Una lectura pausada del dictamen de la comisión nos provoca una gran perplejidad y en algunos casos, desolación. Enseguida uno se da cuenta de la retórica política con la que está redactado y siente que se trata de un documento más en el que se mezclan declaraciones de intenciones sin efecto práctico, propuestas irrealizables, medidas que ya están desarrolladas y una reiterada tendencia a recrearse en lo literario en detrimento de lo técnico, práctico y concreto.

Tampoco hay que esperar mucho de estas comisiones parlamentarias cuya principal finalidad es la de justificar sus elevados sueldos y dietas, pero en un documento de 134 páginas y muchas teóricas horas de trabajo se echan en falta propuestas bien definidas y soluciones imaginativas que no supongan de nuevo “más de lo mismo”.

Sin embargo, resulta extremadamente curioso cómo, escondidas en esta maraña de párrafos irrelevantes, aparecen concreciones tajantes como la expresada en el punto 47.2 “Tomar medidas para financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas, y para investigación independiente, divulgación/educación sanitaria y patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes. Se prohibirá financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria”.

“Una idea brillante” que en la práctica supondrá que aquellos facultativos que trabajen para la sanidad privada podrán beneficiarse de este tipo de financiación mientras los que trabajen para el SNS como empleados públicos, no podrán hacerlo. Supondrá además que aquellos que compaginan la actividad pública con la privada, tendrán acceso tanto a la formación interna financiada por el SNS como a la formación externa subvencionada por la industria. Más aún, si la Administración sanitaria realiza conciertos con entidades privadas para la prestación de asistencia sanitaria ocurrirá que, a la postre, muchos ciudadanos serán atendidos por facultativos que han recibido “ominosas” subvenciones privadas para su formación.

Esta prohibición carece por completo de sentido. No es más que un nuevo ataque a la libertad de formación del facultativo y una merma importante en sus posibilidades de actualización e intercambio de experiencias.

Al facultativo (como a cualquier ciudadano) hay que exigirle responsabilidad, cumplimiento estricto de sus obligaciones fiscales, comportamiento ético y deontológico, compromiso con la salud de sus pacientes e integridad para no aceptar regalos envenenados. Pero solo el prejuicio ideológico sustenta la idea de que el respeto a estos principios es incompatible con la ayuda privada a la formación del médico.

Los facultativos no tenemos inmunidad parlamentaria, a nosotros nos sientan frente al juez ante la más mínima supuesta imprudencia. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de pasar meses sin asistir a las sesiones parlamentarias, nosotros tenemos horarios que cumplir. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de abrir un hospital con solo un 10% de los facultativos porque traería fatales consecuencias para los pacientes mientras la ausencia de un gran número de parlamentarios no trae ninguna consecuencia práctica. Nosotros no tenemos elevadas dietas para desplazarnos o pernoctar, a nosotros nos obligan a usar nuestros coches privados para visitar a los pacientes sin que podamos repercutir los gastos y a pagar nuestros alojamientos si trabajamos fuera de nuestra localidad de residencia. Nosotrosno podemos ejercer sin una titulación y sin haber superado una oposición, no nos basta, como a otros, con “hacer méritos” para ser incluidos en una lista de un partido.

Y con todo esto, ahora vienen “sus señorías” a darnos lecciones de gestión sanitaria y del conocimiento, a dudar de nuestra ética y compromiso, a poner trabas a nuestro continuo estudio y formación…

 ¿Con medidas como esta piensan Uds reconstruir social y económicamente España?

Fuente: Comité ejecutivo SMA