Hacienda empieza a resolver las piezas del puzzle de los Presupuestos. Por fin ha llegado a un principio acuerdo con los sindicatos que representan a algunos de los trabajadores del sector público, al mejorar un poco la propuesta de subida salarial que les hizo el pasado mes de septiembre. El acuerdo se materializa en una subida del 8% en tres años. 

Las lineas de este preacuerdo se trazaron ayer en una reunión que se prolongó durante horas. El acuerdo final se firmará hoy viernes a primera hora de la mañana si nada hace que se tuerzan de nuevo las negociaciones. Hacienda y los empleados públicos llevan meses intentando ponerse de acuerdo.

En septiembre, la subida total que ofrecía el ministro, Cristóbal Montoro, también era del 8%, pero dividida en una parte fija y otra variable. La parte fija suponía entonces el 5,25%. Según adelanta El País, la parte fija de la oferta se ha mejorado ahora hasta el 6,1%, casi un punto más.

Y el incremento máximo, si la economía española mantiene el ritmo de crecimiento, ascendería al 7,85% acumulado durante el periodo 2018-2020, lo que, según los sindicatos, les permitiría prácticamente recuperar todo lo perdido durante la crisis por los sucesivos recortes y congelaciones de sueldo. A los facultativos nos recortaron mucho más que a los demás funcionarios y nuestra pérdida de poder adquisitivo se cifra entre un 25 y un 30 %.

La nueva propuesta de Hacienda consiste en un incremento fijo de las nóminas de hasta un 6,1% durante los tres próximos años, según confirman fuentes de la negociación. De esta forma, los empleados públicos tendrían garantizado un alza de un 1,75% este año; un 2,25% en 2019, y otra subida del 2% más en 2020.

A estas cantidades fijas habría que sumar el complemento variable, que dependerá del comportamiento de la economía. Si el PIB mantiene el vigor de los tres últimos años, los sueldos podrán subir alrededor de otro 2% en el periodo. Fuentes sindicales explican que la cuota variable sería del 0,25% en 2019 y del 1% en 2020. Además, si al final de ese año las administraciones públicas han reducido el déficit, la retribución de los empleados públicos subirá otro 0,55% adicional. Esta parte variable podría incluso mejorar unas décimas a falta de los últimos detalles que se cerrarán este viernes en una reunión convocada por Hacienda a primera hora de la mañana. 

Oferta de empleo público en todos los sectores.

El preacuerdo mejora de forma “sustancial” la tasa de reposición —la sustitución de las bajas— y permite aumentos de empleo público neto. La tasa de reposición será del 75% para sectores no prioritarios y del 100% para los sectores esenciales como sanidad y educación. Además, podrá ascender al 115% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También en este preacuerdo se incluye que los empleados públicos podrán cobrar todo su salario desde el primer día en que causen baja por enfermedad temporal. Es decir, se eliminan los descuentos por baja médica. El decreto de recortes de 2012 establecía que a los empleados públicos que causaban baja por enfermedad se les reducía el sueldo un 50% los tres primeros días. A partir del cuarto día cobrarían un 25% menos. Y así hasta el día 21 de enfermedad. Con la recuperación económica, las administraciones han ido ampliando el catálogo de enfermedades para las que no se aplicaba esta reducción. Con el acuerdo se pretende suprimir definitivamente este recorte.

Montoro también se ha mostrado abierto a la posibilidad de recuperar la jornada de 35 horas (18 horas lectivas en la Educación) en aquellos ámbitos en los que lo acuerden sindicatos y Administración. Era otra de las grandes peticiones de los sindicatos.  

Este tipo de jornada se prohibió de manera expresa en 2012, y ha sido objeto de recursos por parte del Estado contra las comunidades autónomas que se atrevieron a autorizarlas, como Andalucía o Castilla la Mancha. Si el acuerdo se firma, cada administración podrá negociar su recuperación si se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

El preacuerdo contempla además una iniciativa novedosa: permitirá a las administraciones regular una bolsa de horas, equivalentes hasta un 5% de la jornada anual (unas 82 horas, el equivalente a 11 días), de libre disposición acumulables para favorecer la conciliación familiar y laboral, para el cuidado y atención de mayores, discapacitados e hijos menores de edad.

Estas horas serán recuperables en el periodo de tiempo que se determine. Por ejemplo, tal y como estableció una sentencia pionera en este ámbito, un empleado público podría llegar media hora tarde a trabajar para llevar a su hijo a la guardería sin que se le penalice y posteriormente recuperar este tiempo. 

Fuente: Voz Pópuli y El País