Aunque todos los políticos se apuntan a la causa de la igualdad de la mujer, su interés por promoverla desaparece cuando actúan como empleadores. De hecho, la Administración andaluza discrimina desde hace décadas a las médicas de maneras que deberían avergonzar a quienes están obligados a hacer que la desigualdad por razón de sexo desaparezca. 

La solución no siempre es fácil. Las medidas que es necesario adoptar no siempre están en manos del SAS o de la Junta de Andalucía. En muchos casos la discriminación es atribuible a leyes o protocolos nacionales o a normas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). De ahí que se necesite una labor decidida y coordinada de todos los partidos y todas las Administraciones para acabar con este grave problema. Pero veamos algunos supuestos que muestran el perjuicio laboral y retributivo que sufren las médicas del SAS por el mero hecho de ser madres.

En lo que concierne a la pandemia, los protocolos desaconsejan la vacunación de las trabajadoras embarazadas. Muchas de estas son médicas altamente expuestas a la infección por coronavirus. La covid-19 es más grave en las mujeres embarazadas, aumenta la probabilidad de ingreso en UCI y el riesgo de parto prematuro. Sin embargo, el INSS, a través de sus informes de riesgo, dificulta en muchos casos la concesión de la baja por “riesgo durante el embarazo”, un concepto que permite que la trabajadora conserve íntegras sus retribuciones durante ese periodo. Al estar vedada esta posibilidad, la baja se asimila a la “enfermedad común”, lo que conlleva una importante merma retributiva. La mujer, de este modo, ve reducidas sus retribuciones por el hecho de estar embarazada, algo contrario a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, que consagra “la protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia”.

Pero esta situación no se da únicamente en relación con la la pandemia. Las bajas provocadas por el embarazo reciben por lo general un tratamiento retributivo similar a la enfermedad común, lo que implica una importante merma retributiva para la mujer. Esto es manifiestamente contrario a la ley, a pesar de lo cual es una práctica común en el SAS. Actualmente las médicas del SAS siguen sin percibir una parte importante de sus retribuciones en los periodos de baja y permisos relacionados con el embarazo y el parto y se ven obligadas a recurrir a los tribunales de justicia para reclamar el abono de estas cantidades. Esta situación es intolerable y debe ser solucionada cuanto antes.

La situación es particularmente grave cuando la médica embarazada tiene un nombramiento temporal. Si este finaliza mientras la mujer está de baja durante el embarazo el contrato se extingue, quedando ella en el paro. Esta no es una situación exclusiva de las trabajadoras del SAS, pero lo que sí es característico de este ámbito es el abuso de los contratos eventuales para cubrir necesidades estructurales. Las plazas vacantes del SAS son cubiertas en muchos casos con contratos temporales, lo que priva a las médicas embarazadas en esta situación de la protección que la ley concede a las propietarias e interinas. El problema, evidentemente, no afecta a los hombres. Las médicas en edad de ser madres son las que con más frecuencia sufren la precariedad de los contratos eventuales, lo que hace que se enfrenten a sus planes de maternidad con una angustia e inseguridad inaceptables en una sociedad como la nuestra. Gracias, entre otras cosas, a la presión sindical, actualmente las mujeres en esta situación pueden al menos recibir ofertas de trabajo y firmar “contratos virtuales”, pero esta no deja de ser unasolución insatisfactoria que apenas palía la discriminación que sufren estas facultativas en comparación con sus compañeros varones.

Otra forma de discriminación está relacionada con la concesión de reducciones de jornada para el cuidado de hijos. El hecho de las médicas lo pidan con mayor frecuencia que sus compañeros varones es ya, en sí mismo, un signo de desigualdad. Pero es que, además, la Administración cada vez pone más obstáculos a la concesión de estos permisos. Uno de ellos consiste en rechazar la petición de disfrutar la reducción en jornadas completas y obligar a la mujer a que reduzca en unas horas cada una de sus jornadas diarias, una fórmula que en la mayoría de los casos resulta insatisfactoria y que no tiene otro fin que dificultar el ejercicio de este derecho. Esta práctica viene a sumarse a la insensibilidad absoluta que muestra el SAS en todo lo relacionado con la conciliación de la vida laboral y familiar.

Son muchas, en definitiva, las formas en que las médicas son discriminadas en el SAS desde hace años. El temor a no ser renovadas o a perder un contrato lleva a muchas de ellas a no reclamar, a no disfrutar de las prestaciones que la ley les reconoce o incluso a retrasar su decisión de ser madres. Esto es una vergüenza intolerable en una democracia avanzada como la nuestra. El abuso de los contratos eventuales debe terminar y la normativa que regula las prestaciones durante el embarazo, el parto y la lactancia debe sufrir las modificaciones necesarias para garantizar la igualdad de la mujer en el ámbito sanitario.  

Sindicato Médico Andaluz