La escasez de facultativos sobre la que llevamos tanto tiempo advirtiendo, no afecta solo a la Atención Primaria, sino que cada día se hace más evidente también en el ámbito hospitalario. Esta escasez afecta de manera especial a las zonas cuya situación geográfica, económica, social o de infraestructuras es más desfavorecida, esto es, a las llamadas “zonas de difícil cobertura” (ZDC).

Hasta ahora las iniciativas tomadas por la Administración a este respecto han sido escasas y de poca entidad y algunas, como la revisión de los criterios que definen estas zonas y la actualización del mapa autonómico, llevan muchos meses sin publicarse. Existen muchos facultativos que ni siquiera pueden beneficiarse de los escasos incentivos aprobados porque su zona está pendiente de la revisión del mapa y de su catalogación como ZDC.

Esta inactividad de la Administración y su racanería a la hora de ofrecer incentivos económicos ha desembocado en una situación preocupante en algunas zonas que todos -excepto, claro está, la Administración- veníamos prediciendo.

Llegados a este punto, ahora al SAS le entran las prisas y como suele ocurrir en estos casos, son los facultativos los que deben asumir los inconvenientes, los que ven como se recorta su capacidad de conciliación laboral y familiar o los que ponen en riesgo su integridad teniendo que conducir muchos kilómetros después de 24 horas de guardia.

Desde el SMA exigimos a la Administración que retire las instrucciones dictadas sobre estos desplazamientos, que las lleve a una negociación real en el seno de la mesa sectorial y que proponga medidas realmente incentivadoras. Entendemos que estos desplazamientos solo deben realizarse de forma voluntaria y para ello hay que hacer una oferta atractiva.

La capacidad del SAS para tomar medidas basándose en las necesidades asistenciales de la población no es un cheque en blanco ni permite discrecionalidades. La Administración tiene la responsabilidad de planificar la sanidad pública y sus necesidades en cuanto al número de facultativos, tiene la responsabilidad de acelerar las medidas que eviten situaciones como las que actualmente ocurren y, sobre todo, tiene la obligación de cumplir las leyes en todas sus iniciativas y, por tanto, ha de negociar con las organizaciones sindicales cualquier medida que suponga un cambio en las condiciones laborales de los trabajadores y ha de motivar razonadamente, por escrito y aportando datos, las razones de salud pública que le llevan a tomar dichas medidas.

Nuestra postura por tanto es clara: NO a los desplazamientos de facultativos en los términos de las instrucciones dictadas, es imprescindible actualizar el plan para las ZDC ofreciendo incentivos verdaderamente atractivos, exigimos retomar la negociación, exigimos que los desplazamientos sean siempre de carácter voluntario y, por último, recurriremos a la justicia cada vez que entendamos que se está obligando a un facultativo a desplazarse y que la Administración lo ha hecho de manera discrecional.

Sindicato Médico Andaluz