Son numerosas las sentencias de juzgados y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reiteran que el enfermero «no es idóneo» para dirigir las unidades de gestión clínica (UGC)» y, por tanto, se anulan las convocatorias del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los argumentos básicamente son dos: uno, que un enfermero «no está capacitado para valorar el trabajo desempeñado por médicos por su diferente titulación», y dos, que ello «choca contra los principios de mérito y capacidad».

Hasta aquí nada que objetar. El problema que denuncian las fuentes consultadas por DM es que una vez notificada la firmeza de un fallo, el SAS cesa a esa persona (enfermero/a), pero acto seguido vuelve a convocar la provisión de la plaza mediante otra convocatoria que sigue permitiendo la participación de los diplomados en Enfermería.

No sorprende nada

Juan Miguel Aparicio, abogado del Sindicato Médico de Granada, señala que la «actitud del SAS es inaudita porque en estos casos obliga siempre al sindicato a recurrir las sucesivas convocatorias». Ello demuestra que la entidad gestora «exterioriza un absoluto desprecio por las resoluciones judiciales, provocando una clara y manifiesta inseguridad jurídica para todos los profesionales (incluidos los que se presentan de buena fe) y para el buen funcionamiento de la organización sanitaria andaluza».

Para este letrado, la actuación del SAS de subestimar las decisiones judiciales puede sustentarse «en el ejercicio despótico de las facultades de organización, rayanas, por tanto, en la desviación de poder e, incluso, en la prevaricación administrativa».

Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz, afirma que la actitud del SAS «no le sorprende nada » porque en los últimos años es algo «habitual» y no sólo con las UGC sino también en asuntos de carrera profesional o de fusiones hospitalarias. En su opinión, «constituye un desprecio a la capacitación del médico para dirigir una UGC».

Carrasco está convencido de que la entidad andaluza «pretende colocar a personas que obedezcan ciegamente sus instrucciones y por eso excluyen a los facultativos que posiblemente tengan un criterio distinto de política sanitaria que defiende el SAS». Además, el hecho de estar constantemente impugnando las convocatorias que los tribunales declaran nulas supone un incremento de gastos judiciales en detrimento del erario público andaluz.

Coincide con esta opinión Pilar Bartolomé, secretaria de Salud Laboral de CESM, quien añade que el SAS está «conculcando los derechos básicos de los médicos para desarrollar su trabajo con las mejores garantías jurídicas y su acceso a una carrera profesional adecuada a la ley vigente».

Una actuación así sólo persigue «un total control de las estructuras, reinventando los decretos y resoluciones a medida de la entidad gestora y de los candidatos», subraya.

• Los expertos señalan que el SAS provoca una manifiesta inseguridad jurídica para todos los profesionales y para el funcionamiento de la entidad gestora. 

Fuente: Diario Médico