Las tres medidas que, a juicio de los sindicatos, incidieron directamente en las retribuciones de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) han tenido los nombres y apellidos del Real Decreto-ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para equilibrar el déficit público, que supuso una reducción de un cinco por ciento de la masa salarial de los empleados públicos; el Real Decreto-Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, que eliminó la paga extraordinaria de diciembre de 2012; y la Ley 20/2011, que estableció con carácter general para los empleados públicos una jornada laboral mínima de 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio sin incremento retributivo alguno.

Tras esta tormenta normativa, «recuperar lo perdido» era la ‘calma’ que esperaban las centrales para amainar el clima de inestabilidad, pero más allá de este deseo se ha llegado a tensar aún más la situación. Esa recuperación de algunos derechos laborales fue la moneda de cambio electoral. Además de la ‘archiconocida’ petición de la oposición de la derogación del RD 16/2012, algunas formaciones comenzaron a defender la reducción en dos horas y media de la jornada laboral, hasta las 35 horas a la semana, o al menos, una compensación a los profesionales al respecto.

Izquierda Unida fue uno de los que lo mencionó en su carta de presentación para las elecciones del 20-D. Podemos también recogió el testigo y de hecho, ha abanderado en varias comunidades propuestas normativas para impulsar esta reducción en forma de PNL. Los que no se han puesto de acuerdo hasta el momento son PP y PSOE, donde en algunas autonomías defienden reducir las dos horas y media la jornada y en otras se cierran en banda. Como aseguran los responsables sindicales la llave podría estar en las coaliciones políticas que en algunos casos podrían sumar para restablecer la jornada a los funcionarios.

Tras mantener algunos encuentros en las mesas negociadoras, las organizaciones sindicales tienen claro que los partidos políticos se preparan de cara a la cita electoral retomando su discurso. Pero a la espera del 26-J ya se han dado algunos pasos, poco fructíferos, como la creación de normativas autonómicas que ya se han topado con la ley estatal y Mariano Rajoy.

El caso manchego

Así, el presidente del Gobierno en funciones decidió activar hace unos meses el mecanismo jurídico para presentar ante el Constitucional el recurso que paralizase la vuelta a la jornada laboral de 35 horas. Lo consiguió con Castilla-La Mancha y País Vasco. De este modo, para que otra comunidad mueva ficha «será necesario esperar a un nuevo Gobierno», indica el presidente de CSI-F, Fernando Molina, al tiempo que explica que a falta de este cambio se debería pensar en buscar otras fórmulas como la revisión de guardias, turnos, etc.

La comunidad manchega fue pionera en su decisión, ya que en diciembre de 2015 decidía devolver a sus trabajadores la jornada de 35 horas y echar por tierra la normativa estatal —País Vasco adoptó esta iniciativa en febrero—. Ante esta situación, el Gobierno recurrió la decisión del Parlamento manchego, que cuando fue aprobada contó con los votos a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP. En País Vasco la Abogacía del Estado llevó al Tribunal Superior autonómico la regulación aprobada por el Ejecutivo de Íñigo Urkullu al entender que Euskadi carece de competencias para alterar las disposiciones sobre la jornada.

En Castilla y León, la consejería de Sanidad dirigida por Antonio María Sáez Aguado descartó volver a las 35 horas, porque «dispararía el presupuesto de este departamento», sin una evaluación previa y un plan de financiación. En las últimas semanas, Sáez Aguado se ha mostrado partidario de retomar esta opción, y señaló su intención de pedir al Gobierno que lo reconsidere.

El gobierno extremeño de Emiliano García-Page siempre ha defendido estabilizar la jornada. La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta lleva unos meses estudiando la implantación de las 35 horas semanales para los empleados públicos para este año, tras la negociación con los sindicatos. Probablemente, esperar a un nuevo gobierno sea la postura que tome el ejecutivo regional para cumplir con el compromiso que se marcó el socialista en las pasadas elecciones.

La Comunidad de Madrid está más reacia, aunque en algún momento sí que han barajado la reforma. Los sindicatos madrileños creen que esta reducción tiene una viabilidad legal ajustando los diez minutos de flexibilidad anual de los que disfrutan los funcionarios anualmente. Si bien hace unas semanas, el portavoz del Gobierno Madrileño, Ángel Garrido, aseguró que la comunidad está «abierta» a mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, siempre que se haga teniendo en cuenta los recursos públicos disponibles.

En La Rioja la batalla por la recuperación se libra en el Parlamento. Los profesionales recuerdan que las 35 horas semanales suponen una mejora en las condiciones de trabajo de los empleados y una buena herramienta para generar empleo en los servicios públicos y rejuvenecer sus plantillas. Esta medida posibilitaría la creación de unos 500 empleos directos en el conjunto de las administraciones públicas.

En Canarias descartan totalmente esta reducción ya que en cualquier caso depende del Ejecutivo Central. No obstante, estudian medidas compensatorias para los profesionales sanitarios.

Como asegura Francisco Miralles, secretario general de CESM, en Murcia tampoco hay visos de que los funcionarios reajusten su jornada. «El Gobierno se cierra en banda a esta petición», asegura el sindicalista.

Los que sí que están volcados con esta reivindicación son los sindicatos andaluces, que no sólo han llevado a cabo recogida de firmas para reclamar al gobierno este asunto, sino que preparan movilizaciones contra la «impasividad gubernamental». Así lo reconoce el presidente del sindicato médico andaluz, Antonio Rico. La comunidad lleva meses reclamando este derecho, pero en este caso es el PSOE el que se cierra en banda. Ante esto, las fuerzas sindicales también han hecho presión con otras formaciones, remitiendo un escrito a los grupos parlamentarios para que inicien los trámites para el desarrollo de una Proposición de Ley.

Antonio Matador, secretario general del sindicato médico asturiano (Simeg), asegura también que tras más de año y medio de lucha por esta petición no tiene esperanzas. Es verdad que la formación morada presentó una PNL a favor de las 35 horas con el apoyo de todas las formaciones a excepción del PSOE, su leivmotive fue la falta de presupuesto para ello. Lo único que podría salvar esta propuesta es la minoría socialista de la comunidad que permitirá que PP y Podemos consoliden su acuerdo en favor de esta recuperación y apliquen la reducción.

Con todo, tanto Miralles como Molina creen que habrá que esperar al futuro Gobierno y al compromiso que tenga con retomar la jornada. Si bien, dependerá también de los presupuestos de cada autonomía, «porque esta medida conlleva más dinero».