Las diferencias en financiación y recursos sanitarios siguen aumentando entre regiones. Así, Andalucía gasta en Sanidad 1.048,57 euros por habitante, un 50% menos que el País Vasco (1581,09) o Asturias (1.587,77), las que más dinero destinan por ciudadano.

Las diferencias en el dinero invertido se aprecian también en la percepción ciudadana sobre los servicios sanitarios, así como en los recursos con los que cuenta cada región: desde el número de camas, pasando por el número de profesionales (médicos, enfermeras…) por cada 1.000 habitantes, hasta las listas de espera. «El presupuesto es bastante determinante si se mantiene a medio plazo. Pero no siempre las que menos gastan son las que peores servicios ofrecen. Algunas comunidades gastan menos en farmacia, por ejemplo, y tienen para gastar más en otros servicios», señala Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que presentó ayer el XIII informe Los Servicios Sanitarios de las CCAA.

El informe, que se realiza desde 2004, valora los servicios sanitarios de las distintas regiones en función de 28 parámetros, entre ellos el gasto per cápita por comunidades, las camas por 1.000 habitantes, el gasto farmacéutico, la satisfacción de los usuarios según el Barómetro Sanitario, la privatización de los servicios sanitarios o las listas de espera. La puntuación máxima posible es de 106 puntos y la mínima, 26. La media obtenida por todas las regiones es 65,7, con un rango de confianza para la media de entre 59,79 y 71,62.

Siguiendo esos criterios, el informe establece que las comunidades con mejores servicios sanitarios son Navarra (83 puntos), Aragón (82) y País Vasco (82). Las regiones con servicios sanitarios regulares son Castilla y León (73), Asturias (69), Castilla-La Mancha (68), Extremadura (68), Galicia (68) y La Rioja (68). Les siguen Cantabria (64), Madrid (62), Baleares (60) y Andalucía (57), consideradas con servicios sanitarios deficientes, y cierran la clasificación Cataluña (55), Murcia (55), Canarias (49) y Valencia (46).

Sánchez Bayle destaca como cambios llamativos la subida de Extremadura y Castilla-La Mancha en siete puntos, así como la bajada de Andalucía, Cantabria y Murcia en cuatro puntos. El resto de comunidades se sitúan en posiciones similares a años anteriores. Las tres primeras se mueven siempre en esos tres primeros puestos, mientras que los puestos de cola -Canarias y Valencia- no han cambiado los últimos ocho años (Valencia es la última en 11 de los 12 años analizados).

En el presupuesto influyen también otros muchos factores, como el envejecimiento de la población -las personas mayores usan más los servicios sanitarios- o la dispersión: las regiones con superficie más pequeña y mucha densidad de población no tienen que mantener servicios que no se justifican, explica Sánchez Bayle. «Por eso usamos muchos criterios para medir las diferencias y lo que vemos es que hay un retroceso general del sistema sanitario de 2009 a 2015, tanto el funcionamiento del propio sistema como la percepción ciudadana han bajado [ésta en 10 puntos]».

A la FADSP le preocupa el proceso de recortes desde 2009, de entre 15.000 y 21.000 millones de euros menos, según las diversas fuentes. «Recortes que se han producido en todas las CCAA sin excepción, pero cuya intensidad ha variado mucho de unas a otras», indica el informe, que asegura que si la amenaza de la UE de imponer nuevos recortes en el gasto público se produce, en torno al 30% podría recaer sobre los servicios sanitarios. «Nuevos recortes nos abocan al desastre. No necesitamos recortes, sino incrementar los recursos», comenta Sánchez Bayle. 

El portavoz de la FADSP indica que las diferencias entre comunidades son excesivas desde hace años y el esfuerzo para reducirlas se puede hacer de varias formas.»Incrementando los fondos de cohesión para atender a esas desigualdades; haciendo un plan de salud a nivel nacional con fondos específicos; o estableciendo un mecanismo de financiación finalista. Hasta ahora, una comunidad recibe una cantidad para todos los servicios que tiene transferidos y decide cómo distribuirlos. Con este mecanismo habría un presupuesto sólo para Sanidad, lo que reduciría la enorme disparidad en financiación«.

El documento estudia datos de 2014 y 2015, y algunos de 2016, por lo que la Federación aclara que es pronto para ver reflejados los efectos de los cambios de gobierno tras las últimas autonómicas. También denuncia la dificultad para acceder a los datos a pesar de la aprobación de la ley de Transparencia. «Sigue siendo imposible para la población, para los investigadores y para los organismos internacionales, como puede verificarse en el último informe de la OCDE, que para España sigue ofreciendo datos de 2013».

Fuente: El Mundo