La ley de garantías y sostenibilidad que se tramita actualmente en el Parlamento andaluz y que la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, ha ‘vendido’ como la pócima mágica que va a «blindar la sanidad pública» encierra objetivos poco loables.

Para empezar, blinda y generaliza el sistema de elección a dedo en todos los escalafones de la sanidad pública. No sólo habrá libre designación para el nombramiento de directivos y cargos intermedios, como actualmente ocurre, sino que también las contrataciones y los traslados de profesionales se regirán por lo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) denomina eufemísticamente «gestión de competencias» y «perfiles».

Esta nomenclatura esconde la creación de plazas diseñadas ‘ad hoc’ para el candidato que la Administración decida, «olvidándose los principios de igualdad, mérito y capacidad» que deben regir en el empleo público, advierte la Asociación Huelva por una Sanidad Digna, que preside la doctora Julia Paloma Hergueta, que este domingo acudió a la manifestación de Granada convocada por ‘Spiriman’. Ambos portaron la pancarta con el lema «no a la ley de sostenibilidad» que encabezó la marcha.

Hergueta vaticina «la desaparición del funcionario sanitario y la politización absoluta» de todo el SAS con la ley de sostenibilidad que la Junta quiere aprobar. Al contratar o trasladar a los profesionales en función de sus «perfiles», la Administración puede «saltarse el procedimiento de la bolsa de trabajo» y elegir «digitalmente» al que quiera.

Otro punto polémico son las unidades de gestión clínica que la Administración lleva años queriendo implantar y que los tribunales, en muchos casos, han anulado, sobre todo en el ámbito hospitalario, donde no hay una normativa que las regule. En la protesta de Granada también hubo carteles alusivos a ellas porque implican «más recortes».

La ley de sostenibilidad daría por fin cobertura legal a estas unidades de gestión clínica, cuyos jefes son también nombrados a través del sistema de libre designación. Y mientras se aprueba la normativa, la «disposición transitoria tercera» recoge que, «en tanto se produce el desarrollo reglamentario previsto en el artículo 26, las unidades de gestión clínica del SAS, constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, podrán mantener su actual configuración y funcionamiento».

De esta forma, se legalizan los numerosos nombramientos a dedo que durante estos años ha hecho la Consejería de Salud en las unidades de gestión clínica y que tanto el Sindicato Médico como Satse tienen impugnados judicialmente en muchos casos, como viene informando EL MUNDO. «Como en los tribunales han perdido, pretenden aprobar esta ley para legalizar todos estos nombramientos irregulares», afirma.

«¿Blindar la sanidad pública? Los únicos que se blindan son ellos, los que están en la cúpula política de la sanidad pública andaluza», denuncia Hergueta, que se pregunta cómo es posible que se «blinde» si el proyecto de ley carece de presupuesto.

La ley también ampara las subastas de medicamentos que «tantos problemas de desabastecimiento, ausencia de calidad e irregularidades han demostrado»; y las plataformas de compras gestionadas de nuevo por cargos de «libre designación».

Muy crítico se ha mostrado también con esta ley el Sindicato Médico Andaluz, que teme que abra «las puertas a un sistema economicista» y dé cabida a «cuantas actitudes caprichosas de directivos y cargos intermedios se produzcan».

Fuente: El Mundo