1383 casos pendientes en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jerez, que tiene a su cargo 21 municipios entre los partidos judiciales de Jerez, Arcos y Ubrique. En la actualidad, ya se están señalando juicios orales para el 27 de abril de 2017. 

Colapso es la palabra que menos le gusta al SAS y la que más la practica.  

Pero lo realmente importante no son las cifras, sino el hecho de quién es el principal responsable de que este Juzgado de lo Contencioso Administrativo esté saturado. Pues bien, la responsable de que la Consejería de Justicia de la Junta no dé abasto en Jerez es otra Consejería de la Administración autonómica, la de Salud. El hecho irrefutable es que el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, es quien llena de asuntos este Juzgado. 

El juez titular de este órgano, Antonio Cortés Copete, señala que «el 60% de los casos que se ven en el Juzgado proceden precisamente del SAS». 

Se trata sobre todo de demandas de días adicionales de libre disposición, complementos de ‘atención continuada B’ o acerca del recorte salarial de los 44 días. Según trascendió, lo grave de este asunto es que son casos que la Junta lleva a juicio, colapsando el servicio, sabiendo que la causa está perdida desde el principio. Ello provoca que las sentencias den la razón a los demandantes y la Junta tenga que pagar las costas del juicio, las cuales suelen ascender a más de 500 euros que, como es obvio, se pagan con dinero público. 

«Todo ello provoca que el SAS colapsa el Juzgado e impide que haya más celeridad para otras demandas». Otro factor añadido es que el retraso a la hora de que un caso obtenga sentencia provoca que a la hora de pagar (si ha lugar a ello) los intereses legales más siete puntos que marca la ley se disparen. 

Además, el selecto equipo de abogados de la Junta de Andalucía (de los mejores de España, según se dice) están centrados en batallas perdidas y no puedan acometer otros menesteres. Hay esperas de más de un año.

Esta es la estrategia que tiene el SAS con muchos asuntos: «Se que lo que hago es ilegal, pero lo hago y si no estas de acuerdo, demándame». Es la política de alargar los problemas en el tiempo a costa de pagar decenas de miles de euros de dinero público.

Fuente: Diario de Jerez