La contratación de médicos extracomunitarios para paliar la escasez de médicos en el sistema sanitario público no es una novedad. La Administración andaluza anterior ya recurrió a esta medida, igual que otras comunidades autónomas. Lo que sí ha cambiado es que ahora los responsables sanitarios de diversas autonomías han declarado abiertamente que recurrirán a estos profesionales y han puesto en marcha reformas legislativas dirigidas a eliminar las restricciones que establece el Estatuto Marco a la hora de nombrar personal estatutario a profesionales extracomunitarios.

El análisis de este complejo asunto requiere dos tipos de consideraciones complementarias. Por una parte, es necesario analizar esta medida como solución a corto plazo dirigida a mitigar la actual escasez de médicos en ciertas especialidades y centros concretos. Por otra, resulta imprescindible estudiar las causas estructurales del fenómeno y sus soluciones a largo plazo.

Como medida urgente, a corto plazo, para cubrir necesidades asistenciales perentorias, el recurso a médicos extracomunitarios ha sido utilizado repetidamente en las últimas décadas. El Sindicato Médico no se opone a esta medida, pues con ella se garantiza la asistencia sanitaria a los pacientes y se evita la sobrecarga laboral de los médicos que deben atender a la misma población con una plantilla insuficiente. No obstante, esta práctica debe llevarse a cabo con un respeto escrupuloso de los requisitos laborales y académicos que establece nuestra legislación. Así, en ningún caso se podrá contratar a médicos que no hayan acreditado la cualificación académica pertinente y la hayan homologado para su ejercicio en nuestro país, ni se podrá establecer con ellos otro vínculo contractual que aquel que establece el Estatuto Marco, que impide a los profesionales extracomunitarios adquirir la condición de personal estatutario.

Reducir las exigencias legales en esta materia pude resultar tentador para los gestores sanitarios, pues ello les permitiría hacer frente a necesidades urgentes soslayando ciertos trámites que retrasarían la cobertura de las plazas vacantes. Pero es necesario recordar que estos trámites no son meros requisitos formales, sino exigencias legales que garantizan la calidad de la asistencia y el respeto de los derechos laborales de los profesionales. Por tanto, en ningún caso vamos a aceptar que la relativa escasez de médicos en el sistema público a la que nos enfrentamos sirva de excusa para poner en marcha medidas que reduzcan la calidad de la asistencia o constituyan una merma de los derechos de nuestro colectivo.

Pero más importante aún es atender a las causas de la situación que vivimos. La actual escasez de médicos en diversas especialidades había sido prevista hace años por diversos estudios, a pesar de lo cual no recibió respuesta por parte de la Administración central. Es más, la crisis económica provocó la reducción del número de plazas MIR en los últimos años, acrecentando el problema al que ahora nos enfrentamos. No obstante, esta falta de previsión, cuya responsabilidad es compartida por todos los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno en las últimas décadas, no es la única causa de la situación actual.

El deterioro de las condiciones laborales de los médicos españoles, especialmente grave en el caso de los andaluces, ocupa un lugar destacado en la génesis del problema. Durante años, una parte de las plazas de Medicina de Familia que se ofertaban en el MIR quedaban sin cubrir. Es evidente que esto no se debía a la falta de atractivo de esta especialidad, sino a las precarias condiciones en la que se ejercía. Este mismo hecho explica que la escasez de médicos sea mucho más acuciante en la Sanidad pública que en la privada. El maltrato sufrido por los médicos en el sistema público, unido a las dificultades para compatibilizar el ejercicio de la profesión en los dos ámbitos, ha expulsado del sistema público a numerosos compañeros que desearían permanecer en él. Nadie obtiene beneficio alguno de esta pérdida, que esperamos que se palie en breve con la desaparición de incentivos discriminatorios. Este maltrato explica, asimismo, la marcha de muchos médicos a otras comunidades y al extranjero, que además de privarnos de excelentes profesionales expresa el desengaño y el hastío de toda una generación de jóvenes médicos.

Si no se pone fin a esta precariedad y maltrato sistemáticos, cualquier medida que se adopte con carácter urgente carecerá de verdadera utilidad para solucionar el problema que sufrimos. Una vez habilitados para ejercer en nuestro país, los médicos extracomunitarios carecerán de incentivos para permanecer en nuestra comunidad, que es la que menos paga a sus médicos en toda España. No podemos hacer responsables a los actuales gestores de la Sanidad andaluza de la situación que padecemos, pero sí podemos exigirles que la afronten con medidas dirigidas a solucionar sus causas estructurales. Es imprescindible aumentar el presupuesto sanitario de Andalucía y mejorar las condiciones laborales y retributivas de sus facultativos. A nivel nacional, es preciso evaluar las necesidades de profesionales a corto, medio y largo plazo y adecuar la oferta de formación de profesionales a esa demanda.

Necesitamos también, como sociedad, afrontar la cuestión de la financiación de la Sanidad. Todos los políticos sin excepción coinciden en mandar a la sociedad el mensaje de que podemos disponer de una sanidad de la máxima calidad, sin restricciones, para el conjunto de la sociedad, pero ninguno lo cumple. Las listas de espera o la marcha de profesionales a la sanidad privada no son sino dos de las consecuencias de la infrafinanciación del sistema. No tiene sentido que la población siga recibiendo el mensaje de que dispone de una sanidad pública y gratuita, sin restricción alguna, cuando en la práctica tales restricciones existen en forma de profesionales maltratados, mal retribuidos y con escasos recursos materiales para prestar una asistencia de calidad.

Por último, queremos dejar claro que, si bien no nos oponemos a que los médicos extracomunitarios accedan a un trabajo en nuestro sistema sanitario, nos negamos a que lo hagan al amparo de normas o instrucciones que vulneren los derechos de los médicos comunitarios o contribuyan a empeorar la calidad en la asistencia que recibe la población. No podemos aceptar que se ponga el énfasis en buscar médicos fuera de la Comunidad Europea cuando todos los años se quedan varios miles de médicos españoles sin poder acceder a una plaza MIR. Necesitamos formar más especialistas y tratarlos mejor, y solo recurrir a los médicos extracomunitarios ante la inexistencia de especialistas comunitarios.

Esta Administración andaluza puede contar con el Sindicato Médico como un agente social responsable y preocupado por resolver los problemas de nuestro colectivo y nuestro sistema sanitario. Esperemos que su actitud esté abierta al diálogo y la negociación, y en ese caso sabremos responder a ella con responsabilidad. No obstante, seremos implacables en la defensa de nuestro colectivo y nos opondremos frontalmente a cualquier medida que afecte a sus derechos o a la calidad de la asistencia sanitaria que reciben nuestros conciudadanos.

Comité Ejecutivo SMA