La manifestación celebrada en Madrid el pasado 5 de abril bajo el lema ‘Por un Estatuto Propio para la Profesión Médica y Facultativa’ ha sido un éxito rotundo. Miles de médicas y médicos de toda España nos hemos manifestado para exigir algo más que un mero cambio normativo. Nuestra profesión lleva décadas sufriendo el menosprecio de las Administraciones sanitarias. Si esta situación no cambia, la conflictividad laboral y el progresivo declive de la sanidad pública serán inevitables.

El deterioro de las condiciones laborales de los médicos no es responsabilidad exclusiva del actual Ministerio de Sanidad. La propuesta de reforma del Estatuto Marco de la ministra Mónica García ha supuesto un ataque frontal a la profesión médica, pero la precariedad retributiva y laboral que sufrimos tiene orígenes más lejanos en el tiempo y más plurales en lo político. De hecho, los dos partidos mayoritarios de nuestro país comparten, en lo esencial, la misma concepción devaluada de la figura del médico en el sistema sanitario.

España se encuentra entre los países europeos con más médicos por habitante. Sin embargo, la sanidad pública sufre una grave escasez de facultativos. La razón es que hemos sido expulsados del sistema por un modelo de gestión politizado, coactivo y desincentivador, que fue posible por la abundancia de médicos en paro en los años 80 y 90 y que a estas alturas ha demostrado su estrepitoso fracaso. A pesar de ello, nuestros políticos se aferran a él favoreciendo la apertura masiva de Facultades de Medicina que traigan de regreso el paro médico.

Pero los cambios socioeconómicos que han tenido lugar en nuestro país en las últimas décadas hacen inviable este modelo. El debilitamiento del monopolio de la sanidad pública y la desaparición de hecho de las barreras nacionales dentro de Europa han liberado a los médicos y médicas actuales del chantaje histórico que los forzaba a elegir entre la precariedad o el paro. Consciente de estos cambios, en lugar de atraer a los médicos a la sanidad pública con incentivos, la actual ministra pretende obligarlos a que trabajen en régimen de exclusividad para la pública.

En su afán por debilitar nuestra posición en el sistema sanitario público, desde hace años se ha implantado a nivel nacional una estrategia que consiste en atribuir competencias médicas a otras profesiones sanitarias. Su objetivo declarado es “desmedicalizar” el sistema sanitario. En los últimos años, el SAS ha invertido cientos de millones de euros en implantar una consulta de acogida cuyo fracaso muchos directivos reconocen ya en privado. El Estatuto de Mónica García ha llegado al extremo de situar a todos los graduados, con independencia de nuestra formación, funciones y responsabilidad en el mismo grupo A1.

El SAS lleva años negándose a negociar con el Sindicato Médico Andaluz mejoras para nuestro colectivo, un desdén que explica el progresivo y preocupante deterioro de la sanidad pública andaluza. Andalucía, de hecho, carece de un proyecto estratégico en materia sanitaria. Eso explica que los incrementos presupuestarios hayan coincidido con un agravamiento de las listas de espera, del colapso de la Atención Primaria, de la insatisfacción ciudadana y de la conflictividad laboral. Hace años que al frente del SAS no existen gestores, sino meros contables que asignan los fondos públicos a los diversos capítulos de gastos en función de criterios políticos o técnicos, pero que carecen de un proyecto basado en objetivos claros e incentivos que fomenten la calidad y la eficiencia del sistema.

La medicina púbica se muere y, con ella, la sanidad pública. Necesitamos gestores de verdad que comprendan la dimensión del problema y se sientan capaces de abordar sus causas. Necesitamos un modelo de gestión de personal específico para el colectivo facultativo que retenga su talento y fomente su productividad. No es tan difícil. Solo hace falta voluntad política.

Comité Ejecutivo del SMA