En una delirante circular del pasado 13 de julio, el Director Gerente del Área de Gestión Sanitaria (AGS) de Osuna ordena a los Directores y Coordinadores de los Centros de Salud y los Consultorios que cuando se produzca una concentración en los “exteriores” de esos edificios “se dé inmediatamente traslado al 062 (Guardia Civil) informando de lo que está aconteciendo”. El Director Gerente explica que la dotación que se persone en el lugar “vigilará la actuación de los concentrados” y ordena a los Directores que se entrevisten con los agentes “para trasladarles qué afectación se está provocando en el normal funcionamiento del centro”. También indica que deben informar de todo al equipo directivo.

La actuación de los actuales gestores del SAS nos recuerda con frecuencia a la de Gobiernos anteriores. Por desgracia, esta circular va más allá, pues tiene resonancias preconstitucionales. De hecho, la extraordinaria gravedad de las órdenes que se vierten en este comunicado debería alarmar a la población general.

El derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental consagrado en el artículo 21 de la Constitución española. La única limitación que establece la Constitución a su ejercicio es el deber de que, cuando se trata de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, se dé “comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

Las actuaciones que el Director Gerente del AGS de Osuna ordena a sus subordinados en su insólita circular persiguen presionar a las personas concentradas ante los centros y limitar el ejercicio de su derecho de manifestación. Afortunadamente, la profesionalidad de la Guardia Civil garantizará que semejante objetivo nunca sea alcanzado. 

Sin embargo, este episodio podría revestir una gravedad aún mayor si se conforma que, como publica la prensa, estas instrucciones emanan de un “protocolo” del SAS contra las manifestaciones en los Centros de Atención Primaria. No queremos pensar que el SAS haya dado instrucciones para coartar de manera aparentemente inconstitucional el ejercicio del derecho de manifestación. En todo caso, el mejor modo de despejar cualquier duda es que el propio SAS desmienta de manera inmediata esta noticia y cese de manera fulminante al Directivo autor de estas instrucciones.

El SAS se encuentra ante un dilema que, al parecer, es incapaz de resolver: o tiende puentes hacia el colectivo de los facultativos y se decide a establecer con nosotros un diálogo honesto y productivo, o persiste en su cerrazón, a la que ahora podría sumar elementos represivos. Parece evidente que solo una de estas opciones es aceptable. Ojalá la Consejera de Salud lo acabe viendo.

Por lo que respecta a nuestra organización, nuestro ofrecimiento de diálogo y entendimiento sigue siendo tan firme como será nuestra defensa del derecho de manifestación de los ciudadanos y de los derechos pisoteados de los facultativos. Bajo ningún concepto vamos a tolerar actitudes coercitivas como las descritas en esta circular, cuyo contenido estamos estudiando jurídicamente para emprender, en su caso, las acciones judiciales oportunas.

Comité Ejecutivo SMA-F