El Gobierno, a través de el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha transmitido a los sindicatos que está dispuesto a negociar todas las peticiones realizadas por los representantes de los funcionarios. Y en esa lista está incluida la recuperación de las 35 horas en aquellos ámbitos de la Administración Pública que tenían esta jornada laboral antes de la crisis.

Función Pública ha transmitido a los sindicatos presentes en la Mesa de Negociación que están dispuestos a recuperar la negociación colectiva, lo que puede implicar la recuperación de la jornada de 35 horas allá donde las hubiera. Esto supondría dar marcha atrás a la medida que el Gobierno introdujo en 2012, cuando elevó la jornada laboral para ahorrar gastos en pleno proceso de contención del abultado déficit presupuestario. Los propios sindicatos remarcan el hecho de que Montoro vaya a liderar las negociaciones a partir del próximo lunes es significativo de que hay buena predisposición por parte del Gobierno.

Además, esta concesión facilitaría el acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos porque, si bien la subida salarial de hasta un 8% en tres años que propone Función Pública parece no convencer a los representantes sindicales, el hecho de que cada Administración pueda negociar su jornada laboral y se pueda también recuperar la carrera profesional sería muy bien recibida.

El Ministerio, por ahora, no confirma esta posibilidad en público pero tampoco la niega y ya en julio el Ejecutivo dio pistas de que podría incluir la medida en los Presupuestos de 2018. Si finalmente se llega a un pacto, Función Pública cedería a una de las principales reclamaciones de los funcionarios. Las otras son la recuperación del poder adquisitivo perdido y la equiparación salarial entre los funcionarios de la Administración General del Estado y los públicos de las comunidades.

El posible cambio de criterio en el Gobierno se intuye además en otros leves movimientos que se han producido en los últimos meses. Andalucía fue la última comunidad en aplicar las 35 horas y que el Ejecutivo llevó al Tribunal Constitucional por incumplir la ley nacional. Antes que Susana Díaz lo intentó el País Vasco y Castilla-La Mancha con idéntico resultado en los tribunales. Pero, pese al varapalo del TC una nueva negociación sindical ha permitido a la Junta de Andalucía mantener su compromiso con la jornada reducida, ya que oficialmente se asumen las 37,5 horas pero 2,5 son de teletrabajo. Este tipo de arreglo es el que se quiere generalizar ahora a nivel nacional.  

¡¡Cuidado, cuidado!!

Fuente: El Mundo