Somos la comunidad autónoma que menos invierte en Sanidad por habitante y ese hecho necesariamente acaba repercutiendo negativamente tanto en la cantidad como en la calidad de la asistencia que se presta al ciudadano.

Ya nadie se cree los argumentos del ejecutivo andaluz cuando afirma que invierte menos porque su gestión es tan eficiente que no es necesario un esfuerzo económico mayor. Los indicadores del Ministerio de Sanidad, las encuestas sobre las preocupaciones de los andaluces y la realidad cotidiana, son la mejor prueba de que estos argumentos no son más que excusa para tapar la insuficiente inversión en Salud.

Si la Sanidad Andaluza se mantiene a flote aún, con un buen nivel de calidad y una aceptable accesibilidad, lo hace gracias al esfuerzo de los profesionales que en ella trabajamos y a pesar de las restricciones y presiones que la administración ejerce sobre todos para conseguir un ahorro suficiente que les permita defender la escasez presupuestaria.

Son de sobra conocidos por todos, los objetivos que condicionan una parte importante de las retribuciones al cumplimiento de este tipo de criterios economicistas (menos derivaciones, más altas, menos prescripción,…), de tal forma que los médicos ya no podemos prescribir lo que consideramos mejor para el paciente, ni derivar al especialista que consideremos oportuno, ni solicitar las pruebas complementarias a nuestro entender necesarias sin arriesgarnos a que se nos abra un expediente informativo primero y disciplinario después y a perder una parte de nuestros emolumentos, que llevamos tiempo solicitando se incluya en nuestra masa salarial, no como premio sino como lo que es: el 15 % de nuestras retribuciones. 

Los pacientes, por otro lado, han de conformarse también con aquel nuevo medicamento que el SAS haya decidido comprar aún cuando constate que su efectividad no es la misma que la del medicamento anterior y así se lo comunique a su médico. También han debido soportar  situaciones de desabastecimiento ante las cuales los farmacéuticos son también víctimas colaterales. No se puede admitir un proceso como el de la subasta de medicamentos, si esto conlleva desabastecimientos que impiden al ciudadano el acceso al fármaco prescrito.

Así las cosas, nadie está contento. Ni médicos, ni pacientes, ni farmacéuticos, ni ningún otro colectivo. Entre otros motivos por la falta de transparencia de los procesos: subastas de medicamentos, elaboración y valoración de objetivos, unidades de gestión, datos de accesibilidad, etc. Todo esto ha llegado incluso al parlamento europeo con iniciativas que cuestionan la legalidad y transparencia de algunas de estas medidas (como la subasta de medicamentos).

Desde el SMA nuestra postura es clara. Consideramos que los criterios económicos no pueden ser los que marquen el rumbo de la Sanidad Andaluza, que es necesaria una mayor inversión, que al igual que todos los pacientes son distintos también lo son los medicamentos, que nadie ofrece una alta calidad a precio de saldo y que la transparencia en la gestión y en las decisiones, el consenso y el respeto por las opiniones y el mantenimiento de los criterios de calidad por encima de los economicistas, son el único camino para recuperar una Sanidad al nivel de las mejores.

Comité Ejecutivo SMA