así evitar que las lesiones y amenazas sean consideradas delito, en unos casos y faltas en otros.

• Avanzar en procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes.

• Conceder a los profesionales la presunción de veracidad al enjuiciar los hechos cuando no hay testigos

• Campañas para concienciar a la sociedad de las agresiones a sanitarios y de que los servicios sanitarios son un bien público que hay que cuidar y utilizar de forma responsable.   

Fuente: CESM