Después de año y medio de preparación y tras la participación de «más de mil personas», el consejería de Salud, Aquilino Alonso, llevó ayer al Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El Ejecutivo dio luz verde a la norma que pretende blindar la «joya de la corona» justo en medio de una crisis provocada por el descontento que hay en determinados sectores -usuarios y profesionales- al respecto de la gestión en los hospitales de Granada, Huelva y Málaga.

Alonso defendió que se trata de una coincidencia que esta ley, la primera que se presentó en la legislatura, vuelva al Consejo de Gobierno justo ahora. Para ilustrarlo explicó que el informe positivo del Consejo Consultivo -un requisito para la aprobación de toda legislación- llegó la semana pasada. Cuestionado sobre si esta ley podría haber evitado la crisis hospitalaria, el consejero señaló que sería «hacer ciencia ficción», pero reconoció que «quizás podría haber ayudado».

Sin embargo, el titular de Salud se mostró confiado en que la situación mejorará tras las conversaciones que comenzaron la pasada semana en Granada, pese a que los manifestantes siguen mostrando su descontento. Alonso garantizó que el proceso de fusión hospitalaria en las tres capitales queda paralizado «hasta que se llegue a un acuerdo con los profesionales» y además aseguró que los compromisos adquiridos por la Junta al respecto se están cumpliendo.

En Granada, la gerente del complejo hospitalario, Cristina López, se encargará de las negociaciones que buscan «avanzar en los dos hospitales», mientras que en Huelva el objetivo es «ampliar la cartera de servicios» para evitar desplazamiento de pacientes a otras provincias. La ley aprobada ayer, que ahora irá al Parlamento, facilitará procesos como los mencionados, puesto que, según dijo Alonso, contempla una mayor participación de los profesionales y la ciudadanía en la gestión y la toma de decisiones de las políticas de salud.

El principal objetivo del texto es garantizar el mantenimiento del sistema sanitario y blindar los principios de universalidad, solidaridad e igualdad, de manera que cualquier persona que necesite asistencia -sin importar su origen o su situación económica- la encontrará en los centros andaluces.

La norma impide a la Junta establecer copagos sanitarios y la obliga a paliar aquellos que vengan del Gobierno central. Además, se refuerza la sostenibilidad económica al incluir «una financiación suficiente» del sistema público. Aunque no recoge compromisos de gasto, el consejero se refirió en junio del año pasado a una cifra ideal que estaría en torno al 6,5% del PIB andaluz. El Presupuesto de 2017 contempla un 6,3%. El proyecto también garantiza la sostenibilidad del sistema público sanitario en materia ambiental y en los ámbitos de investigación y conocimiento.

Fuente: Diario de Sevilla