El nuevo gobierno andaluz ha lanzado una batería de medidas en la gestión de la sanidad pública, entre las que destaca la “reducción efectiva” de las listas de espera; la eliminación de la “discriminación salarial” entre los facultativos; el incremento de la financiación de la Atención Primaria y la “revisión del modelo basado en la subasta de medicamentos”, entre otras. Con estos objetivos marcados desde la campaña electoral, el recién nombrado consejero de salud, Jesús Aguirre, afronta una situación delicada, y muy compleja, en las consultas de Andalucía, en esta nueva etapa.

Informe del Sistema Nacional de Salud 2017

Andalucía es la comunidad autónoma que menos invierte en salud per capita (1.110 euros por habitante), lo que en datos absolutos representa 9.332 millones de euros (el 6,2% del PIB), seguida por la comunidad de Madrid (1.224 euros por habitante) y las Islas Baleares (1.291) según el último informe sobre gasto sanitario del Ministerio de Sanidad. Las diferencias en la inversión en Salud tienen un fuerte impacto en la asistencia sanitaria que reciben los andaluces, y en las demoras que soportan, que vienen a sumarse al desgaste que arrastran los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), desde los años marcados por los recortes de la crisis económica.

La falta de recursos, humanos y materiales, para atender con calidad y en los tiempos adecuados a una población cada vez más envejecida, y con más problemas crónicos, es una realidad en centros de salud y hospitales andaluces.

Las esperas se eternizan y no paran de crecer desde 2008, año marcado por el inicio de la crisis económica, cuando la Consejería de Salud optó por los recortes en la sanidad pública, con severas repercusiones en la asistencia que reciben los andaluces. Una década después, las secuelas de los recortes aún carecen de remedios eficaces, pese a los esfuerzos de las autoridades sanitarias por la recuperación.

Durante la última década las listas de espera para una intervención quirúrgica en Andalucía han crecido de manera imparable, en más de 18.669 personas en términos generales, lo que en datos porcentuales se traduce en un incremento del 28,4% de los andaluces pendientes de uno de los procedimientos quirúrgicos incluidos en los decretos de garantías de plazos (máximo de 180 días). Esperan más enfermos y más tiempo.

Los tiempos medios de demora también crecen: Si en junio de 2008 eran 57 los días de espera media para una intervención quirúrgica; en junio de 2018 esta cifra alcanzó los 73 días, según los datos oficiales publicados por la Consejería de Salud.

Las consultas de especialidades afrontan listas de espera que crecen sin freno desde hace años. Si en 2008 esperaban 174.307 andaluces para entrar en consultas externas, una media de 39 días; en 2018 esta cifra ascendió a los 222.962 pacientes, con una espera media de 53 días, según los datos oficiales. Otra de las repercusiones de la falta de recursos se observa en la evolución de las esperas para una prueba diagnóstica en Andalucía, siendo el indicador que más ha crecido.

Los andaluces esperan hoy el doble que hace una década para someterse a alguna de las pruebas diagnósticas protegidas por decreto. Si en 2008 la espera media era de 20 días; en 2018 alcanzó los 43 días. Si en 2008 eran 15.447 los andaluces que esperaban una prueba diagnóstica; en 2018 está cifra engordó hasta los 41.415 pacientes. Esta lista de espera ha crecido con 25.968 personas durante la última década.

La Asociación El Defensor del Paciente dice, en su último informe referido a 2018, que las áreas donde los tiempos despuntan son, con diferencia, traumatología, cirugía general, oftalmología y urología. “Los casos más alarmantes –denuncias por negligencias– que hemos recibido este año pertenecen a la comunidad andaluza”, según consta en el informe de esta asociación dedicada a las negligencias médicas, de ámbito nacional. Y añade: “Es intolerable que se den situaciones graves en pacientes con patologías oncológicas para los que tardan meses en llamar para practicar una biopsia, por ejemplo, u otros que se encuentran al borde de la incapacidad aguardando más de un año a pasar por quirófano”.

El aumento de las demoras para operaciones, pruebas y consultas, es síntoma de un problema enquistado y patente: faltan recursos, humanos y materiales, en la asistencia sanitaria.

