La principal central de los facultativos hizo ayer balance de la situación que atraviesan hospitales y centros de salud:

Los médicos en Atención Primaria vienen «padeciendo un constante acoso con las derivaciones, la prescripción y las pruebas complementarias». Antonio Gutiérrez, presidente del Sindicato Médico de Sevilla, es así de tajante al describir una situación que se repite de manera generalizada en los centros de salud, cuyas consultas están orientadas a reducir el número de pruebas, derivaciones al especialista e incluso prescripciones para cumplir con objetivos marcados por el sistema público de salud. Se trata de instrucciones no escritas a los médicos de familia para que limiten analíticas, pruebas de imagen o visitas al especialista, según denuncia el Sindicato Médico. 

«En la atención hospitalaria, el alto índice de eventualidad incide, de forma importante, en el normal desarrollo de la actividad», explica el doctor Gutiérrez. «La vuelta de un gran número de eventuales a jornada completa de trabajo, de lo que nos alegramos, sólo alivia discretamente la situación, ya crónica de falta de camas, quirófanos y sitio en la observación de esas urgencias, tradicionalmente sobrecargadas», precisa. 

Insostenible situacion de las 37,5 horas tras la sentencia que anula la aplicación de dicha jornada.

Ante una nueva sentencia dictada recientemente por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Sevilla, y que se une a otras sentencias ratificadas por el TSJA de diferentes sindicatos provinciales,  el Sindicato Médico ha vuelto a exigir a la dirección gerencia del Virgen del Rocío -que está fusionada con el Macarena- que materialice la decisión judicial que ha declarado nula la aplicación de la jornada de 37,5 horas. La central recuerda que esta sentencia obliga a los responsables sanitarios a anular el plan ejecutivo del área Virgen del Rocío por el cual se amplió la jornada laboral a todos sus trabajadores, sin contar con el acuerdo de los sindicatos.

Ante la ampliación de la jornada a todos los funcionarios y empleados públicos, una medida impuesta por el Gobierno central en 2012, el SAS optó por aplicar las 37,5 horas a sus trabajadores de acuerdo a los criterios de cada director o gerente. «En unos casos se ha obligado a los profesionales a trabajar una tarde más a la semana durante dos horas y media; y en otros, esta medida sólo ha sido aplicada de manera bisemanal; en otros casos, generalmente en el ámbito rural, se han retraído 10 horas al mes de los turnos de guardia», reseña Antonio Bizcocho, presidente de la rama de Atención Primaria en el Sindicato Médico. Ante estas situaciones, la central insiste en que la ampliación de la jornada no se ha traducido en más trabajo para los médicos sino en una reducción de sus ingresos. Y recuerda que en el resto de la Administración las 37, 5 horas se ha aplicado añadiendo 30 minutos a diarios a la jornada. 

Pese a que los tribunales han declarado nula esta ampliación de jornada, en el área Virgen del Rocío aún no se ha materializado esta decisión judicial. «El gerente ha respondido al requerimiento del juez diciéndole que ya ha anulado el Plan y a nosotros que él no puede quitar el Plan porque dice que no es competente para hacerlo, que eso corresponde a la Junta de Andalucía. En definitiva, fastidiarnos un poco más y “pasar”, en la práctica, de lo ordenado por el juez». 

«Desde el Gabinete Jurídico del Sindicato Médico estamos estudiando si pudieran existir responsabilidades penales del Gerente y, en su caso, poner la denuncia correspondiente, al tiempo que se ha enviado comunicación escrita a todos los jefes de UGC para que se abstengan de aplicar una ampliación de jornada anulada por la justicia».

«Los médicos entendemos que todos debemos soportar la crisis y sus consecuencias. Pero no admitimos que los profesionales sanitarios seamos discriminados y acosados en nuestra jornada y en nuestros bolsillos. No exigimos más que se aplique la jornada como al resto de empleados públicos». 

«Exigimos que cese la grave dejación de funciones que está haciendo El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, único órgano con capacidad legal para definir la aplicación de la jornada de 37,5 horas desde que, ¡en 2012!, no hubiese acuerdo en la Mesa Sectorial para su aplicación«. «Esta circunstancia, y solo ésta, ha posibilitado los abusos de los gestores y los centenares de denuncias judiciales que, a sabiendas del empantanamiento que sufren los juzgados por la falta de medios humanos y materiales, cuando se tengan resoluciones favorables a los profesionales seguirán sin cumplirlas. No pasa nada, parece ser su máxima.

Fuente: Diario de Sevilla y SMS