Los últimos días, diversos medios de comunicación han publicado declaraciones de responsables de la Consejería de Salud y Familias sugiriendo que el número de delegados sindicales que se han incorporado a labores asistenciales es escaso. No obstante, más de la mitad de los delegados del SMA han abandonado su labor sindical para incorporarse plenamente a la actividad de sus servicios. Se diría que a los responsables del SAS este porcentaje les parece escaso y preferirían que abandonásemos por completo nuestra labor de defensa de los derechos de nuestros compañeros. O tal vez solo quieren desprestigiarnos ante ellos y ante la opinión pública.

La gestión de esta crisis por parte de las Administraciones central y autonómica ha sido desastrosa. No se hizo acopio de stocks suficientes de material de protección ni de pruebas diagnósticas cuando se estaba a tiempo. El confinamiento se retrasó de manera incomprensible, aparentemente por motivos políticos. Durante semanas, diversos cargos intermedios y directivos prohibieron el uso de las escasas medidas de protección disponibles por parte de los profesionales, llegando a amenazar con sanciones a quienes usasen mascarillas en las consultas. Cuando la crisis era un hecho, las Administraciones central y autonómica actuaron de forma errática, autoritaria y opaca. Se negaron a dar información a los sindicatos y a la prensa y se resistieron a reconocer la verdadera dimensión de la catástrofe, hasta el punto de que tuvimos que exigir reiteradamente el cese de la actividad programada en consultas y quirófanos. La tasa de contagios entre los profesionales sanitarios españoles y andaluces es superior a la de cualquier país de nuestro entorno, y debería avergonzar a nuestros gestores. La causa es clara: siguen faltando medidas de protección eficaces y pruebas de detección del virus. Los responsables de la Administración deberán pagar por el daño causado a la población y al personal sanitario y nosotros vamos a exigir que así sea.

A pesar de todo, conscientes de la gravedad de la crisis a la que nos enfrentábamos como sociedad, el SMA, públicamente, puso a disposición de la Administración a sus delegados y a su organización desde el inicio de la pandemia. Sin renunciar a nuestro papel de garantes de los derechos de nuestros compañeros, muchos delegados han dejado de hacer uso del tiempo que la ley pone a su disposición para esas labores, y ayudan a sus compañeros a costa de su tiempo de descanso. En una situación que supone para nuestra organización una sobrecarga de trabajo notable, en parte por las pésimas condiciones en las que los facultativos estamos haciendo frente a la pandemia, nuestra estructura ha quedado reducida a su mínimo imprescindible.

Por honestidad, no hemos querido entrar en un debate con la Administración acerca de esta cuestión. Nos hemos limitado a hacer nuestro trabajo, defendiendo los derechos de nuestros compañeros y criticando a la Administración en todo aquello que ha hecho mal, siempre con seriedad y sentido de la responsabilidad. Pero la Administración nos fuerza ahora a entrar en una polémica pública que nunca quisimos mantener. 

En el momento actual, el SAS no nos ha comunicado que requiera la incorporación de más delegados sindicales, además de los ya incorporados, en servicios o centros concretos. Nuestro margen para reducir aún más el equipo que desarrolla nuestra actividad es escasa, pero podríamos reducirlo aún más si fuese necesario. No obstante, no se nos ha requerido ese esfuerzo. De hecho, ni siquiera se ha respondido a solicitudes de incorporación de algunos liberados sindicales realizadas días atrás. Por fortuna, todo ello se debe a que el avance de la pandemia ha caído en picado y no ha sido necesario poner en marcha los planes de contingencia previstos para situaciones críticas. Las críticas veladas a nuestro escaso compromiso con el funcionamiento adecuado de los centros sanitarios son absolutamente infundadas.

El mensaje que la Junta lanza a través de los medios obedece, en realidad, a intereses espurios. La Administración sanitaria no necesita más delegados sindicales trabajando en labores asistenciales, y sus responsables lo saben. Lo que parecen perseguir es que dejemos de denunciar sus errores en la gestión de esta crisis. Debe ser incómodo para la Administración, en efecto, que te amenacen con llevarte a los tribunales si no das información sobre cuántos trabajadores se han infectado y en qué centros. Es probable que quienes nos atacan se hayan sentido avergonzados, o atemorizados, por la exigencia del TSJA de que los protejan, realizada en respuesta a la demanda del SMA. Quizás temen las acciones judiciales a las que deberán enfrentarse por la forma negligente en que han gestionado esta crisis. Estamos convencidos de que no es plato de gusto que te pidan dimisiones, aireen tus defectos en los medidos de comunicación o te incomoden con exigencias de respeto a la ley y a los derechos de los trabajadores. Pero ese es nuestro trabajo. 

La actitud que revela esta campaña de desprestigio de los representantes sindicales es de una gravedad extraordinaria. Ser demócrata no consiste meramente en votar cada cuatro años. Consiste, ante todo, en respetar ciertos principios fundamentales que constituyen la esencia del Estado de derecho. Consiste en respetar el principio de legalidad y derechos fundamentales tales como los derechos a la información, a la libertad de expresión y a la libertad sindical. Seguramente, sería más fácil gobernar si nadie te llevara la contraria. Sería más cómodo gestionar la sanidad si nadie te exigiera que lo hicieras conforme a la ley. Sería más agradable dirigir una institución sin temor a ser denunciado por las irregularidades cometidas. Pero, por fortuna, nada de eso es posible en un Estado democrático de derecho. Pueden estar seguros de que nosotros no lo vamos a permitir.

Comité Ejecutivo SMA