El último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud (2018) desvela que Andalucía se encuentra a la cola en el número de profesionales de Medicina Familiar y de Pediatría, con una tasa de 0,7 profesionales por 1.000 habitantes (ver gráfico). En datos absolutos: 4.805 médicos de familia y 1.126 pediatras. En la atención especializada, Andalucía también está a la cola, con una tasa de 1,4 profesionales por 1.000 habitantes (en datos absolutos 12.005 facultativos especialistas).

La peor tasa en especialistas del ámbito nacional es Ceuta y Melilla (1,3); y las mejor situadas son Aragón y Asturias (2,1), seguidas por País Vasco y Navarra, donde hay dos especialistas por cada 1.000 habitantes, según datos del Ministerio de Sanidad. Además de la desventaja respecto a otras comunidades autónomas, los pacientes sufren las ausencias.

Cada invierno los sindicatos sanitarios denuncian que el SAS no cubre al 100% las ausencias motivadas por bajas laborales, permisos ovacaciones del personal sanitario. Esta situación conlleva que, en periodos de alta demanda de asistencia sanitaria, los pacientes se vean obligados a esperar hasta una semana para conseguir una cita con su médico de familia de referencia.

A estos datos se suma la fuga de especialistas que padece Andalucía desde hace años, que se marchan atraídos por oportunidades de trabajo y de desarrollo personal más atractivas en otros puntos de la geografía española, y en el extranjero. Durante 2017 casi el 2% de los médicos colegiados andaluces pidieron el traslado. Entre los motivos por los que se pide el traslado destacan las mejoras de las condiciones laborales: un mejor salario, contratos más estables y mejores condiciones de desarrollo profesional, según datos publicados por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.

Mientras las listas de espera para una intervención quirúrgica crecen año tras año, el número de camas operativas en la sanidad pública andaluza disminuye. Según los últimos datos publicados del Servicio Andaluz de Salud: En 2014 los andaluces disponían de 13.791 camas hospitalarias, 655 camas menos que en 2008, el primer año de la crisis y de los recortes. En datos porcentuales: las camas operativas han disminuido en Andalucía un 4,5% entre los años 2008-2014.

El reparto en función de la población es muy desigual en el ámbito estatal. El Libro de la Sanidad Española en Cifras (2016) refleja que la tasa de camas hospitalarias en funcionamiento por 1.000 habitantes disminuyó, en promedio, en España, un 1,98% entre los años 2012 y 2014. Esta disminución fue más acentuada en Andalucía, que alcanzó el 2,25%. La sanidad pública andaluza arroja una tasa de 2,17 camas por 1.000 habitantes; la tasa más baja del territorio nacional, a excepción deMelilla, donde esta tasa es de 1,96 camas por 1.000 habitantes y Ceuta (2,13), según datos referidos a 2014. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor dotación de camas por población: 3,81 camas por 1.000 habitantes; y Aragón (3,67), según este informe.

La falta de camas operativas se percibe muy especialmente en las Urgencias hospitalarias. Cada invierno se repiten los episodios de masificación, con esperas excesivas para recibir atención médica en los hospitales, especialmente tras periodos festivos durante los cuales permanecen cerradas las consultas en los centros de salud. La dificultad de los servicios de Urgencias para disponer de camas libres en las plantas de hospitalización conlleva que esta puerta de entrada al hospital se llene con los pacientes que van llegando, especialmente en invierno, y los que esperan el ingreso.

Según el último informe de la Asociación El Defensor del Paciente, dedicada a negligencias médicas, “los hospitales andaluces son, con diferencia, los que peores servicios de Urgencias tienen”. En función del volumen de reclamaciones que recibe, esta organización sitúa a tres hospitales andaluces en la lista de los diez centros hospitalarios españoles más denunciados: Hospital Virgen del Rocío de Sevilla; Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; Vall d’Hebron (Barcelona); Virgen de la Victoria (Málaga); Gregorio Marañón (Madrid); La Paz (Madrid); Complejo Hospitalario de Toledo; Complejo Hospitalario Insular (Las Palmas de Gran Canaria); La Fe (Valencia); y Reina Sofía (Córdoba). Entre otras deficiencias: falta de espacio, insuficiente número de camas, horas de espera y colapso.

Fuente: Diario de Sevilla