Para hacer frente a la pandemia de Covid-19, el Gobierno de España ha dictado una serie de polémicas medidas en el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Esta norma, cuya aplicación corresponde a las autonomías, ataca elementos esenciales del sistema sanitario con el fin de paliar las graves carencias del sistema sanitario, que la pandemia ha puesto al descubierto. Frente a la crisis sanitaria, el Gobierno central propone medidas desesperadas, de dudosa efectividad, que disminuirán la calidad de la asistencia sanitaria y agravarán la situaciónde los propios médicos, alentando su huida del sistema sanitario público.

El Gobierno, mediante este Real Decreto, autoriza a las comunidades a desplazar a los médicos a unidades diferentes de la suya. Es decir, un médico especialista en cardiología podría ser destinado a la Unidad de Urgencias o a la de Medicina Interna. También autoriza el desplazamiento de médicos y enfermeros de Atención Hospitalaria (AH) a la Atención Primaria (AP), para realizar las funciones del “personal médico de atención primaria”. Por otra parte, los médicos de AP también podrían ser destinados a sus hospitalesde referencia o a hospitales de campaña. Asimismo, el Real Decreto permite que cualquier funcionario con el título de médico sea destinado a labores asistenciales, aunque carezca de experiencia y de formación para ello. El Real Decreto también autoriza la contratación de médicos no especialistas, tanto españoles como extranjeros, para realizar funciones propias de médicos especialistas, y autoriza la contratación de médicos especialistas extranjeros incluso en el caso de que el Comité de evaluación responsable de verificar su formación estime que esta no se ajusta a lo exigido en nuestro país.

El contenido de este Real Decreto parece dictado por el pánico. ¿Alguien se imagina una serie de normas similares en países como Francia o Alemania? Solo un país con un sistema sanitario bajo mínimos, mal financiado y con plantillas insuficientes, puede necesitar recurrir a estas medidas desesperadas para prestar asistencia sanitaria a la población. En esta norma late el menosprecio a la Atención Primaria que caracteriza a nuestro sistema sanitario y que explica el mal control de la pandemia: ¿Acaso no son especialistas los médicos de familia? ¿De verdad se pretende que el personal de enfermería realice labores propias de los médicos de familia? ¿Autoriza esta norma el intrusismo profesional? ¿Merecen nuestros conciudadanos una asistencia especializada prestada por médicos de otras especialidades, o sin la formación adecuada, o incluso sin ninguna calificación en absoluto?

El Gobierno, con esta norma, demuestra su desesperación. Durante años, sucesivos Gobiernos nacionales y autonómicos han destruido la sanidad pública española y la andaluza en particular, con su politización, infrafinanciación y mala gestión. Ahora, ante el desastre, levantan las barreras que protegían a los profesionales del atropello y garantizaban a los ciudadanos una asistencia de cierta calidad. ¿Así piensan hacer frente al virus?

Confiamos que desde el Gobierno Central se anule este Real Decreto o se modifique de forma sustancial para garantizar una asistencia sanitaria de calidad a nuestros ciudadanos, evitar el intrusismo y mantener los derechos laborales de nuestros facultativos.

Además y dado que la aplicación de esta norma depende de las autonomías, el SMA ha solicitado una reunión urgente con la Consejería de Salud para conocer su posición acerca de la aplicación de este infame Real Decreto. Confiamos en que, si este RD sigue su camino, por lo menos en Andalucía se imponga la sensatez y esta normativa nunca llegue a aplicarse. En caso contrario, nos veríamos obligados a adoptar las medidas necesarias para proteger la calidad de la asistencia sanitaria y los legítimos derechos de los trabajadores.

Comité Ejecutivo SMA