La Consejería de Salud, que pagará 1,49 millones por la organización a una empresa externa, admite que realizará las pruebas con sus recursos si se mantiene la suspensión cautelar. En esto gasta su dinero la Consejería. Y los profesionales sin recuperar nuestros derechos.

Las primeras oposiciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en ocho años comienzan en tres semanas. El 13 de diciembre están llamados los aspirantes a las 59 plazas de técnicos y técnicos medios de gestión de Función Administrativa.

La Consejería de Salud encargó la logística de todo el proceso, que está previsto que finalice el 14 de febrero de 2016, a una empresa externa, con un coste de 1,49 millones, la propuesta más cara de las presentadas. La segunda clasificada ofrecía realizar el trabajo por algo más de un millón de euros.

Fueron tres las empresas que presentaron sus credenciales para hacerse con el jugoso contrato. El recurso de una de ellas, la UTE Odec-Impaorsa, mantiene en suspenso el procedimiento desde hace más de un mes. El contrato incluye aspectos como la confidencialidad sobre los exámenes y hojas de respuesta; digitalización de expedientes o la recogida de las pruebas una vez finalizadas en cada tribunal.

La adjudicación se cerró a finales de agosto, quedando la reclamante en segundo lugar por cinco puntos de diferencia. En la valoración subjetiva –no automática, según lenguaje de la mesa de contratación–, la ganadora logró 20 puntos; 3,4 la segunda; y ninguno la tercera en discordia. En la valoración automática, las tres lograron la máxima en el informe técnico (40 puntos); mientras que en la oferta económica la máxima puntuación fue para la ahora reclamante, con una rebaja sobre el precio de salida del 39%. La UTE recurrente presentaba una reducción del coste hasta los 885.000 euros (más IVA), frente al 1,2 millones por los que finalmente se adjudicó –el presupuesto base alcanzaba los 1,75 millones, incluyendo el IVA–.

Este contratiempo pone teóricamente contra las cuerdas la celebración de las pruebas de selección de funcionarios para las que la Junta barajaba una horquilla de hasta 300.000 opositores, según figura en el pliego de prescripciones técnicas, que finalmente se han quedado en la mitad para los 3.282 puestos ofertados. 

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Salud aseguraron a LA RAZÓN que los exámenes se celebrarán tal y como está previsto empleando para ello «medios propios» si la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta no llegara a tiempo o fuera de nuevo recurrida, extremos ambos que pueden producirse. En respuesta escrita, señalaron que «los primeros exámenes se desarrollarán con medios propios de la Junta de Andalucía. En cuanto a los siguientes, no creemos que haya problemas porque esperamos la resolución de manera casi inmediata, pero si así fuera también lo asumiríamos con medios propios». Niega así que vaya a suponer un retraso en las fechas anunciadas, por lo que se mantiene el 13 de diciembre como inicio y se extenderán hasta el 14 de febrero para cubrir las 28 categorías profesionales ofertadas. Esta respuesta de Salud reabre el debate sobre el abuso de la externalización de servicios de la Administración andaluza para tareas que pueden ser asumidas con medios materiales y humanos públicos.

La resolución del Tribunal Administrativo de la Junta, publicada el pasado lunes 16 de noviembre, acordó mantener la suspensión hasta emitir un dictamen definitivo, contra el que cabría de nuevo recurso. El SAS alegó ante la primera solicitud de suspensión elevada el 6 de octubre por parte de la Odec-Impaorsa el argumento estrella en cada recurso que le lanzan: el interés público. «La paralización del procedimiento afecta a plazas vacantes en categorías profesionales prioritarias o que afectan al funcionamiento de los servicios esenciales, sin que exista alternativa para la celebración de las pruebas convocadas». Algo que desmentiría la contestación dada por la Consejería a este periódico. Una demora que escondería además un interés electoral, puesto que la fecha límite para atender la oferta de empleo público (OPE) del año 2013, la más antigua incluida, sería el 10 de diciembre de 2016. CC OO estimó entonces que la pérdida de profesionales sanitarios fue de 7.027 en el año 2012, a lo que habría que ir sumando las jubilaciones de los años posteriores.

También asegura el SAS en sus alegaciones que la Administración «se vería obligada a soportar unos daños ingentes relacionados con la devolución de tasas, costes del operativo de desarrollo de la planificación, costes de funcionamiento de los tribunales, del personal colaborador y costes de limpieza, entre otros».

Por su parte, la empresa afectada resaltaba en su escrito al tribunal administrativo la necesidad de mantener la suspensión cautelar. «El retraso en la tramitación del expediente es imputable a la propia Administración, pues ha tenido una duración de casi nueve meses, los cuales podrían haberse reducido a la mitad si hubiera actuado de manera más diligente». En este sentido, destacó que «aún no han sido publicadas las fechas de celebración de los distintos exámenes». No lo habían sido en el momento del recurso, pero el viernes el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) publicaba la convocatoria de los primeros exámenes del 13 de diciembre. Fuentes de Odec-Impaorsa declinaron exponer los motivos de su reclamación hasta que no se emita un dictamen que, aseguraron, les han comunicado que no tardará en producirse. En 2007, fecha de las últimas oposiciones, se convocaron 13.000 puestos. Solo los trabajadores temporales estructurales del SAS con contratos temporales suponen actualmente 8.000 profesionales. 

Fuente: La Razón