¿Qué garantías ofrece el sistema para evitar que los posibles conflictos de intereses deriven en la revelación de al menos una parte de las preguntas del examen, que puede suponer la diferencia entre conseguir una plaza o no?

Las autonomías se rigen por una normativa genérica que establece la composición del tribunal (los únicos requisitos son tener la condición de fijo y ser de la misma categoría profesional) y una serie de motivos por los que alguien debería abstenerse de formar parte del tribunal cuando se conoce la lista de admitidos: relación de parentesco, intereses económicos, amistad íntima o enemistad manifiesta, etc. Hay autonomías que incluso especifican que haber preparado a alguien para las oposiciones en los cinco años anteriores invalidaría a alguien para esta tarea. La lista de miembros suele publicarse un mes antes de la prueba, dando tiempo para interponer una recusación.

Hay comunidades que han explicado a DM que han tomado medidas adicionales. Por ejemplo, además de custodiar los exámenes impresos hasta el día de la oposición, un método es indicar a los tribunales que elaboren preguntas de sobra para el examen, seleccionándolas incluso por sorteo.

En el caso del Servicio Gallego de Salud, todo este proceso se realiza a través de una plataforma informática: cada miembro sólo puede acceder a sus propias cuestiones y la selección aleatoria es automática. En el Servicio Madrileño de Salud, las preguntas propuestas se facilitan al presidente del tribunal, que evalúa la calidad de 400 preguntas y las remite a la empresa adjudicataria del examen para que mediante un programa informático decida cuáles formarán parte de la prueba.

En el caso de Asturias, Sanidad señala que se realiza un sorteo ante notario para elaborar el examen. Baleares sólo acude al sorteo en el caso de las pruebas prácticas, especifican fuentes de dicho servicio de salud.

Pero otras siguen confiando en el tribunal para concretar el contenido final de las pruebas. Por ejemplo, la Consejería de Sanidad de La Rioja apunta que el cuestionario se elabora de forma colegiada horas antes del examen, especificando que se evita el contacto con el exterior.

En el caso de Extremadura, las preguntas las redactan varios miembros del tribunal, pero normalmente es el presidente quien se encarga de la selección final de las preguntas. También funciona así en Andalucía, donde además Sanidad indica que cada una de las preguntas propuestas debe ir acompañada de información sobre la fuente, la bibliografía y su complejidad.

En la Comunidad Valenciana aprobaron en 2018 la creación de un colegio de voluntarios para formar parte de tribunales de oposiciones. De este colegio vienen 3 de los 5 vocales del tribunal, que deciden el 85% de las preguntas del test, según informa CESM. “Sólo el presidente del tribunal conoce la totalidad de las preguntas. No existe aleatoriedad, si bien no es un tema cerrado. El problema sigue siendo la posibilidad de filtraciones, aunque no se han detectado muchos casos sospechosos”.

Fuentes del Sindicato Médico de Navarra dicen que, aunque la elección de los miembros del tribunal es colegiada (participa el comité de personal y las comisiones nacionales de la especialidad), la elaboración de los exámenes depende de cada uno, pudiendo ser de forma colegiada o sólo a cargo del presidente. Un tema que “cada vez crea más conflictividad”; de ahí que hayan propuesto que Sanidad elabore una norma que incluya garantías para la limpieza del proceso y que haya un temario y una bibliografía actualizada para los exámenes.

Normalmente los tribunales los elige exclusivamente el propio servicio de salud. En Galicia, Sanidad apunta que “no puede formar parte de un tribunal más de un profesional de la misma área sanitaria y se procura la incorporación de profesionales con distinta antigüedad”. Las sociedades científicas tienen un vocal en los tribunales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En La Rioja y Asturias, la elección del grueso del tribunal depende del presidente.

Por otra parte, se realiza una evaluación de los resultados en Andalucía y Asturias, lo que permite detectar desviaciones y evaluar la calidad de la prueba para futuros procesos selectivos.

En resumen, las autonomías siguen confiando en que los seleccionados para el tribunal no quebrarán la confidencialidad que requiere su función. Hay que tener en cuenta que esto puede tener consecuencias penales, tales como la inhabilitación.

Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), reconoce que “es complicado probar que ha habido filtraciones en los exámenes, si bien cuando hemos observado resultados sospechosos, lo hemos denunciado”. Cree que sería positivo que en los tribunales participaran miembros de otras autonomías: “Con un 40% de interinidad en sanidad, es improbable que no coincida que en un tribunal no haya personal del mismo servicio que un candidato”.

María José Rodríguez, de Sindicato Médico de Extremadura, opina que es injusto que se dude de un aspirante que ha realizado un examen perfecto o que haya suspicacias respecto a los tribunales, “pero la solución es que el tribunal no sólo sea honesto, sino que además lo parezca. Hemos propuesto que la selección de las preguntas sea aleatoria, como en un bombo, de forma pública”.

“La cercanía siempre se observa con sospecha, por ejemplo, con los jefes de servicio. Pero una cosa es conocer cómo alguien trabaja y otra cosa es la amistad”, concede José Antonio Vidal, presidente de atención especializada del Sindicato Médico del Principado de Asturias, que también aboga por tribunales de personas que trabajen en otras autonomías, “aunque eso implica un gasto que Asturias no puede asumir”.

Miguel Ángel García, responsable de Formación y Estudios Profesionales de Amyts, explica que, inspirados en una normativa autonómica de Hacienda de 1999, una de sus propuestas es que haya un tribunal coordinador más luego unos vocales específicos, lo que podría paliar el conflicto de intereses. También piden una base común de preguntas a partir de las cuales componer los exámenes.

“El examen debería venir determinado desde las Comisiones Nacionales de las Especialidades para toda España igual y así evitar filtraciones y debilidades de los diferentes tribunales”, defienden desde el Sindicato Médico de las Islas Baleares.

Una medida similar proponen desde CESM en Galicia, donde creen que el tribunal debería “supervisar el proceso, pero no participar en la elaboración del cuestionario ni en la elección de las preguntas”. Además “sería recomendable una revisión exhaustiva de los temarios por parte de expertos de reconocido prestigio en la especialidad en cuestión y acordes con su mapa de competencias”.