El primer dato que hay que analizar por ser el que condiciona al resto de indicadores, no es otro que la inversión en Sanidad. Es cierto, tal como ha afirmado el Consejero de Salud que por primara vez en casi una década se supera la inversión existente previa a la crisis, es decir la inversión del año 2010, y esto es una muy buena noticia. Un aumento de 656 millones de euros (un 6,78% más que en 2018) supone una importante inyección para el SSPA. Pero no es menos cierto que mientras que el total del presupuesto andaluz ha crecido un 8.17 % (en el periodo 2010-2019), la partida dedicada a sanidad solo ha crecido un 6,74% en el mismo periodo; es decir el peso relativo de la sanidad sigue siendo menor que el que tenía en la época precrisis. También hay que tener en cuenta que en el periodo al que nos referimos, el aumento del IPC acumulado ha sido del 11,48% y este dato relativiza mucho el impacto del citado aumento de más de 600 millones.

Todo lo dicho, sin embargo, no desmerece el esfuerzo presupuestario realizado, pero seguimos siendo la comunidad con menor gasto sanitario público por habitante (1.153 euros) y no va a mejorar realmente nuestra sanidad si no conseguimos acercarnos al menos a la media nacional.

Otro problema alarmante en nuestra sanidad es la creciente falta de médicos que llega a provocar déficits asistenciales importantes en determinadas zonas y épocas del año. Y es cierto que en este tema la publicación de una resolución que permite posponer, de manera voluntaria, la jubilación hasta los 70 años, era una medida demandada por nuestro colectivo y que posiblemente pueda contribuir en alguna medida a retrasar esta carencia hasta tanto se implementen otras medidas. Es perentorio que se ofrezcan contratosmás atractivos y que las remuneraciones se acerquen a la media del país para conseguir facultativos que quieran trabajar en Andalucía y frenar el éxodo hacia la privada, otras comunidades u otros países.

En este sentido, y sin ser exhaustivos, faltan aún por hacer realidad algunas de las cuestiones que figuraban en el programa de gobierno de la nueva Consejería como son el aumento del precio de la guardia y su equiparación con la media, la extensión del complemento de exclusividad a todos los facultativos (con el consiguiente cambio de denominación) o los cambios en el sistema del CRP o productividad.

Se ha iniciado una necesaria reforma de las agendas en atención primaria reduciendo el número de citas, pero esta reforma dista aún mucho de lo que para todos los colectivos era una barrera innegociable, es decir, disponer al menos de 10 minutos por paciente. Además, una reforma de las agendas de este tipo no es viable sino se acompaña del consiguiente aumento de facultativos que permita disponer de más tiempo sin aumentar la demora.

El problema de las listas de espera requiere también un análisis un poco más pausado. Es bien cierto que el aumento inexorable de las listas de espera en los últimos años hacía necesaria la puesta en marcha de un plan de choque que redujera dichas listas o, al menos, neutralizara su crecimiento y no dudamos de la importancia de esta medida. Pero desde que se anunció el plan de choque, venimos advirtiendo que nada de esto tiene verdadera utilidad si no se acompaña de una reforma estructural que evite que en unos años vuelva a reproducirse la situación de desbordamiento de las listas. Por otro lado y tras varios meses desde que se inició el plan, los resultados no han sido del todo satisfactorios pues si bien es cierto que las listas se han reducido en unos 6.000 pacientes, el número de pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90, 120 y 180 dias) ha aumentado en unos 1.660, siendo los pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado los que han descendido en casi 8.000. El compromiso de reducir en los dos primeros años de la legislatura el plazo máximo garantizado para una intervención quirúrgica a 60 días naturales se nos antoja hoy inalcanzable.

El análisis de los datos de lista de espera no es nada fácil y llega a convertirse en una tarea casi imposible cuando se cambia el formato en el que se ofrecen, como ha ocurrido últimamente. Ya no se ofrecen datos por procedimientos y esto hace imposible la comparación con años anteriores. Esta cuestión nos lleva a otra de no menos importancia como es la Transparencia ya que si bien es cierto que por primera vez desde hace años han vuelto a ofrecerse datos a los 6 meses, estos se han facilitado en un formato que dificulta, si no impide, el análisis detallado del impacto. Es necesario un mayor esfuerzo en transparencia si se quiere ganar en credibilidad.

El plan de vacaciones ha sido también, en las últimas semanas, objeto de debate en nuestro colectivo. Nadie duda del esfuerzo realizado en cuanto a las partidas destinadas a contrataciones ni del número de contrataciones que se han autorizado, pero en cuanto al colectivo facultativo se refiere, estas contrataciones no han sido posibles en su totalidad debido a la ausencia de profesionales que quisieran optar a estos contratos. La realidad en nuestra comunidad es que otro verano más hay importantes carencias de profesionales en unas zonas y las condiciones en las que muchos compañeros realizan su labor son insoportables. Las causas de esta situación no son en absoluto achacables a esta Consejería, pero es necesario consensuar con los profesionales un paquete de iniciativas que, planteadas con suficiente antelación, eviten que el próximo verano vuelva a repetirse la situación.

El día 16 de agosto se ha hecho por fin  realidad el esperado concurso de traslados que la anterior Administración debía haber sacado antes de final del 2017 y que ha tenido que esperar al cambio de Consejería para ser llevado a cabo.  Se ha convocado con un baremo y una distribución de plazas que no compartimos en  muchos aspectos pero no cabe duda que esta publicación es una buena noticia esperada por todos.

Quedan por desarrollar otras cuestiones importantes como el Plan contra las Agresiones a Sanitarios, la integración de las Agencias Públicas, la equiparación salarial o la despolitización de la gestión sanitaria.

En definitiva, apenas 8 meses de la nueva Consejería con algunas buenas iniciativas, bastantes promesas aún por desarrollar y muchas dudas sobre el futuro. Confiemos en que el consenso con los profesionales sea el método elegido para todo lo relacionado con cuestiones laborales y/o profesionales, que se aumenten los niveles de transparencia y que las prometidas mejoras en la calidad y accesibilidad de la Sanidad Pública Andaluza puedan hacerse realidad. Quedan aún algo más de 3 años por delante, nosotros vamos aseguir colaborando en lo que se nos pida y criticando lo que no nos guste. Esta es nuestra obligación y nuestro compromiso con los facultativos andaluces.