Resulta paradójico que una cepa del SARS-COV-2 que nos presentan muchos científicos como más benévola en cuanto a su capacidad de producir morbimortalidad en sus huéspedes, y con una población que ronda el 90% de vacunación frente a su antecesor el coronavirus de Wuhan, pueda asestar el golpe mortal a una ya maltrecha Atención Primaria (AP) en nuestra comunidad.

Es la sexta ola de “bajas laborales” por Covid-19, pero por una falta absoluta de previsión de nuestros gestores, una vez más, se ponen a prueba las debilitadas costuras de un Sistema Sanitario Público en general y de la AP en particular.

La explosión de contagios causada por Ómicron ha dado lugar al colapso de la Atención Primaria como no se había vivido en ninguna de las anteriores olas. El colapso ahora viene motivado por aluvión de bajas laborales que origina la nueva variante. La baja laboral (IT) tiene un aspecto dual en su gestión. Por un lado, se trata de un acto médico legal y por otro lado una vertiente administrativa. Antes de la pandemia, se estimaba que el impacto de la IT en la actividad asistencial podría suponer un 30-40% de las demandas diarias (emisión de partes, revisión de pacientes, realización de informes, requerimientos de inspección, demora en la realización de pruebas complementarias y derivaciones pertinentes a especialistas). En olas anteriores nunca se concentraron tal volumen de contagios en tan poco tiempo. Para hacernos una idea; del 1 al 29 de diciembre de 2021 se han gestionado en Andalucía 63.000 bajas laborales por Covid-19, entre el 30 de diciembre y el 12 de enero se han solicitado a través de la APP Salud Responde más de 110.000 solicitudes de IT. Globalmente esto ha supuesto un incremento del 1023% en diciembre con respecto al mes de noviembre.

¿Qué han hecho nuestros gestores para paliar el impacto de este tsunami de IT sobre el SSPA y la AP en particular?:

1. Preventivamente NADA.

2. Aplicar la misma estrategia de detección y aislamiento de casos y contactos estrechos no vacunados que en 2020. Casi dos años después, 5 olas epidémicas, capacidad para realizar PCR, test de antígenos y autotest de AG de farmacias, y la estrategia sea la misma que en marzo de 2020 es como para reflexionar profundamente acerca de la aptitud de algunos gestores sanitarios.

3. Llamamiento a jubilados para colaborar altruistamente, pese a ser un grupo de vulnerables en muchos casos, que se la podrían estar jugando.

4. Repartir la gestión de la IT con los servicios de inspección médica, hasta ahora gestionaban las bajas laborales por Covid-19 del personal sanitario (más de 115.000 trabajadores del SAS). Desde la semana pasada también gestionan la IT de otros colectivos.

5. Acto único para la emisión del parte IT de baja y alta por un periodo de 7 días. Según datos del INSS la duración media de los procesos de IT por Covid-19 es de aproximadamente 10 días.

Puede que el impacto de todas estas medidas no sea lo suficientemente significativo en cuanto a la reducción de la sobrecarga que el tsunami de IT está causando en AP. Además de estar sobrecargando a otros profesionales en el ámbito de la inspección médica que tampoco han visto reforzados sus recursos o al menos eso nos transmiten desde esta institución.

Al menos hay dos medidas que la administración si podría haber tomado ya: Nuestro Consejero de Sanidad anunciaba en septiembre pasado la creación del administrativo de la salud, como uno de las medidas estrella que aliviarían de carga burocrática las consultas de AP, porque reducirá el impacto de las IT en la actividad asistencial. Una vez más asistimos al  bochornoso espectáculo de las promesas incumplidas al no haber sido implementado esta figura.

Por otro lado, actualmente existen en Andalucía más de 1.600.000 trabajadores por cuenta ajena y más de 509.000 autónomos por cuenta propia protegidos de las contingencias comunes al amparo de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Dicha protección no se ciñe solo a la prestación económica, las mutuas además ofrecen a los trabajadores protegidos soluciones de diagnóstico y tratamiento para las patologías que motivan sus bajas laborales. El resultado de esta colaboración se supone que si se aceleranlos procesos de diagnóstico, tratamiento y por tanto curación de los trabajadores, lo que mejora la productividad y competitividad de las empresas. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social que operan en Andalucía cuentan con una potente red de centros sanitarios propios capaces de dar protección por contingencias comunes a más de 2.150.000 trabajadores andaluces.

Poder contar con la colaboración de estas empresas para las tareas de diagnóstico médico inicial del Covid-19 y participar activamente en el seguimiento de los casos aportaría beneficios inmediatos y a cortoplazo de alivio de presión asistencial en los centros de salud.

El impacto de esta medida podría suponer de forma inmediata dejar libres entre 15 y 20 citas en la consulta de los médicos de familia, aliviar un 25-30% la presión asistencial en AP por motivo de la IT.

Una vez más desde la Consejería de Salud andaluza se procede con actitud displicente hacia la Atención Primaria. Nuestros gestores sanitarios nos dicen que no se puede articular un concierto urgente con mutuas legalmente capacitadas para prestar servicios sanitarios.

¡Ya está bien de excusas para no asumir responsabilidadespor pensar en las consecuencias políticas cortoplacistas! Vivimos tiempos difíciles que se prestan a teorías conspirativas, muchas veces propiciadas por las formas de proceder de los gobiernos. Que la variante Ómicron no aparezca en los informes epidemiológicos que se presentan al Consejo de Gobierno andaluz y que los positivos Covid-19 de los test de autodiagnóstico no se contabilicen para calcular las tasas de incidencia ni el número de casos COVID-19, estamos convencidos que no forma parte de una estrategia para lavar los números astronómicos de casos que hay que gestionar, y por supuesto la ausencia de concierto con las mutuas nada tiene que ver con que de existir éste estarían obligadas a declarar un ingente número de casos que vendría a ensombrecer, aún más, la gestión de una pandemia que está llevando al SSPA en general y a la Atención Primaria en particular al borde del abismo, si no está ya despeñada en el fondo… 

Comité Ejecutivo

Sindicato Médico Granada