El SAS ha desistido del recurso de apelación que había interpuesto contra la sentencia que declaró ilegal el proceso selectivo para cubrir veintidós plazas de facultativo especialista de área en Atención Temprana. De esta manera, asume íntegramente el cumplimiento de la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de Sevilla y debe anular las plazas adjudicadas. No deja de causar extrañeza y perplejidad esta retirada del recurso, toda vez que no casa bien con la actitud prepotente y de manifiesto desprecio que en la práctica ha mostrado frente al cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Vaya por delante que nuestra organización defenderá siempre la necesidad de centros específicos y multidisciplinares de Atención Temprana que garanticen una asistencia de calidad a los andaluces; pero la cobertura de las plazas debe realizarse con la máxima transparencia de manera que los profesionales cualificados puedan optar a los puestos en igualdad de condiciones y que los nombramientos se hagan según la normativa vigente. Siempre hemos reaccionado en contra de las actitudes prepotentes, arbitrarias e ilegales, y no sólo en cumplimiento del cometido que como sindicato nos corresponde en defensa de los intereses colectivos de los afiliados, sino porque, en definitiva, este tipo de actuaciones perjudican el sistema sanitario en su conjunto y empañan la visión que los usuarios tienen del servicio, que con tanto esfuerzo y dedicación sostienen diariamente miles de profesionales sanitarios.

Dicho esto, nos congratulamos una vez más de que la justicia nos haya dado la razón en todas nuestras tesis y haya dejado patente esa falta de respeto a la legalidad y a sus propias normas que el SAS exhibe sin pudor alguno. En efecto, esta actuación no ha pasado desapercibida por la jueza, que con una inusual dureza, ha condenado al SAS a pagar 2.000 euros de costas, cuando lo habitual es que los jueces sean bastante comedidos a la hora de condenar en costas a la Administración porque, al fin y al cabo, somos los contribuyentes los que terminamos soportando estas condenas, de manera que, aun perdiendo la Administración, o no se imponen o suelen ser cantidades muy inferiores. 

Por ello, el hecho de que la condena en costas sea una cantidad importante debe hacernos reflexionar sobre un par de cuestiones: la primera sugiere que la defensa de los argumentos del SAS era tan inconsistente y la ilegalidad tan manifiesta que el juez ha considerado que la condena en costas debía ser una cantidad ejemplarizante y disuasoria para el futuro; por otro lado nos da una idea de qué poco le cuesta a la administración sanitaria defender lo indefendible cuando el dinero es de los demás;  ¿No fue una Ministra de Cultura la que dijo que “estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie?.

Pero más interesante aún es el análisis de por qué el SAS después de presentar un recurso de apelación ante el TSJA, ha decidido desistir, incluso creemos que también haya podido influir en los profesionales que cubrieron las plazas para que también desistan. Caben dos posibilidades: la primera es que una sentencia del juzgado de primera instancia de Sevilla, al fin y al cabo, tiene una limitada repercusión mediática y sin embargo, una más que probable ratificación de la sentencia por el TSJA supondría un duro varapalo para los intereses futuros del SAS y su repercusión mediática dificultaría enormemente sus intenciones de “dedocracia”; la segunda es que haya decidido no perder más tiempo “en tonterías” y retome un camino ya habitual en estos casos, es decir, que piense mantener todos los nombramientos tal como están, pero lo haga a través de procedimientos administrativos paralelos cuyo único objetivo es burlar las decisiones judiciales: recordemos cuantos nombramientos siguen “en funciones” después de meses/años de sentencias en contra. 

Ahora el SAS dispone de dos meses para ejecutar la sentencia y mucho nos tememos que no lo hará. Nos obligará a solicitar la ejecución, a volver a iniciar trámites legales y a hacer trabajar a los jueces. Alegará problemas asistenciales, se demorará sin justificación, jugará con nuestro tiempo y el de la Judicatura y lo hará con el dinero de todos, que para eso si hay dinero.

Nosotros desde aquí lanzamos el reto. Creemos que no van a dar marcha atrás, que llegará agosto y todo seguirá igual, que piensan seguir haciendo lo que les da la gana sin plegarse a norma alguna; pero el SMA no va a dejar que estos casos sigan ocurriendo, estaremos atentos a las fechas y a los movimientos y exigiremos el cumplimiento de estas y otras sentencias “como si en un estado de derecho autonómico nos encontráramos” y volveremos a denunciar este hecho a la opinión pública tantas veces como sea necesario.

Porque Andalucía no se merece una administración sanitaria tan oligárquica, narcisista y alejada de la norma y los intereses de los ciudadanos.

Comité Ejecutivo SMA